Víctima de la injusticia espera la indemnización

Inocente. José Neftaly Carranza fue apresado por violar y embarazar a su hija, Nubia N. Una prueba genética evidenció que hubo una mala investigación. José fue absuelto, y el Estado condenado a pagarle $10 mil. La Fiscalía, que logró encarcelarlo, ahora se opone al pago.

Publicada 13 de noviembre 2005 , El Diario de Hoy

Afectado. José Carranza estuvo dos años en el penal de Mariona por una falsa acusación. Foto EDH

Ocho meses cabales han pasado desde que un tribunal condenó al Estado salvadoreño a pagar 10 mil dólares a José Carranza como indemnización por daños y perjuicios.

La razón de la condena fue que Carranza cumplió poco más de dos años de una pena de 18 años de prisión, por una violación que judicialmente se comprobó que no cometió.

Lo que provocó el equívoco judicial fue una negligente investigación de la Fiscalía, al violarle derechos fundamentales durante el proceso legal, según lo dijo el mismo tribunal que condenó a Carranza y que meses después lo absolvió.

Sin embargo, es la misma Fiscalía la que se opone al pago de la indemnización que, según la víctima del Estado, no cubre ni los gastos en que incurrió a raíz de las falsas acusaciones.

Un mes después de que el tribunal condenara al Estado, la Fiscalía presentó un recurso ante el mismo juzgado para que Carranza no recibiera la indemnización.

La entidad funda su inconformidad en que fue el mismo Carranza el culpable del error judicial al no haberse sometido a una prueba genética.

El problema se originó cuando Nubia, hija de Carranza, afirmó que Vladimir, su hijo, era producto de una relación incestuosa.

La menor aseguró a las autoridades que sólo con su padre había tenido relaciones sexuales mediante reiteradas violaciones.

Según la Fiscalía, a los ojos de los jueces que conocieron el caso, todos los peritajes médicos y sicológicos hacían verosímiles los relatos que la menor hacía sobre el incesto. Y en mayo de 2004, el hombre recibió la condena.

Meses después, el entonces convicto pidió por segunda vez que le hicieran la prueba de adn (ácido desoxirribonucleico) para demostrar que él no era el padre de Vladimir.

Antes lo había solicitado pero llegado el día, el imputado no se la hizo por consejos de la abogada pública que lo defendía (José y su familia dicen que más parecía una acusadora durante las diligencias).

A paso lento

Es en esa negativa que la Fiscalía ha fundamentado para impugnar la condena al Estado.
La misma Fiscalía ha dicho que contra la absolución de Carranza no pudieron hacer nada.
La prueba científica de comparación de los adn resultó irrefutable.

El caso ha pasado ya a la Sala de lo Penal cuyos funcionarios tendrán que dirimir la controversia del caso entre la Fiscalía y el Juzgado Primero de Sentencia.

Pero mientras José Carranza tiene que caminar a paso ligero largas distancias para ganarse unos pocos dólares jornaleando en la agricultura, la justicia camina a paso lento en el pleito por los 10 mil dólares que le corresponden.
La Fiscalía impugnó la condena contra el Estado el 14 de abril.

Un mes después de ser dictada.

Pero el tribunal de sentencia la envió hasta el 6 de junio a la Sala de lo Penal. En ésta, hasta hace pocos días fue asignada a un funcionario de la misma para que la analice y resolver si se da por recibida o no.

Ese análisis podría demorar varios meses. La Fiscalía estima que quizá en los primeros meses de 2006 reciban la notificación de que la han aceptado o no.
Luego el recurso sería estudiado por los magistrados de laSala, lo cual podría demorar a saber cuánto tiempo. Depende de la carga de trabajo de los letrados.

Largo camino

Pero incluso si la Sala de lo Penal rechazara la solicitud fiscal, conseguir la indemnización no estaría fácil para Carranza.

El agraviado por la justicia salvadoreña tendría que iniciar un juicio civil contra el Estado en el que tendría que contratar un abogado particular para que lo represente.
Para José Carranza, conseguir que el Estado le pague un poco del sufrimiento que le causaron, no está fácil.

Cuando él no puede, son sus parientes quienes preguntan qué ha pasado con el cumplimiento de la condena al Estado. La respuesta que reciben es siempre la misma. “Llame la otra semana”, suelen decirles.

El caso de José, según la misma Fiscalía, no es único. Muchos agraviados por el Estado deciden no meterle pleito por indemnizaciones para no perder el tiempo y quedarse burlados por la misma justicia que un día los afectó.

