Educación reitera legalidad de títulos de 14 ex jueces

Petición. Los ex funcionarios han pedido a la Corte Suprema de Justicia que los restituya en sus cargos porque no infringieron la Ley de Educación Superior ni cometieron delito

Publicada 16 de septiembre 2005 , El Diario de Hoy

Reclaman. Rosa Elsa Moreno y Jacinto González pidieron al alto tribunal recuperar su cargo el pasado 20 de julio. Foto EDH/archivo

Jaime García
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Tras una exhaustiva investigación realizada a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Educación (Mined) concluyó que 14 títulos de jueces destituidos son legales.

En julio, la Corte en pleno solicitó al Mined que explicara por qué legalizó las acreditaciones académicas que el Fiscal Especial Roberto Vidales indagó en un informe.

Un grupo de ex jueces que fueron destituidos tras figurar en el documento ha pedido a la Corte que los restituya en sus cargos, les pague los salarios que dejaron de percibir y les reivindique el honor.

“Lo que sostenemos en el caso de los que han sido registrados es que hay un proceso válido y que se cumplió para registrarlos”, informó a El Diario de Hoy la ministra de Educación, Darlin Meza.

Nada ilegal

Agregó que el registro de los títulos es un acto eminentemente administrativo, y que, en todas las carreras profesionales, está basado en la confianza que el Mined tiene de los documentos que se le presentan.

“Si más tarde alguien demuestra que esos documentos no son legales, el Ministerio tiene, así como la facultad de registrarlos, la de invalidarlos”, reiteró.

En 2003, por el informe Vidales, 38 jueces fueron separados de sus cargos y algunos, procesados por ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material. Al menos dos fueron condenados.

Sin embargo, 34 de éstos se han abocado a la Corte para pedir que les devuelvan sus puestos, porque el Mined les autorizó sus títulos, ya que no encontró irregularidades en su obtención.

“Lo que hemos hecho es responder a una lista que nos mandó la Corte. Se nos preguntaba cuál es el estatus de este grupo de profesionales en términos de registro y hemos dado respuesta a esa carta de manera individual”, dijo Meza.

“Lo interesante es que todos son títulos de antes de 1995, donde la antigua Ley de Educación Superior ni siquiera hablaba de registrarlos”, recalcó.

Magistrados de la Corte Suprema no estuvieron disponibles para comentar ayer por el asueto cívico.

Instituciones clausuradas funcionaron por la Ley de Universidades Privadas

Los jueces que fueron separados de sus cargos por el informe Vidales advirtieron que ellos no cometieron ilegalidades en la obtención de sus títulos como profesionales del Derecho, ya que las universidades en las que los obtuvieron estaban autorizadas por la Ley de Universidades Privadas y el Reglamento Especial de Equivalencias de Estudios para Universidades Privadas.

Los profesionales afectados han reiterado que, en 2004, el Ministerio de Educación les validó sus títulos al verificar que se cumplieron todos los requisitos pedidos para tal fin.

Incluso sostienen que el plan de estudios de la carrera de Ciencias Jurídicas estaba aprobado.

Los ex juzgadores han manifestado que, aunque las instituciones de estudios superior fueron clausuradas por Educación, no se estableció cómo quedaba la situación jurídica de los graduados.

Las instituciones sí validaron los créditos académicos obtenidos por los estudiantes al cursar sus carreras.

Los ex jueces han mostrado sus carnés que los acreditan como abogados y notarios autorizados por la misma Corte Suprema de Justicia.