Espíritu. De Lovo manifestó que el fin es propiciar un diálogo entre los clientes y sus proveedores, para mejorar la calidad. Foto EDH

El Diario de Hoy
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La Defensoría del Consumidor no podrá ordenar a un proveedor la devolución del dinero para un consumidor, sin apoyarse en las instancias judiciales.

Ese es uno de los mayores cambios que recibió el anteproyecto de Ley del Consumidor, cuya suerte está en manos de la Asamblea Legislativa.

La fracción del partido de Gobierno realizó una serie de modificaciones al documento que presentó el mes pasado la comisionada presidencial para la Defensoría del Consumidor, Evelyn Jacir de Lovo.

La idea de los diputados, según la funcionaria, ha sido conciliar algunos artículos del proyecto con las disposiciones de la Constitución, aunque prefirió no profundizar en valoraciones personales sobre los cambios.

En la mayoría de los cambios destaca una diversificación de las tareas asignadas, en un principio, a la Defensoría del Consumidor.

El arbitraje, por ejemplo, será ejercido por una entidad externa a la Defensoría.

Por otra parte, se involucrará más al Órgano Judicial cuando se hable de sanciones u ordenes de devolución.

Si la entidad supervisora determina que una empresa debe devolver a un cliente en el caso de haber comprado un bien defectuoso (una lavadora, por ejemplo) no podrá obligar al proveedor.

El camino que se debe seguir en ese caso es llevar el caso a los tribunales, en donde la Defensoría representará al individuo y se dirimirá el asunto.

“El problema que se detectó es que no se debe confundir el ámbito administrativo con el judicial”, estimó de Lovo durante una conferencia de prensa celebrada ayer en las instalaciones de la Defensoría del Consumidor.

En cuanto a las multas, la entrevistada afirmó que por el momento no se han tocado los montos (que pueden llegar hasta los cinco mil salarios mínimos).

El encargado de aplicar las sanciones será el Tribunal Sancionador, una entidad dentro de la Defensoría.

Sin embargo, las compañías podrán apelar los fallos correspondientes si acuden a la Corte Suprema de Justicia y esperar (CSJ) su dictamen.

De Lovo manifestó que los consumidores y los proveedores tendrán distintas opciones para resolver las controversias: la conciliación, el arbitraje y el sometimiento del Tribunal Sancionador. Las dos primeras vías son voluntarias.

Se establece, tal como el Artículo 2 de la Constitución, la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario.

El consumidor deberá acudir a la Defensoría luego de haber intentado solucionar su problema con el proveedor.

Las resoluciones

Se intentará primero la conciliación. En esta fase no se requerirá de pruebas.

El arbitraje las mencionará en el laudo arbitral. Esta función la asumirá un ente distinto a la Defensoría, para ganar imparcialidad. Eso sí, los involucrados deberán sufragar los costos.

Por lo menos entre un 15 y 20 por ciento de las denuncias requieren de este mecanismo, recordó la comisionada.

Entre las modificaciones al anteproyecto se establece que la carga de prueba deberá correr por cuenta de la parte que manifieste una afirmación. Quien niegue, no deberá comprobar nada.

Así, se asumirá que un consumidor que niegue haber realizado llamadas al extranjero lo hizo. La otra parte, el proveedor, deberá comprobar lo contrario.

En el lado contrario, el consumidor que denuncie desperfectos en una lavadora, deberá comprobarlo. Para este efecto se apoyará en la Defensoría.

Entre otros cambios, se garantizará un puesto en el Consejo Consultivo de la Defensoría a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), pues aglutina a la mayoría de los gremios empresariales del país.

“La forma como se presentaron anteriormente los cambios fue confuso para todos porque se tachaban párrafos que no necesariamente se eliminaban, sino que estaban reescritos. Nos parece que la mayoría de observaciones le dan coherencia a la ley”, estimó de Lovo.