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El
Diario de Hoy
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Una de las lustrosas, descomunales ocurrencias de la “Ley del Consumidor”
es eliminar las calificadoras de crédito: no podrán llevarse
bancos de datos sobre morosos ni historiales crediticios. En igual manera
como los “acuerdos de paz” hicieron borrón y cuenta nueva
con las fechorías y crímenes perpetrados por los “alzados
en armas”, de golpe y porrazo todos los salvadoreños, hasta
el más humilde de los sinvergüenzas tendrá dignas referencias
crediticias.
Obviamente las instituciones de crédito tendrán que mover
a Managua o Quezaltenango (con la consiguiente pérdida de empleos)
esa información, pues dar crédito no es así de fácil,
sobre todo cuando ese dinero es de los depositantes, no del banquero.
Pero bien: los efepelistas autores del engendro creen que cobrar intereses
y poner bancos es condenable por Dios; por eso el compañero Fidel
prohibió los bancos en Cuba. Allá sólo hay centros
de cambio para los turistas, en su mayoría sexuales, que visitan
la Isla.
Falta ver si la avanzada norma se aplica a los negocios y constituirá
delito penado con mil salarios mínimos, que un almacén guarde
y consulte los nombres de los que no pagaron la refrigeradora o la vajilla.
Por hoy mucha gente se pregunta cuántas leyes estará cocinando
el iluminado grupo de juristas de las FPL, pues dentro del mismo espíritu,
pueden prohibir que las empresas exijan a los candidatos a empleos, presentar
referencias, recibos de alquiler, etc., para que hasta los mareros tengan
una hoja digna y limpia de su pasado. Que esto último puede cobrar
vida lo demuestra otro hecho: los juzgados no registran las barbaridades
cometidas por un “menor infractor” por precisa prohibición
de las leyes para suizos. Como en los viejos tiempos de Sicilia, cuando
los novios exigían un certificado de doncellez a sus novias.
Debe haber una explicación a la curiosa exigencia, la de las referencias
crediticias, que son de rigor en el resto del mundo. A lo mejor los compañeros
juristas quieren solucionar los problemas de morosidad de sus respetabilísimas
madres o parentela. O puede ser una norma de justicia social que ignoramos.
En nuestro andar por este valle de lágrimas, nunca encontramos
tratados o enciclopedias de justicia social para consultar en casos como
éste que ahora nos aflige.
Macheteados, baleados, apaleados
El ramillete de exigencias de la ley nos lleva a cuestionar su aplicabilidad,
pues hay sectores, como el comercio informal, los negocios de barrios,
los artesanos, los médicos, etc., para los cuales es casi imposible,
digamos, suministrar informaciones y datos “claros, veraces, precisos,
y etcétera”, u ofrecer las garantías que la ley consigna
como derechos irrenunciables de los consumidores.
Si un compañero inspector de la Defensoría se presenta a
las ventas de los alrededores de El Calvario o el Telégrafo a exigir
que en lugares visibles se coloquen pósteres detallando precios,
lo probable es que vuelva de la andanza con un machete de peineta, aunque
se haya hecho acompañar del compañero jurista para explicar
el tema a los ignorantes. Otro peliagudo caso se dará cuando el
comprador de la garnachita reclame al taller en Soyapango devolverle su
dinero por insatisfacción con el vehículo.
Dura lex, sed lex. Podemos esperar una frondosa cosecha de macheteados
al aplicarse el esperpento.
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