|

José Miguel Cruz*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
(Primera parte)
A finales de 1998, en una reunión entre académicos y líderes
empresariales para compartir ideas y discutir alternativas de solución
al problema del crimen y la violencia en el país, algunos de mis
colegas y yo señalamos la necesidad de diseñar y desarrollar
programas de prevención como la manera más efectiva de afrontar
la violencia a mediano y largo plazo en El Salvador.
Frente a esa propuesta, uno de los empresarios preguntó por el
tiempo que le tomaría al país disminuir de manera sensible
los índices de violencia criminal. Le respondí que, con
excepción de las medidas de control de armas y de consumo de alcohol,
las cuales suelen traducirse en reducciones casi inmediatas en el número
de delitos en contra de la integridad física, en realidad toma
algún tiempo reducir los niveles de violencia de forma efectiva,
aun llevando a cabo las mejores políticas de prevención
y atención a la criminalidad.
El empresario insistió con la pregunta pidiendo un lapso de tiempo
concreto, a lo que contesté con un poco de incertidumbre y atrevimiento
que los resultados se verían por lo menos en un lapso de cinco
años. El empresario reaccionó visiblemente alterado y dijo
que, para tener resultados hasta dentro de cinco años, era mejor
no hacer nada, porque con tanto tiempo ya podíamos estar muertos
para 2004, y añadió que la situación del país
era tan grave que había que pensar en medidas prácticas
y efectivas que redujeran de inmediato la violencia.
Casi siete años después y luego de varios gobiernos areneros
de por medio, de numerosas campañas publicitarias para decirnos
que se está combatiendo la violencia, de varias reformas y contrarreformas
legales para endurecer las penas y darle más facultades a la policía
e involucrar al ejército y después de cualquier cantidad
de manos duras y amigas, está claro que todavía tenemos
un problema gravísimo de crimen y violencia.
Los diversos gobiernos de ARENA no han sido capaces de desarrollar ningún
plan efectivo de prevención de la violencia a mediano y largo plazo,
y ni siquiera han podido contraer la espiral de la violencia que azota
al país desde hace más de una década, sino que todo
lo contrario. Entre otras cosas, se han negado a controlar las armas en
manos de civiles e hicieron retroceder aquella ordenanza municipal que
limitaba el consumo público de alcohol en la madrugada.
El único programa efectivo en materia criminal fue el plan policial
de combate de los secuestros, robos de furgones y robos de vehículos,
pero ése no fue precisamente un plan de prevención y ahora,
con el incremento de los robos de vehículos, hay indicios de que
el mismo está perdiendo su efectividad.
En estos siete años han sido asesinadas más de 17 mil personas,
la mayoría de los salvadoreños ha sido asaltada o ha sido
víctima de la criminalidad, y las empresas salvadoreñas
habrían perdido casi 700 millones de dólares a causa del
embate directo del crimen. Aun así, todavía no aparece una
política estatal de prevención de la violencia ni tampoco
existe propuesta alguna proveniente de la oposición política,
en parte, porque a la oposición de izquierdas, que vive culpando
de todo al neoliberalismo, no se le ocurre nada más que esperar
a derrotar al sistema para resolver los problemas del país.
Pero en buena parte, también porque existe la noción terriblemente
equivocada entre muchos funcionarios del Gobierno y un buen sector del
empresariado criollo, todos de derechas, de que las acciones que no dan
frutos inmediatos no sirven para nada, y con esa idea el Gobierno ha permitido
que el problema crezca y se salga de control, al tiempo que ha inmovilizado
o marginado a las instituciones que nos pueden mostrar las virtudes de
la prevención.
Es cierto, hay esfuerzos importantes a nivel de algunos gobiernos locales,
en el Consejo Nacional de Seguridad Pública por cierto, creado
para asesorar al Ejecutivo en materia criminal y en varias organizaciones
no gubernamentales, todos los cuales con una mezcla de creatividad, pocos
recursos y mucha vocación, han logrado encontrar fórmulas
para evitar que los jóvenes de algunas comunidades se maten entre
sí.
Pero dichos esfuerzos y los éxitos mostrados por los mismos a nivel
local no han logrado permear la miopía y el inmediatismo que prevalece
entre quienes toman las decisiones políticas que afectan a toda
la nación.
Lo cierto es que mientras no se desarrollen y se pongan en práctica
planes nacionales de prevención de la violencia, seguiremos asistiendo
a la escalada del crimen, a la descomposición social y a la profundización
de la guerra social que ahora, tanto como hace siete años, nos
está costando tanto. Si no hacemos nada ahora en el ámbito
preventivo, en cinco o siete años podemos estar aún peor.
Por cierto, el empresario al que me referí al principio de esta
columna es miembro del actual gabinete de Gobierno
pero no tiene
nada que ver con seguridad pública.
*Director del IUDOP de la UCA y columnista de El Diario de Hoy.

|