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Nunca es demasiado tarde para prevenir

La información técnica y el conocimiento profesional sobre el fenómeno de la violencia son fundamentales para articular programas de prevención, que son parte de políticas públicas de atención a la criminalidad

Publicada 22 de septiembre 2005, El Diario de Hoy


José Miguel Cruz*
El Diario de Hoy

editorial@ elsalvador.com

(Y tercera parte)
La voluntad política, la participación de diferentes sectores y la recuperación de los derechos fundamentales de los ciudadanos son condiciones fundamentales para prevenir la violencia social en El Salvador, pero no bastan. También es necesaria cierta capacidad técnica para comprender y afrontar problemas tan complejos como el de la violencia.

El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y eso parece haber pasado en el país desde que vivimos con la mano dura. Lo que impide que buenas intenciones se terminen convirtiendo en los vehículos directos para el desastre son políticas públicas diseñadas sobre la base del conocimiento sistemático del fenómeno y no sobre las intencionalidades electorales de los funcionarios. Y esto implica no sólo saber perseguir delincuentes con mano dura, sino, sobre todo, comprender y estar al tanto de las complejidades de la problemática del crimen y la violencia.

Luego de varios meses de campaña mediática para convencernos de que se están tomando las medidas necesarias para reducir los homicidios y luego de igual número de meses de presenciar una escalada en los asesinatos, no queda tan claro si la falta de políticas y estrategias adecuadas es el resultado de la simple incapacidad de los funcionarios de turno por encontrar las soluciones o de alguna siniestra intencionalidad política, como la que se puede deducir de aquella declaración de un jefe policial en la que indicaba que ya sabía que los homicidios se iban a incrementar con los planes de mano dura, porque los pandilleros se iban a matar entre ellos.

En realidad creo que a esta altura no es justo dudar de la voluntad de algunos funcionarios del Gobierno por reducir los niveles de violencia y crimen en el país; aun para los ciudadanos más opulentos que cuentan con sus ejércitos privados de protección es imposible que no se sientan afectados por los niveles de inseguridad que genera el crimen, y hay que recordar que nuestra clase acaudalada suele influir de manera más decisiva en el aparato gubernamental. Pero lo que no queda igualmente clara es la capacidad de quienes nos gobiernan para anteponer las decisiones técnicas por sobre los intereses electorales.

Durante muchos años, diversos estudios sobre el crimen en El Salvador y prácticamente todas las agencias internacionales de cooperación le han indicado a nuestro Gobierno, que una de las primeras cosas que hay que hacer para poder afrontar con efectividad la inseguridad pública en el país es tener información confiable y actualizada sobre el fenómeno, y esto implica en cierto modo crear un sistema nacional unificado de estadísticas sobre la violencia.

A pesar de que varias instituciones han hecho logros significativos en el procesamiento de la información criminal, aún es común encontrar que los datos de las instituciones sobre el homicidio (un delito difícil de pasar por alto) simplemente no concuerdan. Y no concuerdan por mucho: piense por favor en diferencias de más de 100 muertes anuales entre los datos de la Fiscalía y de la PNC.

Para poder prevenir necesitamos saber qué estamos previniendo y qué cosas pueden ayudarnos para ese propósito. La información técnica y el conocimiento profesional sobre el fenómeno de la violencia son fundamentales para articular programas de prevención, que son parte de políticas públicas de atención a la criminalidad. Y éstas deben prevalecer en la formulación de las estrategias por encima de los criterios políticos electorales.

Los planes de mano dura no sólo no han sido efectivos para afrontar la violencia en Centroamérica, también le están generando una terrible imagen a los aparatos gubernamentales en el exterior. La prestigiosa revista británica The Economist, con una fuerte influencia en la comunidad política y empresarial mundial, calificó las políticas centroamericanas de mano dura como draconianas e inefectivas en una edición de octubre del año pasado.

En la misma línea se inscribe un reportaje reciente sobre las pandillas centroamericanas en la revista Foreign Affairs. En las conferencias internacionales ya no sólo se habla de las maras, se habla también de los fracasados planes de represión de los gobiernos, en especial los de Honduras y El Salvador. Y más de algún funcionario de alto nivel del Gobierno salvadoreño, en foros internacionales, ha tenido que afrontar la vergüenza de que especialistas mundiales pongan a la política de mano dura como un ejemplo de medidas fracasadas y violadoras de derechos humanos.

Las políticas orientadas hacia la represión no han funcionado y sólo nos han devuelto el espanto de vivir con la violencia a la vuelta de la esquina. Es hora de que apostemos por la prevención —aunque sea sólo para mejorar la imagen del Gobierno en el exterior—, pero para ello hay que contar con la voluntad política de concertación sectorial, de transformación social, de respeto estricto a los derechos fundamentales y de gobernar para el bien de todos.

Nota aclaratoria: Con esta columna doy por terminada la serie semanal de artículos sobre violencia en el país, que inicié a mediados de julio. A partir de la próxima semana y de allí cada quince días, volveré a otros temas sobre la vida nacional.

*Director del IUDOP de la UCA y columnista de El Diario de Hoy.



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