Vista pública. Los defensores y los acusados mantuvieron su postura de no desalojar la playa Los Blancos. Foto EDH

El Diario de Hoy
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En una medida que sienta precedente contra las usurpaciones, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó ayer a 14 imputados a purgar dos años de prisión y a desalojar la playa Los Blancos, en la Costa del Sol, de la cual se habían apoderado ilegalmente.

Sin embargo, la pena les fue cambiada por reglas de conducta que deberán observar.
La principal medida que deben cumplir será desalojar los terrenos tres meses después que quede firme la sentencia.

“Tienen diez días para presentar un escrito en la Corte Suprema de Justicia si no están conformes con el fallo. De lo contrario, la sentencia queda firme y empieza a correr el tiempo”, dijo el secretario del tribunal, Fernando Navarro.

Apoyo. Vendedores y familiares asistieron a la audiencia. Foto EDH

Asimismo, tendrán que presentarse a firmar al Tribunal de Ejecución de la Pena mensualmente.

Según el juez Rafael del Cid Castro, los condenados construyeron champas y viviendas de origen mixto en terrenos que son propiedad del Estado salvadoreño.

El juzgador agregó que no está “en contra a la actividad a la que ellos se dedican”, pero eso no implica que se van a establecer en dicho lugar. “Tienen derecho al uso, pero no a la permanencia”, agregó el juez.

Castro argumentó que su decisión se basó en la declaración de un testigo que dio fe del establecimiento de estas personas, años atrás.

Diligencia. Los terrenos fueron inspeccionados en 2005. Foto EDH

Además, dijo haber considerado un informe de catastro, en donde se determina al Estado como único propietario de los terrenos, así como la inspección practicada por la jueza de instrucción de San Luis Talpa, Ana María Guzmán, junto a dos peritos del Centro Nacional de Registros (CNR) y el álbum fotográfico que muestra la zona usurpada.

Los defensores de los usurpadores dijeron que estas personas tienen sus cosas en la playa porque se dedican a la pesca y que la ley se los permite.

En ningún momento, los imputados presentaron documentos que comprobaran que trabajaran en tal rubro.

“Ellos pueden tener sus herramientas de pesca, pero no construir viviendas en el lugar”, concluyó el juez.