El Diario de Hoy
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La Dirección General de la Renta de Aduanas (DGRA) advirtió que desde que entraron en vigencia las reformas fiscales, las infracciones aduaneras cometidas por los transportistas de carga están siendo penalizadas más fuertemente.

Aquellos transportistas que se salen de la ruta autorizada o que se tardan más tiempo del normal se hacen acreedores a una multa de hasta seis salarios mínimos mensuales, equivalentes a 950.40 dólares.

La idea de esto es evitar que los motoristas circulen por otras vías o detengan sus unidades de transporte -por largo tiempo- en paradas no autorizadas, sin justificación alguna.

Prevención

Tal medida busca reducir el contrabando y cualquier ilícito en que pudieran caer los choferes en cuestión.

Las estadísticas de aduanas indican que, de enero a junio de 2005, se había multado a 154 motoristas por incumplimiento de plazos y rutas; de estos 50 fueron naciones y 104 internacionales. Sólo entre mayo y junio del corriente año se detectaron 18 tránsitos no finalizados.

El plazo (tiempo) aprobado para circular de frontera a frontera es de 24 horas; de una frontera a una aduana, zona franca o almacén de depósito es de 18 horas, y para los tránsitos interaduanas, zonas francas o almacenes de depósito es de 12 horas.

El subdirector de la DGRA, William García, aseveró que la base legal para ejercer un mayor control del tránsito internacional de carga está sustentada en los artículos 11 y 12 del Código Aduanero Unificado Centroamericano (CAUCA), en donde se establece que los transportistas son auxiliares de la función pública aduanera.

Asimismo advierte que las sanciones a que está expuesto el sector, se documentan debidamente en los artículos cinco y seis de la Ley especial para sancionar infracciones aduaneras.

Las rutas internacionales habilitadas para transitar a través de la calle del Litoral son La Hachadura o Acajutla hacia Cutuco o El Amatillo, y viceversa.

Empero, los tránsitos internacionales por la carretera Panamericana se harán por La Hachadura, Las Chinamas, San Cristóbal, Anguiatú, El Poy, Acajutla y El Amatillo.

Una de las causas por los que se genera la infracción se refiere al hecho de que hay empresarios que adquieren nuevos vehículos y no los registran en Aduanas, por lo que no tienen permiso para operar.