¿Hacia dónde vamos?
Sinecuras en nuestro tiempo

Lo fantástico del negocio es que no requeriría ningún esfuerzo de parte suya. Sus utilidades no tendrían que ver con eficiencia económica ni con darle un beneficio a los consumidores

Manuel Hinds*
(Segunda parte)
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

En el artículo anterior mencioné que el TLC, que en general es un instrumento de liberalización económica, ha generado espacios para la creación de sinecuras —privilegios otorgados por el Gobierno a personas específicas sin que éstas tengan que hacer nada para gozar de ellos—. Estos espacios se generan por la manera en la que el Tratado manejó la liberalización del comercio en algunos productos.

En general, el Tratado redujo los aranceles de importación. Esta manera de liberalizar es eficiente, ya que los consumidores reciben un beneficio inmediato: los precios de los productos liberalizados bajan en la proporción de la reducción de los aranceles. Es decir, si a un producto que vale $10 internacionalmente se le quita un arancel de 40%, el precio en el mercado doméstico cae de $14 a $10. Esto también beneficia a los productores que usan materiales cuyos aranceles han sido reducidos.

El otro instrumento de liberación usado en el TLC es el de las cuotas. En esencia, en dicho sistema el país permite que se importe una cantidad fija de estos productos pagando cero aranceles. El resto del consumo tiene que ser producido localmente. Nadie más puede importar. Desde el punto de vista del comercio internacional, esto es una liberación, ya que permite el acceso a un mercado que antes estaba cerrado.

Desde el punto de vista del país, sin embargo, tiene dos problemas. El primero es que no proporciona ningún beneficio al consumidor, porque no resultan en una reducción de los precios. Como explico más adelante, todo el beneficio de la liberalización la gana el que tenga el permiso de importación.

El segundo problema es que, siendo que el permiso de importación cuando la importación en general está prohibida es claramente una sinecura, es necesario decidir a quién se le da.
Para ver estos puntos claramente, el lector puede imaginar que recibe un permiso para importar sin aranceles cinco millones de unidades de un producto X del que se consumen 20 millones al año. Nadie más puede importar el producto. Sin aranceles, el producto le cuesta $10, mientras que el local se vende a $14. ¿A qué precio vendería usted el producto? Obviamente a $14, porque la mayor parte del producto se produce en el país y se vende a ese precio.

Note entonces que, siendo que el país tiene el beneficio de comprar el producto X a $10 en vez de a $14, la totalidad del beneficio ($20 millones) se la embolsaría usted. Lo fantástico del negocio es que no requeriría ningún esfuerzo de parte suya. Sus utilidades no tendrían que ver con eficiencia económica ni con darle un beneficio a los consumidores.

Lo único que tendría que hacer, una vez al año, es visitar a un mayorista y venderle toda su cuota. Luego podría retirarse a vivir en la Riviera Francesa por el resto del año.

La pregunta es: ¿A quiénes debe dársele estas sinecuras?

Hay dos maneras en las que el Gobierno puede manejar la asignación de ellas. Una de ellas es dársela, total o parcialmente, a ciertas personas específicas, nombradas de una manera genérica. Una idea común es darle las licencias a los que habían importado el producto X en los tres años previos (por ejemplo, dándoles el 80% a éstos y el 20% a nuevos importadores). Los importadores previos son unos señores específicos, que en realidad podrían nombrarse en la ley o el decreto que les transfiera la sinecura si no fuera porque hacer esto es inconstitucional.

En realidad, aun si no se les menciona de nombre, el otorgamiento arbitrario de un privilegio tan marcado es claramente inconstitucional. Además, ¿cómo se van a escoger a los que formen parte del otro 20%? Tengo la plena seguridad de que en este Gobierno no podría haber corrupción, pero otorgar una licencia de este tipo claramente abre las puertas para que la haya en el futuro.

Mucha gente estaría dispuesta a pagar mucho dinero por una firma otorgando una licencia. Y sería corrupción impune, porque ¿cómo se podría probar que hubo pago? Puede haber muchas otras fórmulas similares, pero todas son totalmente arbitrarias. No hay razón alguna para que no se la den a usted, estimado lector, o a su vecino, o a su jardinero.

La segunda manera, la solución a este problema tanto desde el punto de vista de equidad como de eficiencia económica, es que el Gobierno venda las licencias de importación en subastas públicas y use los ingresos así percibidos en desarrollar actividades en beneficio de la comunidad.

En este caso, por ejemplo, podría establecer un fondo para ayudar a las empresas pequeñas a ingresar al mercado de los Estados Unidos o para mejorar la educación de los adultos en maneras que los ayuden a establecer negocios. De esta forma, los beneficios del Tratado en estos rubros se esparcirían a la comunidad entera. Esta acción del Gobierno sería mucho más justa y eficiente económicamente que pagar un retiro temprano en la Riviera.

*Ingeniero y columnista de El Diario de Hoy.