 |
|
 |
||||||
 |
 |
 |
 |
|
 |
|||
 |
||||||||
 |
||||||||
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Portada |  |
Nacional | |
El País | |
Deportes | |
Metro | |
Negocios | |
Editorial | |
 |
|
Vida | |
Internacionales | |
Por el mundo |
 |
|
|
 |
Internos que alcancen mayoría de edad irán a penales
Un análisis. Los infractores que lleguen a la adultez serían sometidos a una evaluación por un comité multidisciplinario. Posteriormente será un juez quien autorice el traslado del recluso.
Publicada 2 de noviembre 2005 , El Diario de Hoy
 |
|
Garantías. “Los que pasen a los centros penales de
adultos deberán ser regidos por |
Jaime García
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Los menores infractores que cumplan los 18 años pasarán
a centros penales de adultos, de acuerdo con una reforma que promoverá
el Ministerio de Gobernación y que en principio cuenta con el aval
de los jueces de la materia.
La iniciativa toma más cuerpo una semana después de que
el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez
y la Adolescencia (Isna) expusiera que no puede tener pleno control sobre
estos internos en los resguardos juveniles.
Fuentes judiciales revelaron que las modificaciones han sido consultadas
por abogados de Gobernación a jueces de ejecución de medidas
al menor, a fin de que armonicen con los tratados internacionales de la
niñez.
Los informantes explicaron que, según el proyecto, cuando un infractor
llegue a los 18 años, será evaluado por un sicólogo,
un educador y un trabajador social, a fin de que este equipo emita un
dictamen para efectuar el traslado.
Un juez debe autorizar que sea reubicado en un sitio con las más
adecuadas las condiciones de seguridad.
El año anterior, las autoridades modificaron la Ley del Menor Infractor
para llamarla Ley Penal Juvenil y avalar la creación de centros
intermedios, para confinar a los infractores que llegaran a la adultez
hasta cumplir con el tiempo de reclusión, que no debe exceder de
siete años.
Sin embargo, hasta la fecha sólo se ha creado uno de estos centros,
donde permanecen 18 mayores de edad.
El Isna no ha podido frenar dos fugas masivas en los centros en Tonacatepeque
e Ilobasco.
La mayoría de los escapados había llegado a la adultez y
purgaba penas por homicidio y violación.
Modificación
Diputados a la Asamblea Legislativa, representantes de la Dirección
de Centros Penales y jueces de menores consintieron la semana anterior
en estudiar el cambio.
El impulso a la iniciativa fue confirmado por la Jueza Primera de Ejecución
de Medidas al Menor Infractor, Aída Santos de Escobar, tras reunirse
con el asesor del Ministerio de Gobernación, Rodolfo Garay Pineda.
Santos propuso que los cuatro centros de internamiento que funcionan en
el país pasaran a ser administrados por Gobernación.
Sin embargo, el Ministerio de Gobernación ha desechado esa propuesta,
porque no tiene el presupuesto para hacerse cargo.
Santos de Escobar detalló que de 368 infractores procesados con
la ley de menores, el 40 por ciento ya es adulto. “Según los
cálculos del Isna, en enero de 2006 habrá más adultos
que menores en los centros de internamiento. Los adultos sumarán
201”, detalló la funcionaria judicial.
A criterio de la jueza, la Ley del Menor Infractor reguló separar
a los infractores por sexo, edades y situación jurídica,
pero tales disposiciones no se cumplieron. Indicó que con las reformas
impulsadas en la Ley Penal Juvenil se le mandó al Isna que creara
los centros intermedios, pero no se hizo más que separar a los
internos según su pertenencia a pandillas.
Santos fue clara en que los internos que pasen a centros penales no perderán
las garantías que les otorga la Ley Penal Juvenil y deberán
estar separados del resto de presos adultos.
La funcionaria reiteró que las reformas no incluyen aumentar las
penas de internamiento a los infractores.
No procede
Los jueces han solicitado que los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley pasen a manos de Gobernación, pero la entidad ha rechazado esa propuesta por falta de fondos.
Pocos
En el único centro intermedio del país y que fue creado
el año pasado solamente se encuentran recluidos 18 adultos que
fueron internados como menores con la Ley Penal Juvenil.
En 10 años hubo 75 emergencias
Las tensiones. La mayoría de problemas en los centros son por disputas y por fugas.
 |
|
Garantías. “Los que pasen a los centros penales de
adultos deberán ser regidos por |
Desde que se crearon los centros de internamiento de menores en el país,
hace diez años, los jueces encargados de aplicar la Ley Penal Juvenil
han decretado 75 estados de emergencia.
La Jueza Primera de Ejecución de Medidas, Aída Santos de
Escobar, dice que las emergencias se han debido a motines, fugas de internos,
homicidios y reyertas de miembros de pandillas rivales, entre las causas
más graves.
En un informe preparado por los jueces minoriles y la Oficina de Justicia
Juvenil de la Corte Suprema de Justicia se detallan los problemas más
relevantes detectados en los centros de menores del país.
Se indica que existe ausencia de programas para los infractores y que
la separación de jóvenes se hace atendiendo criterios de
distribución por pertenencia a pandillas y no por estados jurídicos,
con lo que se fortalece el liderazgo nocivo en estos lugares.
El informe denuncia la negativa de los directores de los centros de realizar
juntas disciplinarias a los internos, bajo el argumento de que hay gran
cantidad de infractores y a la constante reincidencia a cometer faltas
al reglamento.
Asimismo hay ausencia de programas reeducativos estructurados con trabajo
terapéutico para educar con responsabilidad a los internos. En
el área de salud se informa que hay deficiencias en la atención
de servicios de salud para los problemas siquiátricos, adicciones
y enfermedades como el VIH-Sida.
Isna avala estudiar la iniciativa
Douglas Gónzalez
La directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Niñez y la Adolescencia, Matilde de Quintana, pidió que
la iniciativa de pasar a los infractores adultos a centros penales “sea
analizada desde la misma ley y considerada por la Asamblea Legislativa”.
Según Quintana, su entidad mantiene una constante capacitación
sobre el personal que trabaja en los centros de menores.
La semana anterior, la funcionaria admitió que las maras quieren
mantener un control paralelo desde afuera y amenazan al personal de los
planteles.
Hace un mes se fugaron 14 internos del centro de menores de Ilobasco.
Diez de ellos fueron recapturados.
Posteriormente escaparon 11 del centro de Tonacatepeque. Sólo uno
ha sido detenido nuevamente.
La mayoría de estos ha sido juzgado por homicidio y violación.
Según las autoridades, 175 internos en el sistema penal juvenil
pagan penas por homicidio.
En este sentido, la jueza de menores de Santa Ana, Berta Najarro, indica
que debe haber un mayor incentivo a través de nuevos planes que
establezcan reforzar de manera constante el sistema.
Jueces en la materia han consentido que los adultos pasen a presidios,
pero que se les respeten las garantías que les da la Ley Penal
Juvenil.
 |
||||||
 |
 |
|||||
 |
|
 |
 |
|||
 |
|
|
|
|
|
|
| © El Diario de Hoy 2005 - Aviso Legal |