Mirella
Cáceres
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| Afectado. Víctor N. Rodríguez
olvida un poco su trauma cuando juega con sus dos hermanas. Foto
EDH
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El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
El ataque de un perro al niño Víctor Nahún Rodríguez
Posada, la noche del 28 de septiembre pasado, no es un caso más
entre los miles que ocurren a diario en el país.
Por la dimensión de la herida, que le ha dejado una cicatriz que
le atraviesa la parte izquierda de su rostro, su caso se ubica entre los
más graves ocurridos este año.
Eran las 8:30 p.m. cuando sus padres oyeron el grito de Víctor
Nahún. Provenía de la planta baja del edificio número
23 de la residencial Altos de América, San Jacinto.
“Yo no me fijé bien en la herida, tampoco pregunté
detalles de lo que había pasado, mi urgencia fue llevarlo al hospital
Bloom. Estando allí me di cuenta de la cortadura que hasta se le
veía parte del hueso. Yo sentí una cólera y sólo
quería regresarme a matar al perro”, recuerda Víctor,
el padre.
Al día siguiente, el padre hizo lo que pocos en este país:
demandó ante la Fiscalía General de la República
una condena para Josué Donovan Marquesinez, el dueño de
“Colmillo”, el perro que había enviado al hospital
a su hijo.
En otra iniciativa poco usual, este hombre logró reunir casi un
centenar de firmas entre los vecinos que adjuntó a la denuncia,
una dirigida a la FGR y otra a la alcaldía capitalina, solicitando
la prohibición de perros peligrosos en esa zona.
El deseo de los firmantes es que no se repitan ataques como el ocurrido
al hijo menor de los Rodríguez Posada. Elizabeth Quintanilla, la
dueña de la tienda frente a la cual se produjo el ataque, respaldó
la petición: “Aquí los apartamentos son estrechos
y apenas cabe la familia, no es para tener perros grandes y peligrosos”.
Las consideraciones de esta mujer encuentran eco en varios veterinarios
consultados en que el espacio para el perro es tan importante como la
educación y el buen trato para evitar que sean agresivos. “Tener
perros presos o en espacios reducidos incrementan ese riesgo”, argumenta
el doctor Juan Carlos Andrade.
Según el decir de algunos vecinos, “Colmillo” sería
una víctima de esta falta de espacio pero también de ser
entrenado para peleas. En su historial cuenta con varias agresiones a
adultos y niños.
Las heridas
Pero fue el pequeño Víctor quien se llevó la peor
parte. Lo más duro de su caso es que Marquesinez no ha cumplido
su promesa de costear las curaciones. Desde entonces guarda silencio,
ni siquiera sale en su defensa ante tantas acusaciones.
En la familia también hay temor de que no se haga justicia con
su hijo. “Quisiera que la Fiscalía resolviera pronto porque
el dueño del perro se va a ir pronto de aquí”, reclama
Mirna de Rodríguez, la madre de Víctor.
A casi dos meses de la agresión, el pequeño va retomando
la rutina de juegos. Junto a sus hermanas mayores, Victoria y Elena Marilyn,
se entretiene dibujando, pintando y haciendo alguna travesura.
Atrás quedó su triste experiencia de permanecer diez días
hospitalizado bajo tratamiento antiinflamatorio, después de haber
sido sometido a una operación de una hora, a fin de reconstruirle
el rostro.
El niño apenas esboza que la herida no duele ya, pero aún
resiente lo ocurrido.
El niño despierta por las noches y llora, ha aumentado su hiperactividad,
muerde o pellizca a sus hermanas, se enoja con mayor facilidad. Y cada
vez que ve a un perro, muestra miedo.
Pese a estos repentinos cambios de comportamiento, don Víctor y
su esposa ponen sus esperanzas en el tratamiento sicológico que
le brindarán en el Bloom a partir del 8 de diciembre.
