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José Miguel Cruz*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Existe un riesgo muy claro en la próxima campaña electoral y es que la violencia con motivaciones políticas se salga de control. Y esto por tres razones. Primero porque objetivamente el país está pasando por la ola de violencia más grande de los últimos ocho años.
Segundo porque la institucionalidad del país, en especial la encargada tanto de las elecciones como de la seguridad pública, se ha deteriorado significativamente --esto significa que ha pasado de estar regular o mal a estar peor--, y tercero porque los liderazgos políticos no han dejado de cultivar el ambiente de confrontación y de conflicto, en lugar de apostar por la discusión seria de los principales problemas del país; en otras palabras, con muy raras excepciones, los liderazgos políticos no han madurado en El Salvador.
Después de las primeras elecciones generales de la posguerra, celebradas en 1994, la violencia con motivaciones políticas disminuyó de manera significativa, esto en parte como producto de que los resultados de las mismas redujeron la ansiedad de ciertos grupos de perder el control del aparato estatal. En 1997, el país comenzó a experimentar una reducción de los niveles generales de violencia, la cual llegaría a su punto más bajo en 2002, antes de las elecciones municipales y legislativas de 2003.
Para 2003, el panorama cambió drásticamente. Meses antes de las elecciones comenzaron a aparecer asesinatos con mutilaciones y decapitaciones, las cuales fueron con rapidez atribuidas a las maras, pero sobre todo reapareció la violencia política. Ésta apareció no sólo como riñas callejeras entre los simpatizantes de los partidos políticos más grandes sino, sobre todo, tomó lugar con el asesinato de varios activistas políticos de ambos partidos; durante los meses de campaña, estos asesinatos fueron parte de una escalada en la que por cada activista asesinado de un bando aparecía otro en el bando contrario. Luego vino la mano dura de Flores y el caos en la situación de seguridad del país.
La violencia con motivaciones políticas reapareció a finales de 2003, con el calentamiento de la campaña electoral de 2004. De nuevo, este tipo de violencia cobró la vida de no pocos activistas políticos de diverso signo y, junto con las campañas de miedo desarrolladas por los partidos, sumergió al país en un ambiente de tensión sin precedentes en la posguerra.
Ahora, de cara a un nuevo proceso electoral, de forma aparente los signos de la violencia política han vuelto a aparecer y con el agravante de que la misma ha surgido con más anticipación que en el pasado, al igual que la campaña electoral de los partidos.
El problema es que hoy contamos con una situación de violencia social, que ya está fuera de control y frente a la cual las autoridades del país no han podido hacer absolutamente nada, más que inventar programas inútiles. Hasta donde yo recuerdo, ninguna persona ha sido condenada por los asesinatos con motivación política de las campañas electorales anteriores.
A juzgar por el aumento de la impunidad que ha traído la actual ola de violencia social, es casi imposible que la policía y la fiscalía sean capaces de disuadir a algunos activistas políticos insensatos que se maten entre sí o, peor aún, que utilicen las redes de criminalidad organizada para que lo hagan por ellos.
El problema es que en la actualidad contamos con un Tri-bunal Supremo Electoral que es, a mi juicio, deliberadamente incapaz de controlar el comportamiento de los partidos políticos y de proveer las garantías mínimas para la celebración de un proceso electoral justo y confiable. Un tribunal que incluso legitima la violación de las normas más básicas de competencia electoral, admitiendo el inicio adelantado de la campaña, es incompetente para exigir la erradicación de la impunidad, al menos en el ámbito político.
Pero el problema es también la facilidad con la que cada vez más, nuestros líderes políticos están dispuestos a acusar, a hacer señalamientos y a amenazar a sus rivales, con tal de ganar las elecciones, protegidos --de nuevo-- por la inoperancia de la institucionalidad electoral.
No es que estos liderazgos sean los autores intelectuales de la violencia política, es que los discursos que demonizan al contrincante, que incitan al enfrentamiento y que justifican las agresiones de los propios partidarios hacia los rivales, contribuyen también a las campañas de violencia.
*Director del IUDOP de la UCA y columnista de El Diario de Hoy.
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