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Eduardo Ulibarri*
El Diario de Hoy
editorial@
elsalvador.com
(San José, C.R.). Dentro del complejo repertorio de inestabilidad
política que ha golpeado a varios países hemisféricos
durante los últimos años, la grave crisis que vive Nicaragua
se aparta de cualquier precedente.
Los casos de ingobernabilidad, autoritarismo, renuncias o expulsiones
presidenciales acumulados en América Latina desde que, en 1992,
Alberto Fujimori impuso en Perú su dictadura disfrazada de democracia,
han tenido múltiples disparadores. Pero en todos ellos han mediado
factores políticos, económicos, étnicos, sociales
o institucionales de fondo.
En Venezuela, el colapso de su sistema de partidos abrió, hace
una década, la ruta del populismo caudillista y un virtual cambio
de régimen.
La crisis económica argentina precipitó, en diciembre de
2001, la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa y el posterior
ascenso de Néstor Kirchner, tras una primera vuelta electoral que
no ganó y una segunda que no se produjo.
Bolivia va por su tercer Presidente en dos años y adelantó
elecciones para diciembre, como consecuencia de sus conflictos étnicos,
regionales e ideológicos.
Un reacomodo de lealtades políticas, más una acumulación
de pugnas y desaciertos, condujo, hace cinco meses, a que el Congreso
ecuatoriano destituyera a Lucio Gutiérrez y lo sustituyera por
su vicepresidente, Alfredo Palacios.
La rebelión que, en febrero de 2004, forzó la salida de
Jean Bertrand Aristide y el establecimiento de un gobierno interino en
Haití fue producto de su cotidiana postración, fuente de
todas sus tragedias.
El riesgo de ruptura que padece Nicaragua, en cambio, se origina en factores
de carácter muy distinto a los anteriores.
Cierto que sus índices de pobreza y marginalidad están entre
los peores del continente y que su historia política ha sido en
extremo cruenta. Es decir, posee ingredientes de peso para la crisis.
Sin embargo, la actual amenaza contra su democracia no surge de una población
desesperada; al contrario, los nicaragüenses han dado sobradas muestras
de adhesión democrática. Tampoco se origina en una pugna
irreconciliable entre partidos políticos establecidos, porque tanto
el Liberal Constitucionalista, que domina el ex presidente Arnoldo Alemán,
como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, controlado por
el ex presidente Daniel Ortega, se han convertido en una sola maquinaria.
Y no existen amagos de golpes o autogolpes, sea desde las fuerzas armadas
o la Presidencia, los últimos bastiones de estabilidad.
La verdadera amenaza es que, por primera vez desde que la democracia retornó
como tendencia a América Latina, las instituciones de un país
han sido virtualmente secuestradas por dos capos políticos Alemán
y Ortega, para perpetuar su control y proteger sus intereses personales.
Ambos han instrumentado la abrumadora mayoría de sus incondicionales
bancadas en la Asamblea Nacional, y la debilidad política del Presidente
Enrique Bolaños, para imponer, mediante reformas constitucionales
legales, pero ilegítimas, un Estado y una institucionalidad a la
medida de sus ambiciones.
Y lo peor es que lo han logrado, a espaldas de la voluntad popular, con
la complicidad de algunos sectores (incluida parte de la jerarquía
eclesiástica), y con un claro designio de impedir que otras opciones
políticas se organicen para romper el control de liberales
y sandinistas en las elecciones de 2006.
La población y el Presidente han respondido con un firme rechazo.
Sin embargo, Ortega y Alemán han persistido en su arremetida, y
todo parece conducir a un choque de perturbadoras proporciones.
En estas condiciones, la única esperanza que queda para una salida
que sea, a la vez, pacífica y democrática, es una enérgica
y concertada presión internacional, que se sume al rechazo popular.
La Carta Democrática de las Américas brinda el esquema para
actuar. Sólo falta, ahora, la decisión. (Firmas Press).
*Analista costarricense-cubano.

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