La ley para la protección de los civiles

Hay detractores Se establecen obligaciones. Los ambientalistas dicen que eso no se aplica al Estado

Publicada 10 de octubre 2005 , El Diario de Hoy

Siempre listos. Los organismos de socorro han estado adelante desde la emergencia del Volcán de Santa Ana. Su labor es hoy mandato de ley. Fotos EDH / archivo

Susana Joma
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Hospitales privados y públicos están ahora obligados a atender a cualquier persona que resulte con daños físicos durante desastres que ocurran en el país, mientras el Gobierno no sólo deberá escuchar advertencias de posibles eventos, sino también atender peticiones concretas sobre obras de mitigación por parte de comunidades.

Se trata de algunos mandatos de la nueva Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación, publicada en el Diario oficial el 31 de agosto, antes de que empezara a temerse una erupción del Ilamatepec y el temporal.

La norma legal, aunque vigente, carece de reglamentos, y la emergencia evidenció la urgencia de tenerlos. No obstante, el ministro de Gobernación, René Figueroa, dijo que un equipo trabaja en ellos y “el que no existan los reglamentos no significa que no pueda operar”.

Aparte de los ecologistas, el resto de entidades poco ha reparado en la norma, pese a que establece las obligaciones y responsabilidades para varios de los sectores. Eso evidenció cuando se trató de consultar sobre la misma.

Las autoridades han quedado obligadas a informar, rápido, sobre cualquier peligro. El ciudadano tiene que acatar las disposiciones de prevención y evacuar las áreas peligrosas cuando las instancias correspondientes lo dicten, entre otros deberes.

Al igual que los hospitales públicos y privados, todos los salvadoreños están obligados a dar auxilio a los heridos en desastres. La Ley de Defensa Civil de 1976, en la cual los gobiernos se apoyaban para atender las emergencias no hacían fuerza en tales puntos.

Esa ley, derogada el 18 de agosto cuando 59 diputados votaron la nueva, contemplaba un Sistema de Defensa Civil integrado por un Comité Nacional de Defensa Civil y sus representaciones locales.

Esas entidades se desnaturalizaron en la guerra. Después fueron rebautizadas como Sistema Nacional de Emergencia (Sisnae) y Comité de Emergencia Nacional (Coen). Ahora la Ley de Protección las convierte en Sistema Nacional de Protección Civil y en Comisión Nacional de Protección Civil.

La ley, que viene con un fondo para la prevención y atención de emergencias, afronta ya intentos de reforma. Para empezar, de los ecologistas. Opinan que carece del espíritu preventivo y los recursos del fondo son muy bajos. El director del Coen, Mauricio Ferrer, trató de darle su lugar y asegura que trae elementos importantes y no deja de lado la prevención.

El abogado y especialista en medio ambiente, Roberto Alvarado, de Care El Salvador, dijo que, entre junio y julio, un grupo de organizaciones denominado Red Esfera propuso a los diputados que la legislación debía tener estándares mínimos y la Carta Humanitaria, pero eso no fue considerado.

“Nuestro trabajo ahora es revisar y, en un momento dado, modificar o abrogarla (incorporar cosas)...”, sostiene, ante la posibilidad de que tenga deficiencias. El experto de Care añadió que “si no se preparan adecuadamente a las personas y a los pueblos, por muy buenos planes de mitigación que tenga, por muy buenas leyes que tenga, es casi seguro que (un evento) va a tener mayor impacto negativo”.