Conversando sobre política
“Las elites políticas y el desarrollo humano”

La sociedad civil se vería imposibilitada de lograr sus objetivos, si no existieran políticos que recogieran sus peticiones y las transformaran en proyectos de ley o acciones de Gobierno concretas

Publicada 28 de septiembre 2005, El Diario de Hoy

Luis Mario Rodríguez R.*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Cuando de elites hablamos, nos vienen a la cabeza de inmediato las personas o grupos privilegiados por su posición económica, política, religiosa o de cualquier otra índole. Si le agregamos el calificativo de elite política, nos referimos entonces a aquel conjunto compuesto por las personas que tienen el control sobre las organizaciones e instituciones relevantes de la política. En definitiva, cuando alguien nos menciona el concepto de elite, comúnmente nuestro cerebro nos indica que estamos ante una clase que sin duda alguna detenta alguna clase de poder, en este caso, el poder político.

Sin embargo, cuando se analizan las elites políticas, nos llevamos tremenda sorpresa, pues resulta que también los menos privilegiados, son parte de aquellas que nosotros considerábamos, estaban formadas sólo por la clase privilegiada. Esta afirmación nos permite incluir en las elites políticas, no sólo a los políticos, sino también a las organizaciones empresariales, a los sindicatos y como algunos señalan, también a los “antielitistas”.

Así, la maestra Eva Etzioni-Halevy, profesora de Cambridge, nos señala que “las elites están formadas por aquellos situados entre los más privilegiados, pero también por los hombres y las mujeres más activos entre los menos privilegiados, o aquellos que lideran los intereses de los menos privilegiados… incluyen entonces, también a los que luchan por el cambio hacia una mayor igualdad…”.

Esta no es una columna dedicada a analizar teóricamente a las elites políticas. Lo que se pretende es discutir con los lectores el papel que deberían compartir los distintos actores que de acuerdo a lo señalado, integran a esta clase de grupos. Empresarios, sindicalistas, organizaciones de la sociedad civil y a aquellos políticos que ocupan posiciones relevantes de control en parcelas de poder (alcaldes, concejales, diputados, ministros, entre otros), todos desempeñan, o por lo menos deberían desempeñar, un papel estratégico en el crecimiento del desarrollo humano. A ninguno de estos actores, miembros de las elites políticas, le tendría que estar permitido delegar en el otro la responsabilidad de disminuir la pobreza, aumentando el alfabetismo, la posesión de una vivienda digna, o la alimentación diaria para aquellos que padecen de desnutrición severa.

Todos estamos llamados a contribuir al desarrollo económico y social. Ninguno estamos exentos de ello. Llama la atención cuando en cada reunión, aquellos que no están en el Gobierno, se expresan de los problemas nacionales como si fueran totalmente ajenos a sus intereses. Ciertamente la democracia representativa exige que los que hayan resultado beneficiados con el voto popular, den respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Pero no es menos cierto también que el Gobierno nada puede hacer sin el concurso de la empresa privada y esta última de igual forma, no podría ser competitiva si no contara con trabajadores efectivos y altamente productivos.

Asimismo, la sociedad civil se vería imposibilitada de lograr sus objetivos, si no existieran políticos que recogieran sus peticiones y las transformaran en proyectos de ley o acciones de Gobierno concretas y beneficiosas para la población en general.

No podemos quedarnos de brazos cruzados en un país donde el ataque a la delincuencia necesita, por un lado, de un alto grado de profesionalismo por parte de policías, jueces y fiscales y por el otro, de la denuncia ciudadana y de la colaboración de victimas y testigos para el éxito de los que tienen a su cargo la investigación de delito.

No es posible que los trabajadores, sindicalizados o no, exijan aumento salarial, si por el otro, su grado de productividad es bajo, lo que pone en riesgo la competitividad empresarial; es contraproducente que el Estado se esfuerce por dinamizar la economía, sino vemos la suficientes inversión privada. En fin, todo equilibrio necesita del esfuerzo de dos partes.

Los binomios en El Salvador se encuentran a la orden del día y éstos deben procurar que su funcionamiento sea sincronizado: empresarios y trabajadores; gobierno y oposición política; funcionarios y contribuyentes; crecimiento económico e inversión privada, seguridad pública y denuncia ciudadana.

Cada uno tenemos nuestra propia visión de los problemas y la solución para todos ellos. Sin embargo, el Estado es el obligado al final de cuentas a procurar las condiciones necesarias para el crecimiento económico y la paz social. Pero ello no significa una total ausencia de aquellos, privilegiados o no, que integran a las elites políticas. Unos y otros están llamados a contribuir con su trabajo, sus propuestas y hasta con sus críticas, seguida de las respectivas recomendaciones, al desarrollo nacional.

La semana pasada justamente viví una experiencia que me llamaba a la reflexión de cómo algunos consideran que el Gobierno es el llamado a solucionar todos los problemas; curiosamente, son aquellos que más oportunidades les ha dado la vida.

Mientras dos buenos amigos que podría decirse se encuentran dentro de los privilegiados, se quejaban conmigo de la economía, la seguridad, la sobrepoblación, los drenajes y hasta de los problemas con sus vecinos, otros menos privilegiados, que se encontraban en la misma reunión, se congratulaban por haber conseguido un contrato más para amenizar la fiesta siguiente y para servir como meseros.

Estos últimos me decían que gracias a la “estabilidad económica” de familias como la oferente de la fiesta, ellos podían alimentar a su familia. Ellos sabían que sus necesidades son muchas y que el Gobierno debe darles respuestas, pero también están concientes que deben contribuir a su mismo desarrollo trabajando y esforzándose. Estos son los contrastes salvadoreños dentro de nuestras elites políticas.

*Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República.