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Investido de policía, pese a una prohibición judicial

Legalmente es convicto. Se probó judicialmente que Carmen M. S., cabo de la Policía Nacional Civil (PNC), fue quien lesionó a Juan Francisco Barahona, de 17 años, durante un operativo.

Publicada 3 de noviembre 2005 , El Diario de Hoy

“Hasta hoy conozco un caso que habiendo sido condenado, un elemento ha sido reincorporado”
Raúl Melara Granillo
Inspector General de la PNC Foto EDH


El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

Pero M.S. sigue siendo policía, pese a que el Tribunal Quinto de Sentencia lo condenó a tres años de prisión, que le fueron sustituidos por tres años de trabajo de utilidad pública en una alcaldía.

M.S. también está privado absolutamente de los derechos del ciudadano y, por la misma condena, no puede ejercer ninguna clase de empleo o cargo público.

Pero la PNC ha desobedecido la sentencia y lo ha destacado en el puesto Flor Blanca, en las PIP-COM (patrullas de intervención policial comunitaria).

Al consultar al inspector general de la PNC, Raúl Melara Granillo, éste sostuvo que no tenía explicación sobre la reincorporación de M.S.

Afirmó que era el primer caso, durante su gestión, que conocía en el que un agente era reincorporado pese a haber sido condenado por un delito.

Reincorporado

Violación a la ley de la PNC
- La Ley Orgánica de la PNC ordena que para ser policía se debe estar en el pleno goce de sus derechos de ciudadano y no tener antecedentes penales.

- El Artículo 53 de la misma ley dicta que el policía es responsable por los actos dolosos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que el Estado deberesponder subsidiariamente en tales casos.

- Según abogados consultados, cualquier procedimiento que haga M.S. como policía, podría impugnarse porque legalmente él no está autorizado como tal.

- La sentencia contra M.S. fue dictada el 16 de febrero de 2005; sin embargo, fue sancionado ocho meses después de esa fecha.
Privado de derechos
El cabo Carmen M.S. fue hallado culpable por un jurado de conciencia. Un tribunal le impuso tres años de trabajo de utilidad pública, lo inhabilitó de sus derechos civiles y políticos y le prohibió ejercer cualquier empleo o cargo estatal.

Según Melara Granillo, M.S. fue reincorporado el jueves 17 de octubre. Esto fue confirmado por el jefe de la subdelegación Flor Blanca, subinspector Roldán, jefe inmediato del cabo.

El inspector general dijo que internamente le habían puesto una sanción de dos meses de suspensión.

El día que el convicto se presentó a trabajar, un delegado de la Inspectoría advirtió al jefe de personal de la PNC, de que M.S. no debía seguir laborando.

La respuesta que obtuvo, según Melara Granillo, fue que como ya había cumplido la sanción disciplinaria, no podían privarlo del trabajo.

Granillo asegura haber pedido un informe detallado del caso y dijo que el más indicado para explicar la reincorporación sería el jefe de personal de la PNC.

Se intentó obtener una entrevista con el funcionario pero transcurrieron ocho días y no fue concedida.

Sobre el caso, abogados consultados han sostenido que M.S. estaría ejerciendo ilegalmente una función.

“Es un convicto que no está ejerciendo su función legalmente. Es como elegir a un presidente y luego se sepa que no goza de los derechos del ciudadano”, aseguró un profesional que pidió el anonimato.

Según los consultados, hay muchos antecedentes de casos en que policías han sido destituidos sin tener una sentencia firme y sin que la institución haya concluido una investigación interna sobre las acusaciones. Este es el extremo opuesto.

“Por ser policía, atenta contra la seguridad pública por su misma condición y por el hecho de que fue condenado”, aseguró otro letrado.

Los abogados consultados dijeron que, incluso, la misma institución podría estar incurriendo en una ilegalidad al no acatar una orden judicial.

Ayer se intentó consultar al cabo sentenciado, pero el inspector Roldán afirmó que estaba en su día de descanso.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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