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Evalúan plan antimaras

Cambios. El Gobierno dice que esa iniciativa debe reformularse. La Corte dice que el sistema es confiable


Publicada 8 de septiembre 2005 , El Diario de Hoy

Agresivos. Las autoridades aseguran que hoy la respuesta de las maras al Súper Mano Dura ha sido delinquir secretamente. Foto EDH


Wilfredo Salamanca/Katlen Urquilla
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com


El Gobierno admite que el plan Súper Mano Dura ya no tiene vigencia y que debe reformularse, porque la respuesta de los pandilleros ha sido violenta. Pero advierte que no anunciará las nuevas disposiciones, sino los resultados.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, afirmó que a un año de la estrategia, ésta “debe adaptarse, porque las maras han adoptado el sigilo en vez del descaro que usaban para delinquir”.

Capturas. El Ejecutivo admite que ha logrado fichar a la mayoría de mareros. Foto EDH

El funcionario dice que el Súper Mano Dura ha permitido fichar a los mareros, y que en los próximos días ejecutarán acciones con otros componentes tácticos que no detalló.

Sin embargo, agregó que el Órgano Ejecutivo no es la única autoridad a la que debe acusarse por los desaciertos en materia de seguridad pública.

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En tanto, voceros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), afirman que en el aumento de la violencia y la delincuencia tienen responsabilidad todas las instituciones del sistema judicial.

Sostienen que el sistema de justicia salvadoreño es uno de los que tiene más credibilidad en América Latina, porque la gente mejor acude a los tribunales a dirimir sus conflictos, antes que tomar la justicia por su cuenta como en otros países.

Jueces opinan
Afirman que sí se aplican las leyes, pero hay algunas que contradicen la Constitución o no hay pruebas.

Martín Rogel
Juez de Sentencia
“Hay algunas leyes que contradicen la Constitución y por eso no se aplican,
pero el problema de la delincuencia no se limita a la aplicación de las leyes,
sino que es más estructural”

Romeo Giammattei
Juez de Paz
“Decir que los jueces no aplican las leyes es una percepción errónea de la población. Hay investigaciones incompletas
y sin pruebas no se puede acusar.
Debe intervenir todo el sistema judicial”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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