La Nota del Día
Piénsese en quiénes manosearán libros

La ley no contempla ninguna clase de respondabilidad respecto a lo que esos flamantes inspectores hacendarios hagan

Publicada 9 de enero 2006 , El Diario de Hoy

El Diario de Hoy
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Entidades y aquellos que manejan a la diabla sus asuntos y más tratándose de dineros del público, no tienen ni la capacidad profesional ni las calificaciones morales, para meter mano en negocios y libros ajenos. Lo último aprobado por la Asamblea, autorizar a las alcaldías a revisar contabilidades de empresas privadas, no sólo es monstruoso y se presta a toda clase de chantajes y ventas de información, sino que también afecta el clima de inversiones y la generación de empleo.

Volvamos atrás en el tiempo. De la ocurrencia que terminó con el secreto bancario el Fisco no ha derivado ningún provecho, pero ha sido sustancial el dinero que salió del país para no exponerse a manoseos. Se llegó inclusive a proponer que una dependencia menor de la Corte Suprema tuviera acceso a cuentas privadas, lo que por ley sólo puede solicitar la presidencia de dicho organismo y cuando hay consenso de los magistrados. De continuarse así, comisiones diputadiles, partidos políticos y cuanto ente surja querrán tener el derecho de ver las cuentas bancarias de otros. Pero a la corta la gente vota con sus pies y los dineros salen.

Sería peor con lo aprobado por la Asamblea, que es de esperar no se convierta en ley. Que cualquiera (pues las alcaldías cambian de mano cada cierto tiempo) vaya a hurgar en libros confidenciales, es exponer a las empresas a los peores abusos, incluyendo la pérdida de información confidencial y que esta se venda, se solicite y se mal use.

Hay que comenzar por reconocer un hecho muy importante: que secretos empresariales no consisten sólo en procedimientos para fabricar un artículo o elaborar programas de computación, sino las más de las veces son costos, métodos administrativos, pagos por asesorías, precios de reingenierías, lo que se invierte en materiales y pagos a empleados y ejecutivos. Para los comerciantes es vital mantener confidencialidad sobre lo que pagan por sus telas, zapatos, electrodomésticos y abarrotes, o la relación que existe entre ventas y costos.

La seguridad jurídica al diablo

También está lo relacionado con ganancias, que las empresas manejan en distinta manera (reinvirtiendo, dejando fondos para contingencias, apartando dinero para futuras ampliaciones, etc.) y que no va a entender el munícipe que llegue a ver libros pensando que la propiedad es un robo y que las ganancias pertenecen “a los trabajadores”. El sector productivo está bastante enterado del historial de un buen número de alcaldes y regidores como para sentirse a gusto que el asaltante de aquellos tiempos es el que va a hurgar en su contabilidad y sacar conclusiones.

Adicionalmente, la ley no contempla ninguna clase de respondabilidad respecto a lo que esos flamantes inspectores hacendarios hagan. Si una alcaldía cambia de manos partidistas, ¿quién podrá reclamar a anteriores regidores por lo que se convirtió en conocimiento general? ¿Cómo se establecen los límites de las fiscalizaciones que se efectúen? ¿Quién garantiza que los datos recopilados no van a dar a manos del crimen organizado, extorsionistas y secuestradores? ¿Cómo podrían dirimirse diferencias en interpretación sobre lo que es no objeto de gravamen por una alcaldía? ¿Qué se hace cuando un grupo de regidores se ponen de acuerdo para acosar a una determinada empresa? ¿Quién garantizará que con tales truculencias la seguridad jurídica no se desplome ahuyentando inversionistas?

Los mensajes que están enviándose al exterior no son para que un potencial inversionista salte de la alegría y prefiera venirse acá y no meter buen dinero en otro país.