Injusticia para un bebé

Perdieron evidencias. La Fiscalía acusó a una mujer de abortar un embarazo de ocho meses. Al cabo de 100 días, la acusación se desvaneció por falta de pruebas. El IML extravió la placenta y otra evidencia. Ella nunca dijo qué hizo con los restos del bebé. Fue declarada inocente.

Publicada 28 de noviembre 2005 , El Diario de Hoy

Jorge Beltrán
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Amenos que ella lo diga, nunca se sabrá lo que E.S.R., una mujer de 26 años y estudiante avanzada de Sicología, hizo con su embarazo de ocho meses aquella mañana del pasado 16 de junio.

La mujer nunca quiso decir si se provocó el aborto o si fue un parto prematuro y se deshizo del bebé.

Siempre guardó silencio aduciendo que el trance le había provocado una especie de amnesia que le impedía recordar qué fue lo que ocurrió esa mañana.

La Fiscalía General de la República (FGR) tomó cartas en el asunto el mismo día que E.S.R. ingresó al Hospital Militar, del cual es derechohabiente por trabajar en una entidad castrense, donde le extrajeron la placenta y parte del cordón umbilical que evidenciaban que sí hubo un embarazo.

Eran las únicas pruebas que había contra la mujer, a quien le imputaron cargos por el delito de aborto consentido (provocado).

La Fiscalía vislumbró la posibilidad de cambiar el delito a homicidio agravado si en el devenir de la investigación hallaban el feto.

En ese afán, la FGR logró llevarla ante un juez de paz el 21 de junio. Aún mantenía la acusación de aborto pues los restos del embarazo no habían sido ubicados pese a los esfuerzos policiales y fiscales.

Se escudó en el silencio

La imputada puso de su parte al silencio. De la primera cita con un juez, E.S.R. salió bien librada. El tribunal no la mandó a prisión preventiva, como pretendía la Fiscalía. Le impusieron una fianza de mil dólares aunque el proceso contra ella seguiría su curso.

El hospital informó a la Fiscalía que a E.S.R. le daba atención por un parto extrahospitalario.

En la lógica de Amílcar Tamayo, fiscal del caso, si se trataba de un parto extrahospitalario entonces había sido un parto de término, razón bastante para tipificar el hecho como homicidio agravado.

Pero no podían hacer nada si no hallaban los restos del feto y al transcurrir del tiempo, esa posibilidad se esfumó. Un feto o el cadáver de un recién nacido es pasto fácil de carroñeros o insectos.

Y por más que la Fiscalía lo procuró, no consiguió que E.S.R. dijera qué había hecho con el bebé.

Pero la FGR pilló una sarta de mentiras en la historia que la imputada les dijo sobre cómo y dónde había sufrido el percance.

Les aseguró que el problema le sucedió en una colonia de Soyapango. Pero la mujer vive en la colonia Satélite y jamás ha vivido en Soyapango, según se estableció.

Incluso, la Fiscalía entrevistó al supuesto responsable del embarazo de E.S.R. cuya gestación o vida habría sido interrumpida debido a que el fulano era casado. El hombre negó tal hipótesis.

Realizan examen

Para desbaratar el escudo que el silencio le proveía a E.S.R., las autoridades mandaron que Medicina Legal practicara una prueba a la placenta y al pedazo de cordón umbilical.

Pretendían establecer legalmente el tiempo de gestación o la sustancia que provocó el aborto. De ello dependía la acusación de homicidio agravado.

Sin embargo, pese a que en el proceso judicial hay constancia de que Medicina Legal recibió las evidencias del aborto, cuando las autoridades requirieron los resultados de las pruebas, la instancia dijo que jamás recibieron tales cosas.

Ese fue el golpe de gracia a la indagación y el golpe de suerte que E.S.R. necesitaba para salir del lío.

El 6 de octubre, E.S.R. acudió a su segunda cita judicial y salió bien librada. Las evidencias para su imputación habían desaparecido.

Al igual que la mujer hizo con los restos de su embarazo, Medicina Legal no ha dicho qué ocurrió con las evidencias.

Ahora, el fiscal Tamayo dice que buscará deducir responsables por el extravío de las evidencias que habrían hecho que E.S.R. fuera declarada culpable.

El pasado 9 de noviembre, la Fiscalía giró un oficio al director del Instituto de Medicina Legal para que aclare la pérdida. Hay nombres y apellidos de quien recibió la placenta y el cordón umbilical.

La Fiscalía no tiene dudas de que E.S.R., cuando menos, se provocó el aborto. Pero un tribunal resolvió liberarla definitivamente de cargos por falta de pruebas.

Sólo E.S.R. sabe qué fue del feto o del recién nacido. Sólo ella sabe dónde lo ocultó. La Fiscalía no pudo contra su silencio y contra la pérdida de las dos presuntas evidencias. El silencio blindó a la mujer contra la espada de la justicia.