El Diario de Hoy
Economía globalizada
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El Tratado de Libre Comercio (TLC) que entrará en vigencia con Estados Unidos, el 1 de enero de 2006, estipula que los países firmantes no dejarán de aplicar las leyes laborales respectivas, para beneficiarse de las exenciones fiscales del acuerdo.

El Tratado define como leyes laborales a aquéllas relacionadas con los derechos internacionalmente reconocidos, tales como los siguientes:

1-Derecho de asociación
2-Derecho a la organización y negociación colectiva
3-Prohibición del trabajo forzoso y obligatorio
4-Establecer edades mínimas para el empleo de niños
5-Eliminar las peores formas de trabajo infantil
6-Condiciones aceptables de trabajo, respecto a salarios mínimos, horas de labor, seguridad y salud ocupacional.

El TLC no obliga a los países miembros a establecer niveles de protección laboral, ya que cada uno es libre de hacerlo, así como de adoptar y de modificar leyes relacionadas, para que las mismas mejoren los niveles de protección laboral.

A la vez, las partes mantienen el derecho de establecer prioridades y asignar recursos para la aplicación y observación de sus leyes laborales.

Compromisos

Los países centroamericanos se comprometieron con Estados Unidos a aplicar el debido proceso, en caso de sanciones y de corrección de infracciones a la ley laboral de cada uno.

Los Gobiernos han creado también un Consejo de Asuntos Laborales, para evaluar en forma periódica, la implementación y progreso de los compromisos laborales adquiridos en el TLC.

En caso de señalamientos, entre Gobiernos, por casos de irrespeto a los compromisos de leyes de trabajo, los países involucrados deberán de tratar de dirimir confrontaciones en el Consejo de Asuntos Laborales.

Si no hay solución, se procede a buscarla en una fase de conciliación. De lo contrario, se abre el mecanismo de solución de diferencias del TLC, en el que intervienen expertos en materia laboral.

Si los países no acuerdan nada, se conforma un arbitraje, que determinará cuál de las partes incumplió las leyes. Los Gobiernos se ajustarán a las recomendaciones de los árbitros.

Si la resolución arbitral se incumple, se solicita a los árbitros establecer una multa que no podrá ser superior a los 15 millones de dólares.

El Tratado dispone que si la parte demandada no paga la multa, el país reclamante podrá aplicar medidas, para cobrar la sanción monetaria, incluso la suspensión de beneficios arancelarios, sin perjudicar al resto de países que no están involucrados en el litigio laboral.

En este caso, la multa se depositará en un fondo establecido y administrado por la Comisión de Libre Comercio, y se destinará para mejorar la legislación laboral del país demandado.