Desde Washington
Las secuelas del huracán Katrina

Publicada 23 de septiembre 2005, El Diario de Hoy

Marcela Sánchez*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Cuando el Presidente Bush prometió la semana pasada que la Costa del Golfo se convertiría en “uno de los esfuerzos de reconstrucción más grandes que el mundo haya visto”, sugería que la inversión sin precedentes de miles de millones de dólares en fondos federales transformaría a la región no sólo física, sino socialmente.

Bush dijo que “el mayor número de empleos posible debe destinarse a los hombres y las mujeres que viven en Luisiana, Misisipi y Alabama”. En efecto, reconstruir la región —diques, carreteras, redes eléctricas, casas— debe ser tarea de todos los afectados por el huracán Katrina y sus secuelas.

Hasta ahora, sin embargo, la acción del Gobierno parecería indicar que el trabajo ha de ser hecho por otros segmentos de la población estadounidense. El 8 de septiembre, Bush emitió una orden Ejecutiva que suspendía las reglas Davis-Bacon, según las cuales los trabajadores de la construcción en contratos federales deben recibir por lo menos el salario promedio de la región. A esa decisión le siguió el anuncio, días después, del Departamento de Seguridad Interna de que no aplicará sanciones a empleadores que contraten personal sin documentos laborales apropiados.

Y esto podría convertir las secuelas de Katrina en un tema migratorio. En años recientes, la industria de la construcción en Estados Unidos se ha convertido en un imán de inmigrantes latinos, mucho más que de otros grupos raciales o étnicos en este país.

Según el Pew Hispanic Center, los trabajadores latinos nacidos en el exterior representaron el 40 por ciento del crecimiento laboral total en la industria de la construcción el año pasado. Antes de Katrina, los hispanos representaban sólo un dos por ciento de la fuerza laboral, pero tenían más del cinco por ciento de los trabajos en construcción en los estados del Golfo, Luisiana, Misisipi y Alabama, de acuerdo con el Economic Policy Institute (EPI) de Washington.

Más aún, según el Pew, del total de inmigrantes hispanos que trabajaban en construcción el año pasado, casi dos terceras partes estaban “desautorizadas”.

Especialistas labores afirman que dichos inmigrantes “desautorizados” —indocumentados o ilegales– son precisamente los mismos dispuestos a trabajar por debajo de los salarios establecidos y bajo peores condiciones de las promedio, particularmente si no se les piden documentos.

La suspensión de las reglas Davis-Bacon y de los requisitos de documentos apropiados los justifica el Gobierno como mecanismos para reducir los costos federales, acelerar la reconstrucción y facilitar la contratación de damnificados por Katrina que lo perdieron todo, incluso sus papeles.

Pero grupos defensores de latinos e inmigrantes aseguran que el rumor en la calle es que hay trabajo de sobra en la Costa del Golfo y los inmigrantes ya están movilizándose. Medios de habla hispana y “blogs” en Internet indican que compañías estadounidenses de limpieza contratan rápidamente a latinos, sin hacer preguntas.

Algunos miembros del Congreso prometen convertir el esfuerzo de recuperación en una oportunidad para implementar ideas tales como los vales educativos e incentivos tributarios para la inversión empresarial. Bush mismo ha propuesto la creación de una “Zona de Oportunidad en el Golfo”, dentro de la cual el Gobierno proveerá incentivos para que empresarios generen empleos y oportunidades que “rompan el ciclo de pobreza”.

Curiosamente, nadie ha mencionado el desastre como una oportunidad para responder a la inmigración ilegal. Desde 2001, Bush ha estado hablando intermitentemente de la necesidad de un programa de trabajadores temporales, que le permita a inmigrantes dispuestos a trabajar ser contratados legal y ordenadamente por empleadores que acepten hacerlo. Por varias razones esta propuesta no ha avanzado y algunos en el Congreso ya han dicho que Katrina la pospondrá una vez más.

Los más cínicos en este país están convencidos de que la falta de acción en la reforma al sistema de inmigración es muy fácil de explicar: los empleadores ricos y poderosos se benefician con el status quo. Las medidas del Gobierno después de Katrina parecen reforzar ese punto de vista.

Katrina mostró cómo las autoridades federales, estatales y locales pueden verse superadas por desastres naturales. La inmigración no es tan distinta. Durante años, políticos a todo nivel han estado luchando con las consecuencias sociales de cientos de miles de hombres y mujeres indocumentados, que viven con temor a las autoridades y acuden al Gobierno sólo como último recurso. Los estados, en particular los fronterizos, se han sentido tan abrumados que recientemente los gobernadores de Arizona y Nuevo México declararon estados de emergencia a lo largo de sus fronteras con México.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, Katrina arrebató cerca de 400.000 empleos. Jared Bernstein, un eminente economista del EPI, calculó que el costo de reconstrucción de $200 mil millones de dólares creará entre 400.000 y 500.000 empleos.

Tal vez algunos piensen que los damnificados llenarán las vacantes, pero de seguro no será así de simple. Los inmigrantes, muchos de ellos ilegales, probablemente tengan un importante papel en el esfuerzo de reconstrucción. Estos trabajadores indocumentados, por su parte, posiblemente sean una carga extra para las autoridades estatales y locales y tal vez exacerben la pobreza en una región ya deprimida.

*Columnista del Washington Post.