|
Lafitte
Fernández*
El Diario de Hoy
editorial@
elsalvador.com
No hay que hacer un enorme esfuerzo académico ni encargar costosos
estudios ni tampoco contratar a expertos internacionales, para establecer
que El Salvador tiene una reforma pendiente: la modernización de
su Estado.
El país está parado sobre un enorme anticuario de instituciones
y leyes en el que también hay que admitirlo despuntan
construcciones modernas. Basta con pegarle una ojeada al desarrollo de
las instituciones salvadoreñas para saber que el Estado está
construido, por herencia de su historia, sobre un museo viviente en el
que conviven toda suerte de racionalidades del poder.
Aquí tenemos de todo: desde entidades y creaciones jurídicas
que respondieron a una época en que el Estado era productor de
bienes y servicios hasta otro Estado desregulador y normativo.
En ese museo subsisten instituciones creadas para empujar un Estado benefactor
o desarrollista como el que se construyó en México en tiempos
de Manuel Camacho, o en Costa Rica con José Figueres, hasta otros
en que se privatizaron políticas públicas.
Mucho menos es de extrañar que encontremos instituciones y leyes
hechas por militares en plena Guerra Fría, hasta exitosos y modernos
proyectos. El problemas no es haber pasado por esos trances mientras se
buscaba, por influjo de la historia, la construcción de una apertura
democrática con reformas económicas o sociales.
El verdadero problema es que lo nuevo subsiste con un anticuario en medio
de enormes paradojas. Si bien la institucionalidad gubernamental se ha
ido ajustando, la prisa, las nuevas visiones, la necesidad de recuperar
el tiempo perdido provocaron un olvido de correcciones obligadas.
Eso ha causado duplicidades, ausencias de controles, responsabilidades
difusas, faltas de coordinación y otros males mayores, como el
abigarramiento de una burocracia que no quiere perder los poderes con
los que nació.
El Salvador debe serenarse y concentrarse en esa reforma pendiente. Debe
modernizar su institucionalidad, ajustar su Estado a los tiempos porque,
en ocasiones, cuando se intenta avanzar, obligadamente hay que toparse
con el museo viviente.
Para empezar, lo primero que se debe reformar es la Constitución
Política. Dichosamente, cada vez escucho más voces que invocan
el cambio. De ahí, en adelante, hallaremos disposiciones secundarias
que es incomprensible la forma cómo subsisten.
Tome el Código Municipal y comprenderá que, bajo toda lógica
jurídica, se le incluyeron disposiciones que están muy alejadas
de la visión de un Estado moderno. Tome lo que sea, y encontrará
lo mismo en toda suerte de leyes e instituciones. Ese mal no es sólo
de El Salvador. Es un mal latinoamericano, aunque pocos países
se han atrevido a asumir el reto de la modernización del Estado.
Tal vez el que mejor lo ha hecho es Chile.
Los políticos chilenos no están alejados de la histórica
discusión sobre si una sociedad necesita más o menos Estado.
Pero, cada vez concluyen, con mayor holgura, que los anticuarios institucionales
sólo desaparecen si se entiende que la modernización del
Estado debe ser permanente y continua.
Eso ha contribuido, entre muchas otras cosas, al hecho de que Chile tenga
la economía con más competitividad en América Latina.
El Salvador también tiene suficientes razones para estar optimista:
es el país centroamericano más competitivo, como lo acaba
de declarar el Foro Económico Mundial. En otras palabras, eso significa
que es el país del área con mejores condiciones para sacarle
ventajas al libre comercio, a las inversiones o a las grandes iniciativas.
Pero, y de eso estoy seguro, estaría muchísimo mejor si
se tuviese la voluntad política, y aquí hay que incluir
a todos los partidos, de modernizar sus instituciones.
La obligada reforma le servirá al país para todo. Hace pocos
días asistí a un valioso foro que organizó Fusades
para examinar la Corte de Cuentas y la corrupción.
En el examen participaron destacados panelistas. Ahí se congregaron
académicos, intelectuales, empresarios, políticos, periodistas,
abogados y muchos otros. Hablaron de revalorizar la política, de
perfeccionar controles, de cambios culturales, y muchísimas cosas
más.
Pero, se olvidaron de que, si bien el país puede tener el mejor
órgano contralor del mundo, poco se puede hacer si no se modernizan
las instituciones del Estado. Obviamente, modernizar un Estado supone
una definición previa del Estado que queremos. Pero, hay algo válido
en ese tema: modernizar va a significar, en algunos tramos, limitaciones
al poder. Entre ellos, el de los propios burócratas.
*Periodista.

|