Orientando
Nueva gestión pública

Esta misma evaluación tendría que hacerse a las instituciones públicas, para hacer más eficiente el uso de los recursos presupuestarios, lograr mayor impacto sobre las condiciones de vida de la ciudadanía.

Publicada 8 de febreo 2006 , El Diario de Hoy

Francisco Sorto Rivas*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Hace un par de décadas atrás, la mayoría de instituciones públicas no estaban obligadas formalmente a rendir cuentas, de su desempeño, a la ciudadanía, a pesar que ésta les financiaba sus operaciones, ya sea mediante el pago de impuestos, tasas, contribuciones o multas; de hecho, su labor era evaluada por parte de algún organismo contralor de derecho público, casi exclusivamente, desde una perspectiva presupuestaria y tomando en consideración el grado de probidad en la administración de los recursos asignados para su funcionamiento.

Sin embargo, en los últimos 30 años, el desencanto hacia la labor del Estado, asociado con la inconformidad ciudadana por los servicios prestados por algunas de sus instituciones y por la poca efectividad mostrada por éstas, para gestionar --adecuadamente-- las políticas públicas que justificaron su creación, ha dado pie a un interesante debate sobre la legitimidad institucional.

La importancia que tenían muchas instituciones para el público en general, se vio cuestionada con el paso del tiempo, debido al escaso valor público devuelto a la sociedad a cambio de los recursos consumidos durante cada ejercicio fiscal y cada vez enfrentaban más dificultades para justificar su existencia, a pesar de la relevancia que tenía, para la sociedad, la misión encomendada a éstas en sus respectivos marcos constitutivos.

La disonancia observada entre las expectativas de los destinatarios de las políticas públicas, promulgadas a su favor por el Gobierno y la calidad con que eran gestionadas por algunas instituciones públicas, obligaron al Estado a evaluar críticamente el valor de la planeación, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de la burocracia, en función del impacto logrado en resolver o atenuar los problemas que motivaron la promulgación de ciertas políticas.

De ahí que, la transparencia en la gestión de las instituciones públicas se volvió un imperativo y su evaluación, desde la perspectiva de la creación de valor público, una práctica bastante difundida.

Este valor público proviene de la percepción ciudadana sobre la calidad, cantidad, oportunidad, eficiencia y congruencia entre los servicios recibidos, y a las expectativas que se tienen acerca de éstos. Claro está que debe hacerse un esfuerzo para filtrar, en muchos casos, las percepciones equivocadas que se manejan sobre los productos, servicios, regulaciones o símbolos prestados por cada institución, que pueden terminar cargando con señalamientos inmerecidos, porque algunos usuarios consideran que éstas deberían realizar otras actividades, aunque la ley no las faculta para ello.

Mark H. Moore ha escrito mucho sobre la creación de valor público de las instituciones, que al igual que las empresas privadas deberían ser evaluadas por sus “propietarios”, para decidir qué hacer con ellas. En la esfera privada estas decisiones redundan en el cierre de plantas no competitivas, en la introducción de nuevas líneas de producción o en el cambio de la dirección ejecutiva de las unidades productivas, por ejemplo.

Esta misma evaluación tendría que hacerse a las instituciones públicas, para hacer más eficiente el uso de los recursos presupuestarios, lograr mayor impacto sobre las condiciones de vida de la ciudadanía y alinear la organización del Estado, a las necesidades del colectivo imaginario.

En algunas ocasiones, cambian tanto las condiciones históricas que justificaron la creación de ciertas instituciones o que delimitaron, en su momento, sus competencias, que debe realizarse un diagnóstico estratégico sobre el entorno contemporáneo, sobre las debilidades y fortalezas que tienen, y en función de ello, definir claramente qué hacer para realinear su trabajo a las necesidades sociales y que permitan además, gestionar mejor las políticas públicas de su esfera de competencia.

Esta realidad ha dado lugar al desarrollo de nuevos conceptos sobre gestión de políticas públicas, valorando no sólo los procesos de decisión en el diseño de las políticas en sí, sino que la forma en que se organiza el Estado para ejecutarlas, surgiendo así toda una corriente de pensamiento sobre la Nueva Ges-tión Pública, que ha influenciado al Gobierno de los Estados Unidos y de varios países europeos.

*Economista.