Desde washington
Contra el crimen de cuello blanco

Resulta evidente que los tribunales estadounidenses no reformarán los poderes judiciales latinoamericanos, los cuales figuran entre las instituciones menos confiables en encuestas de opinión en la región.

Publicada 2 de Diciembre 2005, El Diario de Hoy

Marcela Sánchez*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Aquellos que crean estar por encima de la ley en América Latina tal vez encuentren a Miami un poco menos hospitalario por estos días. Tribunales federales en esa ciudad están demostrando una nueva disposición para enfrentar a infractores potentados, cuyos crímenes pudieron haber ocurrido fuera de Estados Unidos pero que ya no pueden contar con la cultura permisiva de Miami o con su poder de influencia en casa para evadir la justicia.

El mes pasado, un jurado de un tribunal del distrito en Miami ordenó a Luis Álvarez Renta, un poderoso financiero dominicano y sobrino del diseñador Oscar de la Renta, pagar al Gobierno de República Dominicana más de $176 millones de dólares por su papel en el colapso del tercer banco más grande del país, Baninter, en 2003.

En Miami los fiscales investigan también al ex presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide en un tribunal federal por presunta malversación de millones de dólares del fisco haitiano.

Abogados y profesores de derecho a lo largo de Estados Unidos y América Latina consideran que estos casos representan una alentadora nueva tendencia contra el crimen de cuello blanco.

Hasta hace poco, jueces en Miami acostumbraban a rechazar casos de fraude financiero internacional sobre la base de que una Corte estadounidense no tenía jurisdicción ni competencia para emitir un fallo, fortaleciendo así la reputación de Miami como un refugio para poderosos transgresores latinoamericanos.

Pero ahora cada vez más jueces, particularmente en Miami, aceptan casos internacionales, en parte debido a que la Ley Patriota y otras leyes anti terrorismo han expandido la jurisdicción de cortes estadounidenses. Michael W. Gordon, profesor de Derecho de la Universidad de Florida lo llama “otro efecto adicional” de la guerra estadounidense contra el terrorismo. Afirmó que las fortalecidas y ampliadas leyes contra el lavado de activos aumentan el acceso a información bancaria.

Esas leyes, tradicionalmente utilizadas en casos de tráfico de drogas o terrorismo, también se aplican en los Estados Unidos contra ganancias de cualquier actividad criminal, incluido el fraude bancario o en impuestos. El impacto de estos cambios en litigios civiles apenas está empezando a conocerse.

Algunos expertos legales arguyen que convertir a Miami --o para el caso cualquier otra ciudad estadounidense-- en tribunal para América Latina es arriesgado. Advierten que entre más cortes estadounidenses acepten casos de violaciones cometidas al sur del Rio Bravo, menos incentivos tendrán los países de la región para desarrollar sistemas legales viables. Pero para otros expertos en leyes en la región, que han visto cómo el débil Estado de Derecho latinoamericano resulta impotente para enfrentar a los económica y políticamente poderosos, la justicia es justicia y el lugar donde se ejerza debe ser algo secundario.

Resulta evidente que los tribunales estadounidenses no reformarán los poderes judiciales latinoamericanos, los cuales figuran entre las instituciones menos confiables en encuestas de opinión en la región. Pero los tribunales, particularmente aquellos en Miami, podrían tener un impacto positivo en dichos sistemas más allá de lo que las leyes contra el terrorismo pretendían.

*Columnista del Washington Post.