Economía globalizada
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos exige a los Gobiernos a respetar, a cumplir y a fortalecer los marcos legales que protegen los derechos y obligaciones en aspectos laborales y de medio ambiente.

Desde antes de la vigencia del TLC, que se inicia el 1 de enero de 2006, los Gobiernos comenzaron programas para mejorar la capacidad de las instituciones a cargo, tales como los ministerios de Trabajo y de Medio Ambiente, respectivamente, con tal de que se cumplan las leyes locales relacionadas, y se respete la Constitución Política.

A diferencia de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), que actualmente exime del pago de aranceles a los productos centroamericanos, para entrar al mercado estadounidense, el TLC no sanciona a un empresario de la región, en caso de incumplir leyes laborales o de medio ambiente.

Con la ICC, los beneficios comerciales se interrumpían para el país que registrara una violación laboral. En cambio, con el TLC, sólo se sancionan casos de violaciones laborales o de medio ambiente cometidos en forma recurrente y que dañen el comercio o las inversiones con Estados Unidos.

Condiciones

La multa se aplicaría si estos casos no han sido resueltos en un panel de solución de diferencias, y si existe una política de incumplimiento de una de las partes.

La multa asignada en el Tratado es de 15 millones de dólares, y no se aplica en contra de la empresa que violó las leyes laborales o de medio ambiente, sino al Gobierno.

Además de no ser multada, la empresa tampoco puede ser sancionada con la interrupción de los beneficios del TLC, como sucede con la ICC, cuya disposición es más estricta que la del Tratado, al expulsar de los beneficios a los países violadores.

Por su lado, el Gobierno utiliza los fondos de las multas que le son impuestas, para mejorar la aplicación de la ley que ha sido violada.

Actualmente, los ministerios de Trabajo y de Medio Ambiente han mejorado sus departamentos de inspección y de divulgación de derechos y obligaciones, apoyados con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).

Los Gobiernos de C.A. elaboraron un documento al que llamaron “Libro Blanco”, en el que reconocen las faltas y deficiencias en la aplicación de los derechos y obligaciones laborales.

El informe fue entregado al Congreso de Estados Unidos y a la Casa Blanca, con el objeto de resaltar el compromiso que se tiene, para mejorar la aplicación de las leyes laborales. El compromiso sirvió para que el Congreso, a pesar de la inconformidad de los demócratas, aprobara las leyes de aplicación del TLC, con lo cual se logra la vigencia del Tratado, en territorio estadounidense.