|  Lafitte
Fernández*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Cada vez que escucho decir que la política rodea el negocio que
un grupo de alcaldes del FMLN montó con MIDES, me convenzo de que
algunos miembros de la supuesta nueva clase política nacida de
la lucha armada, padecen de gastritis moral; son mentirosos barriobajeros
o se volvieron cleptómanos terminales.
Con exceso de fanfarria, diez alcaldes del FMLN anunciaron, en 1997, que
tenían en sus manos la solución al problema de la basura.
Luego nos fumamos la fotografía de un canadiense canillón
y de dientes saltados, que firmaba, con Héctor Silva, un contrato
lleno de hipocresías ramplonas. En aquel momento les dijeron a
los salvadoreños que firmaban un plan que costaba $62.5 millones
para ponerle fin al problema de la basura. Obvia-mente, ese dinero lo
pagaríamos 1.7 millones de usuarios del servicio de recolección
de la basura.
Durante siete años, esos que dicen hacer buen gobierno municipal,
nunca han dejado de cobrarnos las tasas más altas por la recolección
de basura. El afamado programa se redujo a construir un hueco de enorme
tamaño, excavado en Nejapa, para botar la basura.
Pero, ahí pasó algo más: Si se contrajeron obligaciones
financieras por $62.5 millones, ¿cómo es posible que los
nuevos compradores del vertedero de basura pagaron, por él, sólo
$11 millones? ¿Era ese el precio real? ¿Y, si ese es el
precio real, por qué los alcaldes del FMLN no quisieron --como
se les propuso, antes de pactar con los canadienses-- conseguir un préstamo
para construir el relleno y hacerse dueños del 100 por ciento de
las acciones del negocio. Ese crédito lo hubiesen pagado las comunas,
en dos o tres años. Las alcaldías serían, ahora,
las dueñas de la totalidad del relleno sanitario y no sólo
del 10 por ciento de las acciones como ocurre ahora.
Cuando alguien paga $62.5 millones por lo que sólo vale $11 millones,
algo huele a podrido.
Pero ojalá llegaran hasta ahí las cosas. Resulta que al
poco tiempo de construido el relleno, una auditoría de Price Waterhouse
mostró que a los canadienses se les pagaron $22 millones en honorarios
profesionales, dinero que salió de nuestros bolsillos. Ninguno
de los alcaldes o ex servidores que participaron en ese negocio pueden
alegar que desconocían esos hechos. Siempre tuvieron en sus manos
las copias de las auditorías que los precisaban.
A pesar de ello, jamás hicieron un reclamo a sus socios canadienses,
quienes después serían calificados como prominentes miembros
de la mafia ítalo-canadiense, en documentos oficiales del Ministerio
de Justicia y de la Real Policía Montada de Canadá. Ahora,
cuando la sentencia de una cámara de la Corte de Cuentas les dice
que, además de esos $22 millones, sus socios se llevaron $14 millones
en utilidades y desaparecieron, como por arte de magia, $3.4 millones
en dinero en efectivo, entonces alegan que no saben nada de eso. Que eran
los canadienses quienes administraban el vertedero. ¡Claro que sabían
lo que ocurría ahí adentro! Hasta tenían en sus manos
auditorías que reflejaban tales movimientos financieros que ahora
nadie quiere explicar.
¿Y entonces, cuál era el papel de Héctor Silva como
vicepresidente de la junta directiva de MIDES? ¿Qué discutían
en los viajes a Montreal, Canadá, donde celebraron algunas de las
juntas de directores? En este tema caímos, hace mucho tiempo, en
manos de dictadores morales creados en la mala educación de no
rendir cuentas. Ninguno de ellos le explica al país la estructura
financiera que montaron con los canadienses. Lo único que vemos
son truquitos y maromas, enredos y dobles morales. Cuando se habla de
ese tema, a los organismos informales de probidad de este país
les da ronquera o se vuelven sordomudos.
Con muy poca vergüenza la apropiación de esos dineros públicos
nunca la pusieron en la agenda, porque la denuncia nació de un
diario de orientación democrática. Es decir, la moral de
la izquierda siempre es buena porque “representa la moral del pueblo”.
A esa parte no debe caerle el inflador de la autoestima nacional. Si atendemos
a ese argumento, mucho menos existe razón para pedir explicaciones
sobre el porqué nos cobraron $6.2 millones para construir una planta
de transferencia de la basura que nadie conoce. Y son tan desvergonzados
quienes parieron el negocio que, cuando El Diario de Hoy denunció
la patraña, las alcaldías del FMLN dijeron que no habían
cobrado por eso.
Ahora que le adeudan mucho dinero a los nuevos dueños de MIDES,
advierten que no pagan porque aún no se ha construido la planta
por la que ya les cobraron a los contribuyentes. Cualquier juez de buen
juicio y honrado los mandaría a la cárcel sólo por
esas confesiones que los alcaldes repiten ahora, casi a diario, en los
periódicos locales cuando tienen el agua hasta el cuello. No hay
duda: estamos frente a los líderes de la doble moral.
*Periodista.
|
