Tomando la palabra
La violencia como amenaza para la democracia

El Salvador es parte de un grupo de países que intentan construir, consolidar y mantener un régimen democrático por primera vez en su historia. La violencia constituye una amenaza a esos intentos

José Miguel Cruz*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

La violencia que afecta a nuestra sociedad no sólo constituye una amenaza directa para la salud y la calidad de vida de la población, no sólo se ha convertido en una amenaza para el crecimiento y el desarrollo económicos del país, y no sólo es la fuente más manifiesta de inseguridad y de riesgo para muchos salvadoreños, sino que también constituye una amenaza muy seria para la construcción y la consolidación de la democracia en El Uno puede tener diversas opiniones sobre la naturaleza, los alcances y la calidad del régimen político que tenemos en la actualidad en el país, pero lo cierto es que la violencia amenaza de manera directa las posibilidades de que éste se convierta en una democracia institucional más o menos funcional.

El Salvador es parte de un grupo de países que intentan construir, consolidar y mantener un régimen democrático por primera vez en su historia. La violencia constituye una amenaza a esos intentos, por varias razones.

En primer lugar, porque, comenzando con lo más obvio, los elevados índices de violencia y criminalidad destruyen las condiciones para una convivencia pacífica entre los ciudadanos: deterioran la confianza entre las personas, anulan las actitudes de tolerancia y solidaridad entre muchos ciudadanos y establecen la sospecha como la norma fundamental en las relaciones entre las personas. Para que la democracia funcione, necesitamos niveles básicos de tolerancia y de solidaridad basados en la confianza mutua entre los ciudadanos.

La violencia constituye una amenaza para la construcción de la democracia, porque aquélla destruye también la confianza de los ciudadanos en las instituciones fundamentales de orden y seguridad. Las personas que viven en un entorno en el que reinan la violencia y la inseguridad, están menos dispuestas a confiar en las instituciones y, por lo tanto, utilizan menos los mecanismos institucionales para resolver conflictos, para facilitar la seguridad de la comunidad y para reclamar justicia.

Al final de cuentas, la gente se ve más tentada a obtener seguridad por sus propios medios y a tomarse la justicia por su propia mano, que a demandar que las instituciones cumplan con su trabajo. En esa búsqueda de seguridad, muchos salvadoreños han comprado armas para defenderse, han estimulado la creación de ejércitos privados y han promovido directa o indirectamente grupos de limpieza social, como forma de obtener justicia por mano propia. Esto no hace sino aumentar las condiciones para el ejercicio de la violencia y erosiona la capacidad del Estado para poner orden y administrar la seguridad pública de la población.

En tercer lugar, la violencia erosiona las posibilidades de construir un régimen democrático en El Salvador, porque la misma convence a muchos ciudadanos de que la única manera de combatir efectivamente al crimen y la inseguridad es pasando por alto o ignorando los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Inducidos por un discurso político populista y anclados en una tradición de cultura política autoritaria, varios salvadoreños han llegado a pensar que la única manera de combatir la delincuencia es pasando por alto el debido proceso y las normas fundamentales de un Estado de Derecho. Lamentablemente, algunos salvadoreños han llegado a pensar que se vale que la policía torture a sospechosos o ejecute a delincuentes con tal de obtener seguridad, sin tomar en cuenta las repercusiones que eso puede tener para el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de toda la gente.

Muchas personas han celebrado la facultad recientemente adquirida de la PNC de allanar viviendas sin pensar que la misma constituye un retroceso en el sistema de garantías para el respeto de los derechos ciudadanos. Lo peor de ello es que ni ésa ni otras medidas del mismo corte han sido capaces de controlar los niveles de violencia existentes en el país.

Además, la inseguridad fomenta los llamados a los militares por parte de los civiles para que aquéllos vuelvan al terreno de la seguridad pública, favorece las condiciones políticas para la remilitarización de la sociedad y traslada la solución de un problema complejo a las respuestas que favorecen exclusivamente el uso de la fuerza estatal. La decisión de sacar a los militares a las calles no resolverá el problema de la violencia y sólo contribuirá a la remilitarización de nuestra sociedad.

Finalmente, uno de los mayores riesgos para la construcción de la democracia es el hecho de que la violencia favorece y estimula liderazgos populistas, que ofrecen soluciones autoritarias como las únicas efectivas para hacer frente al crimen y la violencia. En la búsqueda desesperada de seguridad, muchos ciudadanos están dispuestos a apoyar alternativas políticas autoritarias y antidemocráticas, que ofrecen medidas represivas y militares para resolver el problema de la violencia.

Esos liderazgos políticos son los que, al final de cuentas, debilitan el carácter democrático de las instituciones, destruyen el marco de respeto a los derechos ciudadanos, desbaratan los mecanismos de solución racional a los problemas y, antes que resolverlos, deterioran de manera significativa las condiciones de gobernabilidad democrática de nuestra sociedad.

*Director del IUDOP de la UCA y columnista de El Diario de Hoy.