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Saad Eddin Ibrahim*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Los egipcios pasarán por las urnas el 7 de septiembre, para elegir
a un presidente de entre diez candidatos, incluido quien lo ha sido durante
24 años, Hosni Mubarak. Aunque pocos dudan que el resultado será
la reelección de este último, muchos están siguiendo
apasionadamente el proceso.
Unos 6,000 observadores nacionales han recibido capacitación para
esas elecciones y centenares de corresponsales extranjeros están
convergiendo en el país esta semana. Aunque todos los detalles
formales de una verdadera contienda electoral están presentes,
aspectos importantes de autenticidad brillan por su ausencia.
Pese a las promesas hechas en sentido contrario, el campo de juego dista
de ser igual para todos. Mubarak sigue contando con activos desproporcionados:
reconocimiento del nombre, un virtual monopolio de los medios de comunicación
electrónicos controlados por el Estado y el 85 por ciento, aproximadamente,
de los medios de comunicación impresos. Una semana antes de los
comicios, algunos candidatos de la oposición aún no han
podido presentar un anuncio electoral en la televisión egipcia.
Todos los miembros de la Comisión de las Elecciones Presidenciales
han sido nombrados por Mubarak y las nuevas normas electorales han eliminado
a todos los candidatos independientes.
Desde el año 2000, los 8,000 jueces de Egipto deben supervisar
y certificar los resultados electorales, conforme a una resolución
del Tribunal Supremo. Fue un importante paso con vistas a la celebración
de elecciones más justas, pues la Asociación Profesional
de la Magistratura ha seguido contando con bastante independencia, pese
a los intentos del Poder Ejecutivo de arrebatársela a lo largo
de medio siglo.
De modo que el régimen de Mubarak ha tenido que recurrir a diversas
estratagemas para neutralizar a la Asociación de la Magistratura.
Una fue la de ampliar la definición de judicatura para
incluir a miles de empleados leales del Gobierno que tienen títulos
de licenciados en Derecho, pero no experiencia judicial, lo que deja desarmados
a los verdaderos jueces, pues, si protestan boicoteando sus funciones
de supervisión, la tarea recaerá una vez más en la
policía del infame Ministerio de Interior.
Así, en el pasado, la Asociación de la Magistratura solía
decir amén, con resultados previsibles. En las elecciones parlamentarias
de 2000, mientras que el gobernante partido de Mubarak recibió
el 38 por ciento, aproximadamente, del voto popular en los distritos supervisados
por los verdaderos jueces, ese porcentaje pasó a ser nada menos
que el 86 por ciento allí donde la supervisión corrió
a cargo de los cuasijueces.
Este año parece que va a ser muy diferente. En la primavera los
jueces celebraron una asamblea nacional y decidieron que, a no ser que
el régimen les concediera independencia total y la supervisión
exclusiva del proceso de votación, no supervisarían los
próximos comicios presidenciales (o parlamentarios). El 2 de septiembre
presentaron sus exigencias finales: permitir que grupos de la sociedad
civil observen el proceso de votación, acabar con las injerencias
en la definición de los jueces legítimos con vistas a las
elecciones y acceder a la presencia permanente de un juez legítimo
delante de cada una de las urnas hasta que se haya contado, certificado
y comunicado su contenido.
Hasta ahora, es probable que la situación sea la de un callejón
sin salida, porque el presidente de la Comisión Electoral ha declarado
públicamente en la televisión egipcia, que rechaza la supervisión
del proceso electoral por parte de todos los ciudadanos.
Otra novedad interesante en vísperas de las elecciones es un enconado
debate público sobre si votar o boicotear las elecciones presidenciales.
Diversos partidos de la oposición han pedido a sus miembros que
no participen: para protestar contra unas normas electorales restrictivas
que favorecen enormemente a Mubarak.
Por otra parte, los Hermanos Musulmanes, considerados el grupo de oposición
más fuerte de Egipto, están instando a sus seguidores a
ir a votar y a hacerlo en conciencia, pero no dar apoyo a ningún
gobernante despótico y corrupto. Se trata de un claro,
aunque implícito, repudio de Mubarak, el único gobernante
en 24 años.
Treinta y cuatro organizaciones de la sociedad civil están preparando
a miles de jóvenes egipcios para que observen las elecciones, pese
a las reiteradas objeciones gubernamentales. Dichos grupos sostienen que,
si el régimen no se propone amañar los resultados electorales,
la presencia de observadores nacionales y extranjeros del proceso electoral
no debe ser un problema.
La respuesta del régimen es la de que cualquier supervisión
exterior es una violación de la soberanía egipcia y los
observadores nacionales son una afrenta a la integridad de los jueces.
Ese argumento quedó rápidamente invalidado cuando la Asociación
de la Magistratura anunció que apoyaba la presencia de observadores
de la sociedad civil.
Ya sea que el régimen de Mubarak esté asustado ante las
exigencias interiores y exteriores en aumento para que celebre unas elecciones
libres y justas o que sea, sencillamente, incapaz de depurar el partido
de su tendencia natural a la estafa, las señales actuales no son
un buen augurio para las elecciones que se celebrarán mañana
miércoles. Entretanto, los egipcios están experimentando
por primera vez la emoción de desafiar a la tiranía y disfrutar
de un espacio recién descubierto para la libertad.
Copyright: Project Syndicate.
*Director del Centro Ibn Jaldún, de El Cairo.

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