El médico que lo operó, Luis Meléndez Ávalos,
sólo prevé secuelas sicológicas y sentencia que pese
a la cirugía cosmética “el niño llevará
la cicatriz de por vida”.
Vacío de leyes
Pero este caso deja al descubierto que El Salvador carece de leyes que
regulen la tenencia de animales peligrosos o que amparen a las víctimas
de agresiones.
El Código Penal nada más contempla un numeral del artículo
398 una sanción de 10 a 40 días multa al “que azuzare
o soltare algún animal con evidente descuido, aún cuando
éste no produjere lesiones o daños a otra persona”.
Con esta base legal se ha iniciado la investigación a cargo de
la fiscal Rosa Morán, la cual ya ha recogido entre los testimonios
el de una testigo presencial entre otros. Pero la prueba más fehaciente
del delito es la herida del niño. “Nada más esperamos
el expediente clínico y la evaluación médica del
Hospital Bloom para luego enviar el caso a los tribunales”, explicó.
Por otro lado, las ordenanzas municipales sobre daños causados
por animales, condenan al responsable del animal a pagar una sanción
de $35 a $114.
El doctor Joaquín Domínguez Parada, jefe de la oficina Contravencional
de la comuna, reconoce que estas ordenanzas se quedan cortas ante la magnitud
del problema, sobre todo si se considera que en El Salvador al año
hay un promedio de 25 mil a 30 mil personas mordidas por animales, en
su mayoría por perros.
Roxana Dueñas, de la alcaldía de Mejicanos, dice que estas
ordenanzas se aplican para casos leves donde se resuelven a veces mediante
una conciliación , pero los casos más graves se remiten
a la Fiscalía.
¿Quién responde?
Por eso, Domínguez, Dueñas y Marta de Najarro, de la alcaldía
de Santa Tecla, le apuestan a una ordenanza para regular la tenencia de
perros peligrosos.
Si en casos graves como el de Víctor, nada más está
el consuelo de exigir una responsabilidad civil, ¿qué ocurriría
si un perro mata a una persona? La fiscal Rosa Morán dice que habría
que estudiar esa posibilidad, pero el penalista Manuel Chacón dice
que ante ese caso nada contempla el Código Penal.
“Como medida responsable en el artículo 146 del Código
Penal, entre las lesiones culposas (sin intención) se debería
agregar un inciso que establezca las que sean provocadas por animales
peligrosos. Además debe haber una legislación más
severa, una ley especial”, sugiere Chacón.
Las ordenanzas que estudian Mejicanos, Santa Tecla y San Salvador
no han prosperado. El alcalde capitalino Carlos Rivas Zamora fue claro
al decir que no le agrada el proyecto porque sus costos son altos, carecen
de la capacitación técnica para ejecutarla y no van al fondo
del problema.
Tanto el jefe de Sanidad Animal, José David Bolaños, como
el viceministro de Salud, Ernesto Navarro, exponen que ambas instituciones
no tienen una atribución en ese aspecto.
Disposiciones en la región
Otras naciones centroamericanas aventajan a nuestro país en el
abordaje del problema.
Guatemala
Desde 2003
Vigente una ley para el control de animales peligrosos. Especifica las
razas peligrosas, exige una licencia a mayores de 18 años para
la tenencia de perros, una póliza de seguros para cubrir daños
y prohíbe adiestrar animales para volverlos agresivos.
Nicaragua
Hace 6 meses
La Universidad de Ciencias Comerciales y la alcaldía de Managua
ejecutan un control de natalidad en perros callejeros, ya que cada mes
registran unas 400 personas mordidas por perros. Con el plan evitan la
proliferación de estos animales.
Honduras
Desde hace un año
La alcaldía de Tegucigalpa cuenta con una ley que establece un
perímetro urbano de 12 km en los que se prohíbe tener diez
razas de perros, pero ampliado a unos 20 kilómetros aplica para
razas más agresivas como el pitbull y el rotwailler.

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