Breve análisis
¿Por qué ha fracasado la Súper Mano Dura?

Para que los planes en contra de la violencia funcionen, se necesita tener una política criminal y que sea integral y bien pensada. Y esto implica abandonar el guión publicitario y la demagogia.

José Miguel Cruz*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Los planes de mano dura no sólo no han podido controlar la criminalidad en el país, sino, sobre todo, son, en buena medida, responsables de la segunda ola de violencia de la posguerra que abate al país en este momento.

A la luz de la escalada de homicidios que afrontamos en la actualidad, que comenzó justo a mediados del año 2003 y que se aceleró desde finales del año pasado, está claro que la medicina ha resultado ser mucho peor que la enfermedad.

Y más aún, a juzgar por las declaraciones del Presidente y de los encargados de la seguridad pública, está claro que no contaremos ni con el diagnóstico ni con los remedios adecuados para hacerle frente, por lo menos en un tiempo, hasta que pasen las próximas elecciones.

¿Por qué fracasó la Súper Mano Dura? En primer lugar, porque su intencionalidad primigenia y fundamental es electorera y partidaria, y es más un despliegue de publicidad y propaganda gubernamental que una política pública seria y planificada. Y, en segundo lugar, porque el énfasis exclusivo en el uso de la fuerza y en las medidas represivas en una sociedad que es estructuralmente violenta sólo incrementa los niveles de la misma.

Pero lo cierto es que hay planes que, aun siendo electoreros y propagandísticos, suelen funcionar y logran parte de los propósitos para los cuales fueron supuestamente creados, aparte de generar cuantiosas utilidades políticas.

También hay planes puntuales que hacen uso de la represión para controlar el desorden social y que, de alguna manera u otra, logran hacerlo. Este no es el caso de la Súper Mano Dura: más allá del éxito para lograr votos para ARENA y opiniones positivas para el Presidente, este plan ni siquiera ha logrado mantener controlado el nivel de violencia y más bien ha conseguido que los criminales sean más violentos, estén más organizados y desafíen más abiertamente la gobernabilidad del país. Con el plan el Presidente Saca ciertamente ha ganado más popularidad, pero ha perdido poder.

La Súper Mano Dura ha fracasado, porque toda política gubernamental basada en la represión genera consecuencias en la sociedad, las cuales deben ser controladas a través de otras políticas. Cualquier política criminal debe ser siempre parte de una política social, porque la primera modifica los términos en los cuales se relacionan las autoridades con los ciudadanos, y la segunda debe prever y controlar las consecuencias de esa transición, al tiempo que pone condiciones para la prevención.

La violencia y la criminalidad, sobre todo cuando éstas son endémicas como en El Salvador, son parte de un complejo sistema de interacción social, en el cual las personas —sean éstas mareros, simples delincuentes o ciudadanos “honrados”— reaccionan a las medidas del gobierno, modificando su conducta para responder al aumento del uso de la fuerza.

Se suele decir que la violencia genera más violencia y eso es cierto aun cuando el Estado es el que la genera; pero esto no debe llevar a la conclusión de que los gobiernos no deben reprimir cuando sea necesario. Los programas puntuales de represión del delito que han resultado exitosos son aquellos que al mismo tiempo que incrementan el uso de la fuerza en contra de los violentos suelen controlar los mecanismos a través de los cuales éstos pueden responder violentamente.

Esto significa que si el Estado va a atacar a las pandillas, debe asegurarse de que las mismas no tengan los medios para devolver ese ataque ni a las autoridades ni a la sociedad. Debe, por ejemplo, sustraer todas las armas que puedan llegar a ser utilizadas por las maras, debe desarticular los vínculos que les proveen de recursos, debe colaborar y proteger a todos los actores que gravitan en torno a ellas (comunidades, testigos y funcionarios) y debe promover normas de comportamiento que contribuyan a la convivencia ciudadana y el respeto a la ley, para evitar que otros actores se sumen a la dinámica de la violencia.

En lugar de eso, nuestras autoridades han permitido —y a veces promovido— la armamentización de la sociedad, sin ponerse a pensar que la misma erosiona significativamente la capacidad de control que debe tener el Estado: ¿Cómo es posible que esperemos que los delincuentes no respondan violentamente si les hemos provisto de todas las armas que necesitan para hacerlo? Las autoridades han promovido también la privatización de la seguridad y han dejado que la gente busque la justicia por su propia cuenta, al tiempo que han permitido que los criminales se desquiten con todos aquellos ciudadanos que no cuentan con la protección que puedan pagar. Y en lugar de afrontar la cultura de violencia, que produce muertos por cualquier cosa, el Gobierno se ha dedicado a fomentar la intolerancia y la incomprensión ciudadana.

Para que los planes en contra de la violencia funcionen, se necesita tener una política criminal y que sea integral y bien pensada. Y esto implica abandonar el guión publicitario y la demagogia.

*Director del IUDOP de la UCA y columnista de El Diario de Hoy.