A la espera. Sin la vigencia del TLC tampoco se pueden aprobar los decretos que activarán las cuotas de importación agrícola. Foto EDH

El Órgano Ejecutivo y los empresarios están completamente atados para poder aplicar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se firmó con Estados Unidos.

Aunque el acuerdo fue aprobado a mediados de 2005, y prevalece sobre las leyes del país, por ser un instrumento internacional, no puede ser utilizado, porque el decreto que avala las enmiendas a las leyes de aplicación del mismo (aprobado en diciembre) no ha sido publicado en el Diario Oficial, por la falta de firmas de diputados de oposición.

Sin la publicación y vigencia del TLC, el Ejecutivo tampoco puede aprobar y mandar a publicar dos decretos que sirven para activar las cuotas de importación agrícola negociadas en el Tratado.

Estas cuotas eximen del pago de aranceles de importación a la industria que elabora alimentos a base de arroz, maíz amarillo, maíz blanco, carne de cerdo, sorgo y lácteos, cuya introducción al país será restringida, durante 20 años.

La Dirección de Tratados Comerciales (DATCO), del Ministerio de Economía, elaboró dos proyectos de reglamentos, uno para los industriales mencionados, quienes tienen convenios de compra de granos nacionales, con los productores de los mismos, y otro para los que no tienen tales compromisos.

El Gobierno trata de ordenar la importación de productos agrícolas estadounidenses, con la elaboración de ambos reglamentos. Propuso a la industria de importación que se quedaran con el 80 por ciento de la cuota que está sujeta a la compra previa de grano nacional, para tener derecho a las exenciones fiscales del TLC.

El 20 por ciento de la cuota quedaría disponible para las personas o empresas que nunca han importado y que están interesados en beneficiarse del Tratado. Pero la propuesta no ha prosperado, hasta la fecha.

Sin palabras. El sector agropecuario no ha dado detalles acerca de la negociación del reparto de las cuotas de importación. Foto EDH

El 22 de septiembre, la DATCO anunció el acuerdo para el segundo reglamento que administrará las cuotas del TLC que no están sujetas a la compra de producto nacional, para valerse de la exención de impuestos de importación.

El acuerdo, beneficia sólo a los industriales que hayan importado, con tres años previos a la vigencia del TLC, maíz blanco, amarillo, arroz procesado, sorgo y lácteos. Estos industriales tendrán derecho al 95 por ciento de las cuotas de importación de dichos bienes. El cinco por ciento restante se destina a los nuevos importadores, o a los que no califican como importadores históricos, como los primeros.

Si bien el reglamento obliga a los industriales a comprar producto local para gozar del TLC, luego de tres meses aún no hay consenso con el Gobierno.

Todo está preparado

- La Asamblea Legislativa reformó en diciembre nueve leyes que se ajustan al TLC
- Las aduanas están, por ende, avaladas para eliminar los aranceles al 53% de bienes agrícolas estadounidenses, así como al 77.97% de los bienes industriales de dicho país que ingresen al país u Empero, ninguna institución puede aplicar el TLC, sin que el decreto que avala las reformas haya sido publicado en el Diario Oficial.

Las cuotas agrícolas generan resquemor con industriales

René Salazar, director de la DATCO, declaró que el reglamento se encuentra en revisión legal y que su contenido está casi completo para enviarlo al Presidente Saca, para que los apruebe.

Al parecer, el desacuerdo entre Gobierno e industriales está en el porcentaje de cuota TLC asignado para los que suelen importar bienes agrícolas estadounidenses, y el otorgado para los que nunca lo han hecho.

“El porcentaje de la cuota es lo que está pendiente para los importan estos productos. Se maneja una relación de 80 y 20 por ciento, junto a una proporción de 95 y cinco por ciento”, dijo.

Salazar omite hablar sobre la propuesta que más impera entre los industriales. En el primer reglamento acordado (no exige compra de producto local), los industriales se quedaron con el 100 por ciento de la cuota asignada, y con el 95 por ciento del cupo sobrante.