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Francis Pisani
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com
El éxito obtenido por la policía inglesa en la identificación
de los presuntos autores de los atentados de julio en Londres está
llevando a una multiplicación de las cámaras de vigilancia
(CCTV, por sus siglas en inglés, o Close Circuit Television), para
luchar contra terrorismo y delincuencia.
El Reino Unido es el país más densamente equipado con más
de 4 millones de unidades instaladas. Equivale al 10% de las CCTV en operación
en el mundo. Podrían llegar a 25 millones en el 2007.
Todo indica que el recurso será más utilizado y que habrá
un antes de Londres y un después.
Australia, que tiene tropas en Iraq, está pidiendo asesoría
a Gran Bretaña. Alemania y Canadá están considerando
instalar más cámaras de vigilancia en metros y buses.
El número de CCTV en los aeropuertos parisinos (2,000) será
triplicado, acaba de anunciar el ministro de transporte.
El 5 de agosto, una cadena de restaurantes fast food firmó un contrato
de instalación de CCTV con la empresa californiana Global ePoint.
Ojos atentos
El aeropuerto de Long Beach, cerca de Los Ángeles en California,
anunció el 27 de julio la firma de un contrato con Broadware Technologies,
una empresa de Silicon Valley, para la instalación de 100 cámaras
de vigilancia inalámbricas.
El próximo VFestival organizado por Virgin que tendrá lugar
en Inglaterra los 20 y 21 de agosto será vigilado por numerosas
cámaras.
La mayor parte de los estudios realizados sobre el impacto de la videovigilancia
muestran que es limitado y poco duradero. No altera la naturaleza de los
delitos. Contribuye, en el mejor de los casos, a que se desplacen por
unos meses a zonas menos controladas. Son obviamente inútiles contra
quienes están decididos a morir.
Sin embargo, las discusiones sobre la eficacia están cambiando
a raíz de los acontecimientos de Londres. Cuando no sirve para
prevenir, la videovigilancia puede servir para agarrar los culpables después
de los hechos, o encontrar elementos sobre su organización.
Algunas de las preguntas que debemos hacer son las siguientes:
¿Si guardan las imágenes o no y por cuanto tiempo? ¿Si
las imágenes tomadas en vivo están siendo monitoreadas por
humanos o por software? Y, en ese caso, ¿cuál es la calidad
de dicho software? ¿Quién autoriza el despliegue de las
cámaras? ¿Qué autoridad y en qué circunstancias
tiene el derecho de reunir datos provenientes de diferentes fuentes privadas
y públicas, de CCTV y de teléfonos celulares, por ejemplo,
para cruzarlos?
Cuestionar las condiciones del auge de la videovigilancia resulta fundamental
por dos razones: si se da es preferible que sea eficiente. Si es eficiente,
es probable que resulte en una amenaza para las libertades públicas
y la privacidad. No podemos olvidar que cuando la amenaza se aleja, la
infraestructura sigue activa mientras las condiciones políticas
siempre pueden cambiar.

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