La clave del conflicto: no hay subsuelo sin superficie

Choque. El derecho a la propiedad privada prima. La batalla legal entre particulares y Estado es improbable

Publicada 30 de octubre 2005 , El Diario de Hoy

Asamblea. Representantes de las diferentes directivas de Las Flores. Foto: EDH/Oscar Payes

Leyre Ventas
El Diario de Hoy
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Y tan lógico como este subtítulo es que no se puede llegar al primero sin pasar por el segundo. Según el artículo dos de la Ley de Minería, el subsuelo pertenece al Estado, y es el Ministerio de Economía el ente encargado de gestionar los permisos para acceder a él, a través de la Dirección de Minas e Hidrocarburos.

Sin embargo, la superficie de los 49 kilómetros cuadrados que contempla la licencia de la compañía minera Martinique Minerals S.A. de C.V. tiene otro dueño; varios propietarios particulares que desde los Acuerdos de Paz se reparten la extensión en parcelas de cinco manzanas.

El requisito ineludible para que Martinique pueda comenzar a buscar mineral en Chalatenango es conseguir el aval de los propietarios del suelo. A falta de consenso, el derecho a la propiedad privada se impone; el permiso gubernamental es inoperante.

Así lo admite el subdirector de Minas e Hidrocarburos, Pedro Ábrego: “la ley de nosotros no es de utilidad pública, por lo que no podemos expropiar”.

Temorosos, previendo todo escenario posible, los habitantes de los seis municipios afectados están armando su defensa legal. Para ello han solicitado los servicios del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDHUCA.

“Acá llegaron queriendo saber qué derechos pueden reclamar y, en caso de que se complicara el asunto, qué acciones legales podrían emprender”, explica Mirla Carbajal, encargada del caso.

Dueños. De este municipio nororiental es gran parte de los propietarios con los que Martinique Minerals debe llegar a un acuerdo para explorar. Foto: EDH/Oscar Payes

Tras confirmar la primacía del derecho a la propiedad privada, la jurídica plantea la siguiente contradicción: “resulta ilógico que el gobierno pueda dar licencias de exploración cuando en el país apenas hay tierras que no sean particulares”.

Y sobre la posibilidad de que el Estado pudiera obligar a los chalatecos a ceder sus tierras, opina: “Se expropia en función pública, para construir carreteras por ejemplo, y en este caso se podría alegar que es por el beneficio del país“.

Pero sin desechar el escenario, resta probabilidades, según Carbajal, éste es a todas luces un argumento débil, ya que el país se queda con el 2% del valor del metal extraído.

“Diferente sería si fuera el mismo Estado el que fuera a explotar el mineral. Porque la ganancia de las ventas se quedaría acá. Pero sabemos que se trata de empresas privadas, además, la mayoría extranjeras”.

Una de ellas es Martinique Minerals S.A. de C.V., constituida el 29 de junio de 2004, con el 99% del capital canadiense.

Más resistencias a la exploración

Las organizadas comunidades de Las Limas, Guarjila, Arcatao, San Isidro, San Antonio La Cruz y Las Flores no son las únicas que rechazan la incursión minera. Dos años de ventaja les llevan en Joateca, Morazán, a los chalatecos en materia de oposición. Son los veteranos de la resistencia.

Desde 2003, los joatecos bloquean cada intento que la compañía minera Monte y Selva hace por localizar en el territorio oro, plata, cobre, plomo, molibdeno y caolín; recursos que la resolución 55 de la Dirección de Minas e Hidrocarburos le autoriza buscar en un área de 12 kilómetros cuadrados denominado Cerro Pedernal.

“Ya son casi tres años que estamos organizados y que no damos permiso”, informa el alcalde Vicente Argueta.

Como en Chalatenango, las directivas de Joateca se firmaron un acta de compromiso. Desde entonces es el pueblo el que decide: “porque aunque un vecino quiera ceder el pedazo del que es dueño, es el municipio el que tiene que velar por sus intereses”.

Según Argueta, es de ley, pues es la comunidad la que sufriría las consecuencias del “exterminio y la depredación”, no únicamente el propietario permisivo.

Menos éxito han obtenido los opositores a la actividad de la empresa Pacific Rim en San Isidro, Cabañas. Finalizada la fase exploratoria, esta compañía minera aspira ya a una concesión de explotación.

Se encuentra a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) valide el estudio de impacto ambiental entregado el pasado 8 de septiembre y cumplir así el último requisito para la concesión.