 |
| Pláticas. Genaro Ramírez, de AEAS,
negocia ayer con los pecenistas Francisco Merino y Noé González
en la Asamblea. Foto EDH |
Rosa María
Pastrán
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Los diputados estuvieron a punto de aprobar anoche el decreto que ampara
la transferencia de fondos para financiar el subsidio de los autobuses
del servicio público.
La iniciativa, presentada por ARENA, fue detenida debido a que la propuesta
amarra el beneficio a la firma del contrato con el que el Estado concede
la explotación de las rutas a los transportistas.
Dagoberto Marroquín, diputado del PCN, relató que ese fue
el atolladero que detuvo la aprobación, la cual contaba con los
votos necesarios para ser avalada.
Juan Miguel Bolaños, de ARENA, aseguró que el requisito
no es un invento, ya que si éste se concede a los buseros sin la
firma del contrato, la Corte de Cuentas podría hacer reparos.
ARENA también rechaza denominar subsidio a la medida, bajo la premisa
de que con ello se abre el camino para que los empresarios exijan la exoneración
del Fovial.
La moción de la fracción tricolor fue enviada a la Comisión
de Hacienda para su estudio.
Críticas
FMLN y CDU criticaron que la propuesta de decreto no establezca una fuente
de financiamiento específica.
El efemelenista Humberto Centeno dijo que queda abierta la posibilidad
para que en el futuro el Gobierno cese las transferencias con el argumento
de que no hay disponibilidad financiera.
Las disposiciones transitorias para estabilización de las
tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros
encargan al Ministerio de Hacienda transferir fondos al Ministerio de
Obras Públicas (MOP) equivalentes al monto necesario para
mantener el valor de adquisición del diésel.
La iniciativa no establece montos exactos, los cuales serán establecidos
por la Dirección General de Hidrocarburos y Minas del Ministerio
de Economía.
El MOP deberá establecer la cantidad periódicamente
y la transferencia estará sujeta a disponibilidades presupuestarias.
Para ser beneficiario se exige presentar copias certificadas por notario
de la tarjeta de circulación vigente y del permiso de línea.
Cada mes deberá entregar un informe firmado y sellado por un auditor
con el consumo de combustible.
Si las facturas son falsas o están alteradas, el transportista
perderá el subsidio y el MOP pasará el expediente a la Fiscalía
General.

|