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Empresarios rechazan fiscalización de activos

Oposición. El gremio de comerciantes cuestiona la discrecionalidad a la cual, dicen, se expone la ley si entra en vigencia. Afirman que las alcaldías no tendrán la capacidad de fiscalizar

Publicada 24 de Diciembre 2005 , El Diario de Hoy

Francisco Mejía
El Diario de Hoy

Crítica. Elena María de Alfaro, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, cuestiona las modificaciones. Foto: EDH/Archivo

nacional@elsalvador.com

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador se opone a pagar impuestos a las alcaldías por todos sus activos, algo que podría traer consecuencias para los consumidores.

Según el análisis que los empresarios hacen de las enmiendas a la Ley Tributaria Municipal, que aprobó la Asamblea Legislativa el miércoles 21, las alcaldías no sólo tendrán la facultad de fiscalizar sus cuentas, sino que además se deberán pagar impuestos por todos los bienes que sirvan a las empresas.

Elena María de Alfaro, presidenta de la Cámara, dijo que eso significaba, por ejemplo, que una compañía tendrá que pagar impuestos por su flota de vehículos, inmuebles, mobiliario, e incluso postes ubicados en las carreteras, es decir todo lo que una empresa requiere para funcionar.

“Esto se refiere a cualquier otro activo que sirva como apoyo para poder vender sus productos en otro lugar: estantes, camiones, congeladores...”, añadió la dirigente empresarial.

De Alfaro aclaró que en la ley no existía la obligación de que las empresas pagaran tributos por sus activos, esa fue una modificación que se le ha hecho a la normativa.
Consumidor

“Básicamente lo que están diciendo es: ‘Todos los camiones de una empresa van a generar impuesto’”
Roberto Max Orellana
Cámara de Comercio

De ampliarse el cobro de impuestos a las empresas, se originaría un “efecto cascada” que podría afectar el bolsillo del consumidor.

Roberto Max Orellana, director ejecutivo de la Cámara, razonó que de haber un incremento en los impuestos, las empresas no tendrían otra alternativa que trasladar ese aumento al consumidor final. “El aumento en el costo de las empresas va a redundar en la gente, va a terminar trasladándose este costo a los consumidores”, explicó.

Con las reformas al artículo 15 de la Ley, se incluyen todos los activos de las empresas para pagar tributos.

Los empresarios no están dispuestos a aceptar las enmiendas a dicha normativa y señalan que apelarán a la decisión de los diputados.

El decreto que contiene las enmiendas al marco regulatorio está en manos del Presidente Antonio Saca.

De él depende si lo sanciona para que entre en vigencia, lo devuelva a la Asamblea con algunas observaciones o lo vete.

La gremial de empresarios informó que en los próximos días enviarán su posición al gobernante salvadoreño para que conozca formalmente sus opiniones.

Industriales tampoco aceptan la medida

Napoleón Guerrero.

Napoleón Guerrero, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), comparte su oposición a otorgar facultades de fiscalización a las municipalidades.

El industrial lamentó que la Asamblea Legislativa haya aprobado brindar ese poder a las alcaldías y no exigirles mayor transparencia a las administraciones de los gobiernos locales.

“Necesitamos más transparencia en las alcaldías; aquí se hizo al revés la situación, porque es a ellos a quien se tiene que fiscalizar más”, indicó el dirigente.

Guerrero dijo que un equipo técnico de su gremio se encargará de analizar a profundidad el decreto que se aprobó para sentar una posición más contundente en los próximos días.

Sin embargo, comparte el rechazo que expresan los empresarios, pues coincide en que ya existe en el país el Ministerio de Hacienda como ente fiscalizador de la empresa privada y que no es necesario que existan más instituciones que tengan las mismas facultades.

Los puntos de discordia
Los empresarios no están de acuerdo en dos aspectos
Activo
El Art. 15 de la Ley Tributaria Municipal obligaría al pago de impuestos por cualquier activo que el empresario posea en otros municipios.
Fiscalización
En el Art. 14 de la citada ley se le otorga a las comunas la facultad de ser ente fiscalizador de los libros contables de las empresas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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