El ex mandatario guatemalteco. Foto AP

El Diario de Hoy
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El futuro de la extradición del ex presidente Alfonso Portillo está en manos de tres magistrados afines al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), quienes, según fuentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), podrían detener el proceso y el caso del desfalco por $119,210,5276 millones en el Ejército.

Ayer trascendió que los magistrados titulares de la CC Cipriano Soto y Guillermo Ruiz Wong no se inhibieron de conocer el expediente, como se había dicho.

La semana pasada, los cinco titulares y cinco suplentes que integran la CC habían pactado verbalmente que todos se inhibirían de conocer el expediente y que se sortearía la integración.

Quienes sí lo hicieron y dejaron la puerta abierta para que otros magistrados se incluyan en la discusión del caso fueron Nery Saúl Dighero y Rodolfo Rohrmoser, independientes. Se supo que actuaron por temor.

Tras la salida de Dighero y de Rohrmoser, llegaron el magistrado Manuel de Jesús Flores -FRG- y Carlos Luna Villacorta.

Manuel Flores se ha unido a Soto y a Ruiz en otras oportunidades para emitir fallos a favor de personas vinculadas al ex partido de gobierno.

Un sonado caso. La corrupción durante el mandato del ex presidente ha sido motivo de protestas y duras condenas. Foto AP

Ruiz fue ministro de Gobernación de Portillo y luego nombrado por éste para llegar a la CC.
Los únicos que no representan intereses políticos son el presidente de la CC, Francisco Flores, y Luna Villacorta, aunque serán dos votos contra tres.

Una fuente de la CC confirmó que Soto y Ruiz han expresado su deseo de declarar con lugar una inconstitucionalidad presentada por militares vinculados al fraude en el Ministerio de la Defensa, entre ellos, Enrique Ríos Sosa, hijo del líder del FRG, Efraín Ríos Montt.

Si se declara procedente la inconstitucionalidad, el trámite de extradición de Portillo, quien actualmente vive en México, y el proceso contra nueve militares, quedarían sin efecto, ya que éstos se iniciaron con la apertura de archivos militares, y la impugnación aduce que fue ilegal, porque los documentos son secreto militar.

Escenarios de un caso

- La CC tiene en sus manos que siga o que termine la investigación por el desfalco en el Ejército.
- Si la CC determina que hay inconstitucionalidad por haberse abierto archivos secretos del Ejército, el caso Portillo y el de los militares no tendría sustentación.
- La extradición de
Portillo se basa en el descubrimiento, en archivos castrenses, de irregularidades en transferencias por $119,210,5276 al Ejército. También el que se abra proceso a militares tiene su sustento en éstos archivos.
- Otro argumento de los militares es que la indagatoria debe detenerse mientras no se resuelva la inconstitucionalidad.