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Segunda
parte
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Hace más de una década, la capital colombiana, Bogotá,
era una de las ciudades más violentas de América Latina
y del mundo, con tasas de homicidios de 80 asesinatos por cada 100,000
habitantes. Varios años después, luego de una serie bastante
ambiciosa y creativa de programas de prevención, que implicaba
una transformación de la cultura ciudadana y de las relaciones
interpersonales en la ciudad, Bogotá está lejos de ser la
capital de la violencia que alguna vez fue.
Diez años después, en 2003, la ciudad registró una
tasa de 23.4 homicidios por cada 100,000 personas. Bogotá es, sin
embargo, la capital de uno de los países más violentos del
mundo, pero ello no le ha impedido a los diversos gobiernos locales articular
esfuerzos multisectoriales y mulpartidarios para transformar las condiciones
de vida de la ciudad, teniendo como meta la transformación de la
manera en cómo los ciudadanos se relacionan entre sí. El
modelo de Bogotá echó por el suelo el discurso del destino
fatal de las ciudades violentas.
A muchos funcionarios locales les gusta citar la experiencia de Nueva
York, basada en el paradigma de la ventana rota y en los programas
de cero tolerancia, como el modelo más eficaz para
afrontar el problema de la violencia. Lo que rara vez se dice es que esos
modelos contaban con una fuerte inversión de recursos y de atención
en el fortalecimiento de los servicios sociales en las comunidades y con
un celoso control del desempeño de las instituciones de seguridad
y de sus agentes para evitar el abuso policial en la lucha en contra del
crimen.
La cero tolerancia no sólo tenía que ver con el crimen,
sino también con la fuerza policial. Ahora, Nueva York está
lejos también de ser la ciudad del miedo que fue en los 70 y los
80, pero la clave de su éxito no estuvo en la cero tolerancia,
estuvo más bien en el diseño de programas sociales y de
contraloría pública que permitieron el involucramiento de
diversos actores en las estrategias de disminución de la violencia.
Para que cualquier programa de prevención y de atención
de la violencia pueda ser efectivo es necesario aunque no suficiente
cierto nivel de voluntad política por parte de los funcionarios
responsables. Esta voluntad implica no sólo decidirse a afrontar
el problema de manera integral y técnica, sino que también
implica la llamada a los diversos actores y fuerzas políticas que
pueden contribuir a la transformación de las condiciones sociales
que están detrás de la violencia.
En tal sentido, la creación de alianzas políticas nacionales
y comunitarias es fundamental para que los programas de atención
y de prevención sean efectivos. Cualquier programa de prevención
que no involucre a todos los actores y espacios que intervienen en la
violencia está destinado a fracasar, porque lo bueno que puede
construir una institución como la escuela, fácilmente puede
ser destruido por el ejército que difícilmente entiende
por sí mismo de prevención y rehabilitación.
Nuestra violencia de posguerra tiene más de una década de
vigencia, pero los liderazgos nacionales han sido incapaces de poder articular
una estrategia nacional, porque todavía están más
interesados en imponer sus intereses particulares que los de toda la nación.
Y es que la violencia en países como el nuestro, en el fondo es
más el resultado de las condiciones sociales en que vive y se desarrolla
buena parte de la población que en la predisposición biológica
y psicológica del carácter criminal de algunos individuos.
La prevención de la violencia involucra, desde este punto de vista,
la transformación de esas condiciones sociales que fomentan, promueven
y sostienen las conductas de agresión social generalizada.
La segunda decisión importante en torno a la prevención
de la violencia pasa, por tanto, por la implementación de programas
sociales que atiendan las condiciones de desventaja socioeconómica,
que reduzcan las brechas de desigualdad y que promuevan el respeto y el
cumplimiento de los derechos fundamentales de la población.
Es ingenuo pensar, por ejemplo, que algunos niños y jóvenes
van a decidir no meterse en las pandillas si en las comunidades en donde
viven no encuentran oportunidades de formación, empleo digno y
esparcimiento, y por el contrario están sumergidas en el abandono
y la desorganización social. En otras palabras, hacer prevención
de forma efectiva implica volver los ojos hacia el respeto de los derechos
fundamentales de las personas, sobre todo de las más vulnerables.
Como dijo un ministro chileno recientemente: de la cero tolerancia debemos
pasar al ciento por ciento de compromiso con el desarrollo de la población.
*Director del IUDOP de la UCA y columnista de
El Diario de Hoy.

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