Joven baleado por un policía reclama ayuda

Delito. Un disparo de escopeta lo dejó lisiado del hombro y de la mano derecha. El culpable fue condenado pero sigue siendo policía

Publicada 3 de noviembre 2005 , El Diario de Hoy

Operativo. La corporación ha recibido críticas por los excesos de algunos agentes. Foto EDH

Jorge Beltrán
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Trabajar en la misma Policía Nacional Civil (PNC) no le valió para escapar del abuso de uno de sus miembros que, pese a haber sido condenado, sigue activo en la corporación.

Esto le sucedió el 16 de abril de 2004 a Juan Francisco Barahona Álvarez, de 17 años, quien ayudaba a reparar los carropatrullas en los talleres de la PNC que funcionan en la ex Dirección General de Caminos.

Según lo relata, Juan dormía ese día en la sala de estar de su casa, situada en unos condominios del Barrio San Esteban, de esta capital.

Era de madrugada. Sucedió en un santiamén. Un golpe en la puerta lo despertó. Luego escuchó el grito de ¡Policía! Cuando se paró, tras la puerta apareció un agente apuntándole con una escopeta.

El joven levantó las manos en señal de indefensión pero tampoco le valió. Sólo recuerda haber visto un fogonazo a poca distancia de su rostro.

Cayó al suelo. Estaba herido, los perdigones de la escopeta le habían desgarrado el dedo pulgar y el índice de la mano derecha. Otros balines se le incrustaron en el hombro y brazo derecho.

El disparo se le había escapado al cabo Carmen (hombre) M. S., quien había entrado con el dedo en el gatillo de su escopeta, a la casa equivocada.

Según los agraviados, hasta después los policías se percataron del error. Se habían equivocado de casa.

Lo absurdo para los agraviados es que a la casa donde moraba el hombre a quien pretendían capturar entraron sin visos de violencia. Tocaron suavemente la puerta con los nudillos.

El sujeto a quien buscaban fue capturado sin armar mucho alboroto. Y seis días después recobró su libertad.

El policía fue aprehendido de inmediato por sus compañeros y Juan tuvo que pasar 20 días en el hospital Rosales, donde le reconstruyeron la mano y el hombro. Pero el disparo lo dejó lisiado.

Un diagnóstico médico revela que ha quedado con un 50 por ciento de discapacidad del miembro afectado.

La causa

Luego vino el proceso judicial. Como el padre de Juan era motorista de la PNC, y lo es aún, lo mejor era actuar con cautela.

El victimario había admitido el error: se le había escapado el tiro.

Además de eso había que tomar en cuenta que cuando el accidente ocurrió, Juan llevaba dos años ayudando a reparar los autos policiales.

Secuelas. Juan Francisco muestra los daños del balazo. Foto EDH

Luego un inspector le prometió que cuando cumpliera los 18 años le darían una plaza como mecánico en la corporación.

En la lógica de los padres del afectado, eso estaría bien.

Como empleado, Juan tendría derecho a Seguro Social, y podría seguir el tratamiento médico sin más costos que la cotización mensual.

Incluso, esa expectativa les hizo desistir de exigir una indemnización. No querían hacer quedar mal a la corporación, pues ésta había dado visos de querer enmendar el daño.

Sin embargo, Juan Francisco cumplió la mayoría de edad el pasado 24 de mayo pero, por más que han insistido en recordarle al inspector de la PNC la promesa que hizo, no ha tenido respuesta.

Para el lisiado y los padres de éste, el problema es que no tienen dinero para seguir costeando el tratamiento médico.

Un diagnóstico realizado por el cirujano ortopeda, Edgar Escalante Monge, indica que “para mejorar la función tanto del hombro como de la mano derecha”, es necesario hacer varios procedimientos quirúrgicos cuyo costo asciende a más de 19 mil dólares.

“¿Y de dónde vamos a agarrar ese dinero?”, se preguntan los agraviados.

A los gastos previstos, habrá que agregar más de 5 mil dólares que ya han encajado.
Juan, tanto como su padre, asegura que no guarda rencor si no la esperanza de que la institución les dé la ayuda que prometieron.

Entre tanto, el cabo fue sentenciado a tres años de prisión el 16 de febrero de este año. La resolución quedó firme.

La pena por el delito de lesiones muy graves daba para más años de cárcel. Pero un supuesto arreglo entre los agraviados y el cabo influyó para que a éste le dieran nada más tres años de prisión, una pena que según las leyes salvadoreñas puede ser sustituida por otras alternas. Así fue.

El cabo, aunque convicto, sigue siendo policía.