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Aplicación de la ley Combate a las pandillas
una mano dura y otra suave

Al 30 de agosto de 2004, A un año de entrada en vigencia el plan Mano Dura, la Policía Registró la captura de 19 mil 275 pandilleros. De esos, 17 mil 540 fueron liberados casi de inmediato.


Publicada 28 de septiembre 2005 , El Diario de Hoy

El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Se les acabó la fiesta”, es la frase recurrente que pronuncian en múltiples ocasiones funcionarios de Gobierno, al prometer el fin de las pandillas.

Sin embargo, las estadísticas muestran lo contrario, los dwlitos se multiplican mientras la mayoría de detenidos es liberada por los tribunales de justicia.

Desde que las pandillas se convirtieron en las principales promotoras de la violencia, la policía y los encargados de diseñar los planes de seguridad le han apostado a la aplicación de la ley, como principal mecanismo de solución.

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Debido a la inmediatez de los actos delincuenciales y al crecido numero de delincuentes la prevención y la rehabilitación han estado relegados a proyectos de menor escala.

La apuesta del Gobierno tomó mayor vigor el 23 de julio de 2003, cuando el ex Presidente de la República, Francisco Flores, lanzó el plan “Mano Dura” en la colonia Dina, al sur de San Salvador, con la promesa de erradicar las pandillas que operaban en esa zona y en todo el país.

Entre la ley y la Constitución
El plan Mano Dura fue inauugurado el 23 de julio de 2003 por el ex Presidente Francisco Flores, en la Colonia Dina, ubicada al sur de San Salvador.
Tres meses después, el 9 de octubre de 2003, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Antimaras, que establecía varias reformas que endurecían el control de los pandilleros.
La normativa tendría una vigencia de seis meses (del 10 de octubre de 2003 al 10 de abril de 2004). Justo nueve días antes de que caducará la ley, la corte Suprema de Justicia (CSJ) la declaró inconstitucional.
Ese mismo día, el Gobierno envió otra propuesta de ley contra las pandillas al Congreso, que de inmediato la aprobó. Su vigencia, 90 días.

Simultáneamente, el Presidente Flores envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de la “Ley Antimaras”, que fue aprobado el nueve de octubre de 2003. La normativa establecia un mayor control y sanciones mas severas para los pandilleros.

De inmediato, la policía - apoyada por la Fuerza Armada- comenzó a capturar a decenas de pandilleros, sin embargo, el impulso comenzó a perder fuerza a los pocos días, cuando la mayoría delos padilleros fue liberada por los tribunales que adujeron falta de pruebas.

Desde entonces, esa ha sido la dinámica en el sistema judicial.

Al 30 de agosto de 2004, un año después de que entró en vigencia el plan “Mano Dura”, se registró la captura de 19 mil 275 personas, acusadas de pertenecer a las pandillas. De ese total, 17 mil 540 (el 91 por ciento) fueron liberados casí inmediatamente.

De ellos, 16 mil 191 (el 84 por ciento) fueron absueltos de cargos de manera definitiva por no existir motivos para su detención. Mientras que mil 349 fueron sobreseídos provisionalmente, porque no existían pruebas suficientes, segun publicaciones de los principales periódicos matutinos y retomados por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) en el Informe Anual 2004.

La tendencia anterior ha sido similar en el último año, desde que entró en vigencia el nuevo plan “Súper Mano Dura”, que es parte del plan de Gobierno “País Seguro” anunciado por la administración Saca.

Los otros componentes de esta iniciativa son el “Plan Mano Amiga”, disenado para prevenir y el Plan Mano Extendida, para rehabilitar.

“De acuerdo con datos proporcionados por la PNC, a partir del 9 de agosto del presente año (2004), día en que entraron en vigencia las nuevas reformas penales hasta el 12 de octubre de 2004, han capturado a 2,067 miembros de pandillas”, prosigue el informe de Fespad.

De este total, 894 (el 43 por ciento) pasó a la etapa de instrucción con detención. Un total de 477 (el 23 por ciento) fue sobreseído provisionalmente. En tanto que a 302 (el 15.6 por ciento) les decretaron medidas sustitutivas a la detención. Muchos de esos pandilleros fueron acusados de asociaciones ilícitas.

Reflexiones

En su momento esas liberaciones provocaron malestar en funcionarios de Gobierno, ya que consideraban que los capturados aún siendo una amenaza para la sociedad, habían sido favorecidos en los tribunales de Justicia.

Y lo más grave aún, muchos de esos pandilleros fueron detenidos tiempo después, por la comisión de delitos más graves.

Sin embargo, la respuesta de algunos administradores de justicia ha sido la misma: mientras no existan las pruebas suficientes (que van desde evidencias físicas hasta testimonios) no pueden procesar a nadie, porque de lo contrario violarían los principios básicos de la Constitución de la República.

“súper mano dura” Desde que entró en vigencia el plan, la tendencia de capturas aumentó. Foto EDH

En este sentido, los mismos jueces, abogados y representantes de diferentes organismos consideran que la Policía y la Fiscalía Genaral de la República han cometido un gran error al no perseguir “adecuadamente” el delito.

Es decir, que mientras no exista una investigación bien fundamentada y las suficientes pruebas, los pandilleros serán liberados con facilidad como ha ocurrido.

Para María Teresa Mejía, de la Oficina para la Justicia Juvenil, de la Corte Suprema de Justicia, “una cosa es la percepción y otra es la realidad”, al referirse a lo que la gente piensa en la comunidades, lo que el Gobierno divulga y lo que realmente ocurre.

Con respecto a las reformas al Código Penal, para endurecer las penas contra los mareros, considera que “el problema no se resuelve por medio de decretos”, por lo que debería hacerse un enfoque más estructural del fenómeno y, así, encontrar otros caminos que constribuyan a salir de la maraña.

“El problema de la violencia nunca se ha tratado seriamente”, concluye y remata: “Si hace viente años hubiéramos trabajado en la prevención, no estariamos así”.

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