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Breve análisis
La violencia de la posguerra en El Salvador

Por diversas razones, la sociedad salvadoreña no contó durante mucho tiempo con un cuerpo policial y un aparato de seguridad pública eficiente, institucionalizado y que cubriera todo el territorio nacional.

Publicada 21 de julio 2005, El Diario de Hoy

José Miguel Cruz*
El Diario de Hoy

editorial@ elsalvador.com


(Segunda parte)
En la columna de la semana pasada nos referíamos al hecho de que la guerra dejó una serie de venganzas diferidas entre los ciudadanos, las cuales estimularon los niveles de violencia en los primeros años de la paz.

Pero es imposible comprender los niveles de violencia y criminalidad que alcanzó el país a mediados de la década pasada sin considerar que, en el fondo y por diversas razones, la sociedad salvadoreña no contó durante mucho tiempo con un cuerpo policial y un aparato de seguridad pública eficiente, institucionalizado y que cubriera todo el territorio nacional.

Uno de los acuerdos políticos fundamentales del tratado de paz fue el desmantelamiento del viejo sistema autoritario de seguridad pública, vinculado a los militares y la creación de un nuevo aparato de seguridad en manos de civiles.

Diversas circunstancias apresuraron el proceso de desarticulación de los cuerpos militares de seguridad —que de hecho eran prácticamente inoperantes para brindar seguridad en tiempos de paz—, mientras la nueva policía comenzaba a desplegarse en todo el país y se constituía en la única institución encargada de administrar seguridad pública.

En los primeros años de la posguerra los miembros de la antigua Policía Nacional estaban más interesados en los mecanismos de desmovilización y de supervivencia personal que en cumplir con la tarea de brindar seguridad a la población, mientras que el Gobierno de ese entonces estaba más aplicado a la tarea de mantener a la seguridad pública bajo el mando de representantes del viejo orden autoritario y de entorpecer el proyecto original de una policía civil independiente, que en la tarea de desarrollar un aparato profesional con capacidad de proponer políticas públicas bajo la nueva doctrina civil.

El proceso de constitución de la nueva policía no fue rápido y tampoco estuvo exento de vicisitudes. En la práctica y desde 1993, a la PNC le tomó más de tres años poder asumir completamente la función de seguridad pública a nivel nacional y esto creó un enorme vacío de autoridad y de seguridad en vastas zonas del país, dado que no había otra institución nacional que en el intermedio asumiera de forma efectiva las tareas policiales. Esto significa que durante algún tiempo El Salvador no contó con una agencia efectiva de prevención, disuasión y combate del delito, sobre todo en amplias zonas rurales del país.

Luego de varios años de militarización y de vivir bajo el control de ejércitos o fuerzas guerrilleras que, para bien o para mal, imponían cierto orden social, muchos salvadoreños se vieron de la noche a la mañana sin ningún agente de orden y control, cercano a sus comunidades. Esta situación alimentó la anomia y promovió la impunidad, las cuales a su vez generaron más violencia social.

Esto fue particularmente crítico en un país que recién finalizaba una guerra, con altos índices de armas en manos de civiles, con una cultura de violencia y con un fuerte legado de enemistades y rencores interpersonales. La impresionante escalada en los niveles de crimen en los años posteriores a la guerra se explica, en buena parte, por ese vacío institucional de autoridad, el cual no se compensó sino hasta que la nueva policía terminó su despliegue y tuvo el control total del territorio.

Las tasas de violencia comienzan a disminuir de manera clara hacia 1998, no tanto como producto de una política excepcional del Gobierno en el área de seguridad pública sino como resultado del despliegue y el establecimiento definitivo de la Policía Nacional Civil. Aunque a principios de la presente década los niveles generales de criminalidad seguían siendo altos para los estándares internacionales, con tasas de alrededor de 40 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes, era claro que las cifras estaban en descenso.

Sin embargo, las políticas que se desarrollaron en la corporación policial a partir de 1999, le dieron un carácter particular a ese descenso en el crimen. En lugar de concentrarse en la llamada violencia social que se expresa fundamentalmente en los conflictos, amenazas y agresiones que terminan en homicidios o en lugar de atender el problema ya creciente de las pandillas, las autoridades de turno se concentraron en los secuestros, en los robos de vehículos y en el crimen en contra de las empresas, los cuales afectaban fundamentalmente el bolsillo de los empresarios. Dichas políticas han sido probablemente las más exitosas en la historia de la nueva policía, pero dejaron de lado los problemas más acuciantes de seguridad que afectaban a la mayoría de la población: la delincuencia común y la violencia social.

A pesar de ello, para el 2002, El Salvador logró las tasas más bajas de homicidios en los años de la posguerra. En 2003 se lanzó el Plan Mano Dura y con él se establecieron las condiciones para una nueva oleada de violencia, en cuya tendencia de aumento nos encontramos hoy. Pero las razones por las cuales han fracasado los planes de mano dura será el tema de la próxima columna.

*Director del IUDOP de la UCA y columnista de El Diario de Hoy.


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