| Raphäel
Hadas-Lebel*
El
Diario de Hoy
editorial@
elsalvador.com
Resulta una extraña ironía que Francia se prepare para
celebrar el centenario de la ley del 9 de diciembre de 1905, que separó
la Iglesia del Estado, en el preciso momento en que unos disturbios han
conmocionado sus ciudades, pero a lo largo de toda la historia de Francia
las pasiones siempre han rodeado los papeles desempeñados por la
Iglesia y el Estado, aun cuando no se pueda establecer una vinculación
directa entre los disturbios recientes y el ejercicio de la laicidad francesa.
La lucha entre la Iglesia y el Estado por el dominio político se
remonta a la Edad Media, cuando los juristas de Felipe el Hermoso impusieron
el poder real sobre la Iglesia Católica Romana en Fran-cia. Siglos
después, la Revolución Francesa ofreció libertad
de conciencia y de religión en toda Francia.
La secularización de la escuela y después la lucha contra
las congregaciones religiosas estuvieron marcadas por batallas apasionadas.
Con el estallido del caso Dreyfus, la cuestión religiosa apareció
con mayor claridad que nunca como una importante cuestión política.
De modo que la ley de 1905, considerada por muchos el texto fundacional
del secularismo francés, fue la culminación de un largo
proceso histórico. Aunque puede parecer una declaración
de guerra a la religión, en muchos sentidos su objetivo principal
era el apaciguamiento. Su primer artículo declara que la República
reconoce la libertad de conciencia y “garantiza la libre práctica
del culto con las únicas restricciones (…) impuestas (…)
por la necesidad de mantener el orden público”. Su artículo
segundo específica que “la República no reconoce,
sufraga ni subvenciona culto alguno”.
Francia es el único país europeo que proclama su carácter
secular en su Consti- tución, mientras que la Ley Fundamental de
Alemania hace referencia a Dios y la Constitución irlandesa a la
Santísima Trinidad. Las relaciones Iglesia-Estado en toda Europa
son extraordinariamente diversas. Algunos países tienen una Iglesia
estatal (Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia), otros, como Francia,
afirman su secularismo y otros combinan la separación de Iglesia
y Estado con un trato especial a ciertas confesiones (España, Italia,
Irlanda, Suecia y Portugal) u ofrecen ese reconocimiento (Alema-nia, Bélgica,
Austria, Luxembur-go), pero, en realidad, los países de la UE tienen
más en común de lo que se puede inferir a partir de sus
diferencias.
Durante el último decenio, el debate sobre la prohibición
del velo a las estudiantes musulmanas provocó una nueva ronda de
controversia sobre el significado de la laicidad.
Una mayoría de los profesores franceses consideraba que la decisión
de llevar velo formaba parte de un movimiento organizado y encaminado
a poner en tela de juicio la neutralidad religiosa de las escuelas…
e incluso impugnar, como hizo la Iglesia Católica Romana hace siglos,
los principios mismos de la Ilustración.
Esa aparente provocación fue lo que movió a los legisladores
a actuar, pues temieron una división comunitaria dentro del sistema
educativo. Des-pués de dos años de experimentación,
esa renovada declaración de la primacía de la laicidad en
Francia parece un éxito indiscutible.
Más recientemente, se han cambiado las peticiones de renovación
de la ley de 1905 con el fin de resolver algunas dificultades concretas,
como, por ejemplo, la de cómo financiar la construcción
de mezquitas musulmanas. La proclividad de Francia hacia la política
sumamente ideológica no ha hecho sino agravar un debate ya polarizado.
Así, pues, una vez más mucho está en juego en ese
debate. La ley de 1905 señaló una transacción sobre
una batalla divisoria que no se debe volver a reñir. Una nueva
guerra religiosa está fuera de lugar en Francia. De hecho, si se
lo compara con la situación existente en otros países democráticos,
el secularismo oficial ya no parece ser simplemente otra excepción
francesa. Al contrario, el secularismo --sea cual fuere su marco jurídico
particular-- y la democracia están entrelazados. Así deben
seguir.
Copyright: Project Syndicate *Presidente de la Cámara Social del
Consejo de Estado y profesor asociado en el Instituto de Estudios Políticos
de París.

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