Seguridad el mayor desafío

El tema de la violencia se ha convertido en una preocupación nacional que afecta el clima social y económico

Publicada 5 de enero 2006, El Diario de Hoy

La violencia se ha vuelto impredecible. Y un repunte en el número de homicidios, que alcanzó la cifra de 3,697 en 2005, parece haber sido la causa principal del súbito cambio de dirección que significó el retorno de un civil, Rodrigo Ávila, al mando de la Policía Nacional Civil.

“El tema de la seguridad es quizás el gran nubarrón”, dice Antonio Cabrales, presidente de Fusades, “y en el cual no sólo hay frustración de los ciudadanos en el país, también hay temor, y esto afecta mucho el clima de negocios”.

William Pleitez, del PNUD, concuerda con esto. “La delincuencia y la violencia inhiben los procesos de inversión”, dice, agregando que el costo al país de la violencia representó, en 2005, el 11.5% de producto interno bruto. “Esta es una suma altísima, casi similar a la carga tributaria, o dos veces los gastos en educación y salud pública del país”.

Miguel Cruz, del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, destaca que la violencia afecta principalmente a la población más joven, entre los 13 y los 30 años de edad. “Con esto el país pierde muchas oportunidades de productividad, porque es gente que deja de aportar al país”.

Ávila no rechaza el impacto de los altos niveles de violencia en el clima social y económico del país: “Le estamos apostando al turismo, a la inversión extranjera, al comercio, a la industria y a los servicios, y la visión del Presidente Saca es que la seguridad es abono y tiene que ser un ingrediente esencial del desarrollo”.

Un aspecto paradójico del problema radica en la percepción de la gente. Aunque el 2005 tuvo la tasa más alta de homicidios en el último quinquenio, la cifra palidece ante la de 1995, cuando se registraron 7,877 casos, pero cuando la preocupación de la gente por el tema no era tan alta.

“El sentimiento de seguridad de la gente”, dice Cruz, “no siempre va paralelo y acorde con los niveles reales de violencia. La diferencia ahora es que hay un sentimiento de acumulación, se percibe que la violencia ha estado ahí y que no se ha reducido en los niveles esperados”.

Moral. Rodrigo Ávila comenzará fortaleciendo y motivando el recurso humano de la fuerza policial. Foto: EDH

Pero aún las percepciones se traducen en costos económicos y sociales concretos. El costo social más elevado está en la pérdida de la confianza en las instituciones de seguridad. Por esta razón, para Ávila el reto comienza, primero, con “elevar la moral de los policías”, y segundo, con “ganarle la confianza de nuevo a la ciudadanía”.

El problema también se plantea ahora como un fenómeno complejo que necesita participación de todos los sectores de la sociedad.

“La policía”, afirma Ávila, “es sólo parte del conjunto de instituciones que tienen que apoyar a resolver el problema. La sociedad, la población en general es parte de este esfuerzo”.

“Lo que necesitamos es atacar el problema desde las raíces”, dice Pleitez. “Preguntarnos: ¿dónde y cuándo cae una persona en una situación de vulnerabilidad para convertirse en protagonista de la delincuencia o la violencia?”

Pleitez cita tres variables que marcan cambios en el contexto familiar de muchos jóvenes. De 1992 a 2004 el número de hogares liderados por mujeres aumentó del 22% al 34% como promedio a nivel nacional. Simultáneamente, la participación económica de las mujeres en las actividades remuneradas también se incrementó. Además se modificó la jornada estudiantil reduciéndola.

“Hay jóvenes sin estructura familiar”, afirma Pleitez, “porque el papá está viviendo en los Estados Unidos y la mamá trabaja en alguna fábrica, por ejemplo, generando vulnerabilidad. En este sentido, El Salvador debería caminar en dirección opuesta en términos de la jornada educativa, extendiéndola en lugar de acortarla”.

Cruz, por otro lado, señala que no es la pobreza sino la exclusión social la que fomenta protagonismo en actividades delicticias. “Sectores de la población se sienten marginados, apartados respecto a las oportunidades que sienten deberían tener”.

Las condiciones que Cruz y Pleitez describen se mantienen vigentes, pero el tema es ahora mucho más complejo. Ávila no duda en llamar a las maras “crimen organizado”.

“Ya cuando existe una estructura que tiene su aparato logístico e, inclusive, una estructura de apoyo legal ya son crimen organizado”, dice.

“Las políticas también tienen que ver con la creación del monstruo”, dice Cruz. “¿Por qué Nicaragua no tiene maras? En parte por cómo el gobierno ha reaccionado al tema, más concentrados en prevención y participación ciudadana”.

El mapa de criminalidad

Esfuerzo. La nueva estrategia contempla una mayor participación ciudadana en el área de prevención. Foto: EDH

El 70% de los homicidios se concentra en el 16.5% del territorio físico de El Salvador. Esto significa que la mayor parte de la violencia del país se concentra en sólo 25 de los 262 municipios del país.

“Una de las cosas que intentamos hacer es un plan de respuesta geográfico. Es bien difícil atender la situación desde una perspectiva general, porque eso nos diluye el esfuerzo”, explica Rodrigo Ávila, luego de asumir la dirección de la corporación policial.

Los 25 municipios en los que Ávila y sus colaboradores concentrarán sus esfuerzos están localizados en: Santa Ana, Chalchuapa, Sonsonate y su periferia, Zonzacate, Izalco, Nahuilingo y Armenia, en la zona occidental del país. Y en Colón (Lourdes principalmente), Quezaltepeque, San Juan Opico y Zacatecoluca, en la zona paracentral.

Y, por supuesto en las populosas ciudades que componen el Gran San Salvador y en el oriente del país, especialmente en San Miguel.

Poblacionalmente hablando, en esos 25 municipios se concentra el 60% de la población, pero el 70% del problema.

¿Por qué esa diferencia? “Porque estos lugares”, dice Ávila, “son los que tienen características de concentración poblacional muy grande. El tema del hacinamiento y el desarrollo urbano, además de aspectos demográficos influyen en esto”.

Muestras

Un ejemplo de lo anterior es la ciudad de Soyapango. Con una población de casi medio millón de personas, distribuidos en más de 250 colonias y comunidades, esa jurisdicción es la que padece más problemas de violencia, debido al accionar de pandillas y de otros grupos delincuenciales.

“Un paso que se va a dar - prosigue- es llamar a los alcaldes de esos 25 municipios para que hagamos una estrategia combinada. Las alcaldías son fundamentales y también los representates locales de otras instituciones como la fiscalía, el órgano judicial, el sector privado y productivo de esos lugares”.

Y aunque la nueva dirección de la policía le apostará a los planes en esas zonas vulnerables, Ávila advierte que no descuidará las otras zonas rurales y urbanas del país.
Para estos sectores, las nueva estrategia policial también contempla la participación y confianza ciudadana, la prevención, el fortalecimiento de las investigaciones y de la inteligencia policial, para hacer más eficaz el combate contra la delincuencia.