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Decenas de capturas en un intenso operativo policial

Santa Ana. Cerca de la mitad de los detenidos era reclamada por cometer homicidios. Decomisaron armas de fuego

Publicada 13 de septiembre 2005, El Diario de Hoy

Seguridad. El control de implicados en distintos delitos es un esfuerzo continuo del cuerpo de seguridad. Foto EDH/Antolin Escobar

Antolín Escobar
El Diario de Hoy

elpais@elsalvador.com


El operativo Súper Mano Dura XXVII, que se inició la madrugada del domingo, continuó ayer lunes y dejó como resultado la captura de al menos 33 sujetos, de los cuales 15 eran reclamados por la justicia, acusados de homicidios.

Los procedimientos y detenciones se hicieron efectivos en diferentes caseríos y cantones de los municipios de Tacuba, departamento de Ahuachapán, explicó el jefe regional de occidente de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Héctor Raymundo Cordero.

En dos de los 53 allanamientos, la policía se incautó de dos escopetas calibre 12 milímetros y dos fusiles calibre 22.

Las autoridades presumen que éstas han sido utilizadas para perpetrar diferentes hechos delictivos. Entre ellos: el asesinato del candidato a alcalde por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Héctor Cabezas.

La causa de su muerte, ocurrida en julio pasado, fue rencillas personales con pandilleros, según dijeron los agentes.

Asimismo, sostienen que las armas también serían las que se usaron en el homicidio de un guardia de seguridad de una empresa privada. En el mismo hecho, dos personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el día de los hechos, los sujetos llegaron al establecimiento vestidos como policías y le dispararon al vigilante para robarle su arma de equipo.

Entre los detenidos figura Jorge Hernández, (a) Chimbolo; Juan Henríquez, (a) Chapa; y Juan Carlos Escobar, (a) Chapino. Todos acusados de homicidio y agrupaciones ilícitas en perjuicio de Magdaleno Aguirre González, Roberto Antonio Aguirre, Noé Rivera García, Aníbal González y Héctor Álvarez Cabezas.

Cordero aseguró que contra los detenidos hay suficientes pruebas que los incriminan. Esperan que los tribunales hagan su parte y encarcelen a los imputados.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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