| José
Miguel Cruz*
El Diario de Hoy
 editorial@
elsalvador.com
Recientemente, en un programa de radio en el que se hacía un balance
del año 2005, llamó telefónicamente una persona para
quejarse no sólo de los niveles de violencia que alcanzó
el país en el año que recién termina, sino también
para señalar que junto a las extorsiones de los pandilleros a los
empresarios de buses y microbuses, están también los estragos
que causan los mismos buseros a la ciudadanía en general, por la
infinidad de violaciones a los reglamentos de tránsito y de transporte
público que diariamente comete este sector, las cuales amenazan
y victimizan a numerosos salvadoreños.
La intención del radioescucha no era, en manera alguna, reivindicar
las acciones criminales de los pandilleros, sino señalar que al
final de cuentas, y así como en otros campos de la vida nacional,
quien sale perdiendo del desorden social que reina en el país son
ellos, los ciudadanos más humildes, quienes son los que tienen
que tomar dichos buses, caminar por las calles y vivir en los barrios
asediados por las maras.
Lo cierto es que tal señalamiento muestra la ya legendaria debilidad
de nuestros gobiernos y la impunidad que reina en el Estado salvadoreño,
el cual busca --cada vez con menos éxito-- convertirse en un Estado
de Derecho.
Muchos buseros y microbuseros hacen lo que les da la gana en las calles
y violan cualquier cantidad de leyes que existen para regular a ese sector.
Diariamente, los buses y microbuses alteran el orden público, atropellan
y matan a personas, contaminan el ambiente e incumplen impunemente sus
deberes con los pasajeros, entre otras cosas; pero el Gobierno ha sido
reiteradamente incapaz de controlar el desorden en ese sector.
El continuo relevo de funcionarios en el Viceministerio de Transporte
es el mejor ejemplo de esa incapacidad. Una nota de este periódico,
publicada a mediados del año pasado, daba cuenta de que aunque
el transporte público significa sólo el 2.5% del parque
vehicular del país, las multas a este sector representaban más
del 20% de todas las impuestas en los últimos años.
Sin embargo, al final de cuentas, los empresarios de buses y de microbuses
se salen con las suyas, desafían abiertamente a las autoridades
y, peor aún, no pagan las multas, contribuyendo a mantener el caos
en las calles. A mediados del año pasado, en un solo día
la PNC impuso más de 500 multas a unidades del transporte colectivo
por aumento ilegal del pasaje, sólo para que semanas después
apareciera el Presidente Saca autorizando el aumento de las tarifas.
Frente a esa incapacidad del Estado para controlar a los buseros y microbuseros,
resulta chocante que quienes sí logran pasarle factura de forma
efectiva sean los grupos que viven abiertamente en la ilegalidad, estos
son, las maras. De manera informal, ilícita y brutal, las pandillas
han desarrollado redes de extorsión, que obligan a diversas rutas
a pagar una especie de impuesto de circulación por transitar en
las calles y barrios que las mismas pandillas controlan. Las recientes
protestas de una ruta de microbuseros son el mejor ejemplo de los niveles
que ha alcanzado esta práctica criminal.
Lo triste de esto es caer en la cuenta de que las autoridades también
han sido incapaces de impedir estas prácticas, de desmantelar esas
redes de extorsión, de controlar a las pandillas y de proteger
la vida de los buseros, microbuseros, conductores, cobradores y ciudadanos
que utilizan el transporte público.
Este es, lamentablemente, el escenario de un Estado débil, en el
que reina la impunidad a favor del más poderoso. Los transportistas
hacen lo que quieren sin que el Gobierno pueda controlarlo porque sus
instituciones no son capaces de aplicar la ley, y porque cuando lo hacen
aparece un grupo de buseros --que además son diputados-- de diverso
signo político, defendiendo los intereses de unos pocos en detrimento
de la mayoría.
Las maras hacen lo que quieren con los transportistas y con los ciudadanos,
porque las instituciones no han sido competentes para formular políticas
efectivas de combate del delito, y porque cuando alguna institución
logra funcionar medianamente bien, hay otras dentro del sistema de seguridad
y justicia, que funcionan flagrantemente mal.
Para construir un Estado de Derecho, opuesto al Estado de impunidad que
parece reinar sin tregua, no necesitamos más leyes o reformas,
necesitamos instituciones que funcionen y liderazgos comprometidos con
ese funcionamiento.
*Director del IUDOP de la UCA y columnista de El Diario de Hoy.
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