Dos años de penurias

Aquel 18 de agosto de 2004 ha quedado grabado en la mente de José. Fue el día que 31 reclusos del penal de Mariona fueron asesinados por otros internos.

Justicia. José junto a su abuela y una hermana, el 11 de marzo de 2005 cuando un juzgado determinó que era inocente. Foto EDH

José no olvida aquella media mañana cuando estaba lavando un pantalón y otro interno le advirtió de la tempestad que se cernía en el recinto.

No acabó de lavar el pantalón. Corrió a su celda pero no alcanzó a llegar. La masacre ya había comenzado. Se metió a las celdas que estaban más inmediatas donde estuvo a salvo.

Pero poco tiempo después supo que los asesinos preguntaban por “el tío”, que así era como llamaban a José en la prisión.

Los recuerdos de aquellos miserables días son incontables no sólo para él sino también para su familia que llegaba siempre a visitarlo.

Como todo recién llegado al penal, José tuvo que pagar el derecho de piso: dormir en el suelo y servir de mandadero a los reos más antiguos.

Posteriormente logró que un fulano que vende café con pan dentro el recinto, le diera empleo en el negocio.

Por cada día ganaba veinticinco centavos de dólar. Luego, este dinero le fue sirviendo para evitar hacer tareas que sólo son delegadas, por los presos más antiguos, a quienes recién traspasan el umbral de la prisión.

José pagaba, con la “cora” que ganaba, a otros para que hicieran la limpieza en los retretes, cuando a él le tocaba.

Pero algo que le parecía insoportable era ver a su madre, Leandra Carranza, marcharse del presidio y no poder seguirla.

Los dos años que José pasó en Mariona tuvo que dormirlos en el mero piso. Sin más colchón que el que ofrecía una cobija, pues el derecho de dormir en los catres sólo se consigue con la antigüedad, que sobreviene con la liberación de otros reclusos.
Afuera, de la cárcel, su madre, una hermana y un cuñado pugnaban por sacar a José de la prisión.

En ese afán cayeron en el timo de un hombre que prometió sacarlo en un santiamén.
Al supuesto abogado le entregaron siete mil dólares por adelantado. Una vez que los tuvo en el bolsillo, el tipo se esfumó.

Mientras tanto, Leandra echaba de menos aquellos cincuenta dólares que José le daba cuando le pagaban.

Pero, aquellos días aciagos han quedado atrás paraJosé y sus parientes. Ahora sólo le queda el recuerdo amargo de su estadía en la prisión y de la traición que le hizo su propia hija.

José ha continuado en sus labores religiosas y asegura no guardarle rencor a Nubia, pues está seguro de que actuó motivada por criterio ajeno.

Fue condenada por mentir

Falsedad. Nubia N. fue enjuiciada por falso testimonio. Foto EDH

Nubia N., la hija que mintió contra su padre, pasó de ser víctima al banquillo de los acusados. El día que su padre José Carranza fue excarcelado, el mismo Tribunal ordenó a la Fiscalía que la investigara por haberles mentido.

En poco tiempo, la Unidad Penal Juvenil de la Fiscalía, logró que el Juzgado Segundo de Menores la condenara por el delito de falso testimonio.

La investigación se facilitó porque científicamente se probó que la menor había mentido, pues la prueba de adn contradecía lo que a lo largo del proceso jucidial contra su padre, sostuvo: que con nadie más había tenido relaciones sexuales.

Sin embargo, la menor tuvo suerte. Según la Fiscalía, a Nubia le sustituyeron la prisión por trabajo de utilidad pública.

La menor cumplió la pena en agosto pasado trabajando en la unidad de salud de Tonacatepeque.

Sin embargo, según la fiscal que conoció el caso, Nubia nunca les reveló quien es realmente el padre de su hijo, Vladimir.
Incluso, la madre de Nubia dijo desconocer quién es el padre del bebé. En una ocasión, la mujer dijo que ella sólo había denunciado a José basándose en lo que su hija le había comentado de los abusos sexuales, pues era su deber como madre, apoyarla.

Ocho meses después de que José fue liberado de cargos y excarcelado, las dos familias aunque viven en el mismo cantón, se han desconocido. Siempre que pueden, evitan el contacto visual.

Mientras tanto, José vive de lo que gana jornaleando, pues su antiguo trabajo como recolector de basura en la Alcaldía de Tonacatepeque ya no le fue devuelto pese a que demostró su inocencia.