Políticas públicas
Los sistemas previsionales

Como modelo de solución a dichas necesidades, se adoptaron sistemas previsionales de beneficio definido, administrados por instituciones públicas, de aportes multipartitos

Francisco Sorto Rivas*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Históricamente, las políticas públicas relacionadas con la seguridad social han descrito una trayectoria irregular, cobrando una importancia significativa a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los derechos sociales de los ciudadanos tendieron a complementar, de manera estrecha, a los derechos individuales que sustentaron en pensamiento liberal, los principios de libre mercado y los regímenes democráticos.

La atención que recibieron entonces los derechos sociales, respondía a la visión que tenían líderes mundiales acerca del factor cohesionador que representaban para la sociedad y a los argumentos planteados por importantes cientistas sociales, quienes sostenían que las libertades individuales no podían ejercerse plenamente, si se carecía del acceso a la educación, a la salud y una capacidad de compra básica asociada muchas veces con políticas públicas, como el otorgamiento de pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, entre otras condiciones.

Influenciados por este ambiente de cambios, en muchos países de América Latina se promovieron políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerables de la población, en especial la de los trabajadores, que mantenían algún tipo de relación de dependencia laboral.

Estas políticas públicas se implementaron a través de una serie de instituciones creadas para tal efecto. Entre éstas podemos mencionar todos los Institutos de Seguridad Social, como el mexicano, el chileno, el nicaragüense y el salvadoreño, sólo para señalar algunos.
En la definición de dichas políticas intervinieron, en su momento, diversos actores sociales considerados referentes legítimos por parte de los gobiernos que las patrocinaron, como una solución eficiente para diferentes estados de necesidad, como la vejez, invalidez, orfandad, viudez, etc.

Como modelo de solución a dichas necesidades, se adoptaron sistemas previsionales de beneficio definido, administrados por instituciones públicas, de aportes multipartitos y de prima media escalonada, como características principales.

Esta solución supuso que la composición de la población se mantendría inalterada en el tiempo y que siempre habría una relación fija entre trabajadores activos y jubilados, que preservaría lo que en seguridad social se conoce como principio de equivalencia, es decir, que los ingresos percibidos por las cotizaciones de los trabajadores siempre serían suficientes para el pago de las obligaciones contraídas por el sistema, a favor de los pensionados y, además, permitiría cubrir los gastos de administración del mismo sistema.

Como toda política pública derivada de una problemática social, tanto ésta como las instituciones a través de las cuales se implementaba, estaba revestida de un carácter histórico y por lo tanto, susceptible a evolucionar conforme a los procesos sociales que la explicaba, justificaba y legitimaba.

Por tal motivo, y habiendo cambiado radicalmente los supuestos técnicos en que se sustentaba dicha política pública en El Salvador, a partir de 1998 se implementó una reforma estructural al Sistema de Pensiones, donde el referido servicio público se concesionó a operadores privados y obligó al Estado a cambiar su rol de proveedor directo por el de regulador del sistema.

Este cambio en la implementación de la política pública, a través de instituciones privadas, demanda por lo tanto, un cambio en su ejecución, donde la eficacia y eficiencia de la referida política debe procurarse a través de la definición de parámetros claros a ser respetados por las empresas concesionarias del servicio; estos parámetros están recogidos en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y la evaluación de su desempeño debe realizarse con base en su cumplimiento estricto, en beneficio de los destinatarios directos de la política, es decir, de los afiliados al sistema.

*Economista.