Economía para todos
Ticket para pescar (de Lennon y McCartney)

Las cosas se facilitarían y serían más transparentes si las cuotas asignadas por país o “permisos para pescar” fueran fácilmente comercializables entre ellos, como ocurre con los “permisos para contaminar”.

Alejandro Alle*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

La semana pasada fue publicada en la sección Negocios, del diario, una interesante noticia sobre la pesca de atún en la cuenca del Pacífico, que hacía referencia a las inversiones adicionales que se producirían en El Salvador, en caso de lograrse un incremento en la “cuota” de pesca que el país tiene en la actualidad asignada.

También se destacaba el impacto positivo que ello tendría en la generación de empleos, aunque la noticia tenía un condimento adicional. ¿Cuál? Que hablaba de “cuotas”, tema acerca del cual usualmente no reflexionamos mucho, y leemos “de pasadita”, como si fuera algo indiscutible.

El concepto de “cuotas” en el comercio internacional nos refiere de inmediato a las máximas cantidades anuales de alguna mercadería, cuya importación es autorizada por un Gobierno.

Por ejemplo, las “cuotas” de carros, de azúcar o de arroz, son las máximas cantidades anuales de carros, azúcar o arroz, que el Gobierno de un país autoriza importar (para “no inundar” el mercado local…, nos dicen). ¡Ah!, (ja, ja…).

Ese tipo de cuotas es negativo, porque son barreras artificiales al comercio, que encarecen las mercaderías, reducen el poder adquisitivo de los consumidores, muy particularmente el de los más pobres, y tienen por principal objeto beneficiar a un pequeño grupo de productores que no quiere competir.

Pero claro, en economía, como en otras actividades, suele haber palabras con más de un significado, según el contexto. “Cuota” es una de ellas, porque, además de lo anteriormente explicado, es también la mensualidad que pagamos cuando compramos una refrigeradora al crédito, ¿no? Y hay una tercera acepción, que es a la cual hacía referencia la noticia.

En efecto, en ella podía leerse que existe una Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT), que regula la extracción de esa especie en el Océano Pacífico, desde México hasta Perú, y que está conformada por 15 países, entre los cuales naturalmente se encuentra El Salvador.

La CIAT, en su carácter de reguladora de la extracción de atún, limita la “cuota” máxima de pesca a 200,000 toneladas anuales en toda esa cuenca marítima.

Asumamos que dicho límite fue bien calculado (lo cual no es tarea de economistas ni de activistas políticos disfrazados de ecologistas, sino exclusivamente de científicos expertos en biología marina), y que en consecuencia la tasa de pesca no superará la tasa de reproducción natural de la especie, para no ponerla en riesgo de extinción.

Con base en dicho máximo, fue establecida una cuota anual de pesca para cada país involucrado, quizás proporcionalmente a la extensión costera de cada uno de ellos, o al potencial de pesca de atún en sus aguas territoriales.

Cualquiera haya sido el criterio de distribución adoptado, lo concreto es que El Salvador tiene asignadas 6,000 toneladas anuales, y ahora quiere duplicar su cuota, porque hay un proyecto industrial que lo amerita. Pues bien, alguien las tendrá que ceder.

Si bien el artículo indicaba que de las 200,000 toneladas anuales disponibles sólo se están utilizando 150,000, es un hecho que las 50,000 toneladas “ociosas” están asignadas a uno o más países, aun cuando hoy no las estén explotando.

Este es el punto en el cual se puede hacer una analogía entre las cuotas de pesca y las emisiones de contaminantes. ¿¡Cómo!? Veamos: en febrero de este año se implementó el tratado de Kyoto, sobre cambio climático, en la mayor parte de los países desarrollados (con excepción, por ahora, de Estados Unidos), el cual regula las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas que contribuye al calentamiento global.

Esto provocó el rápido desarrollo de una práctica muy beneficiosa, la “comercialización de permisos para contaminar” (“carbon trading”), recientemente destacada por la revista The Economist como una grata sorpresa, porque muestra lo bien que puede funcionar la dupla “ambientalismo y economía”. Claro, cuando los incentivos están bien orientados… (elemental, Watson).

¿Cuál es la idea del “carbon trading”? Que existe un límite máximo anual de polución que el aire del planeta puede absorber y reparar naturalmente, el cual se distribuye por países.

Aquellos que contaminan el ambiente más allá de lo que tienen asignado por el mencionado tratado, pueden “comprar permisos” a otros países que estén contaminando menos de lo que tienen asignado. Y el total mundial no se sobrepasaría.

Esto incentiva a todos a tratar de contaminar lo menos posible, para no tener que “comprar permisos” adicionales. O mejor aún, para poder “vender permisos” que les sobren, con lo cual ganan dinero.

Volviendo a la pesca, las cosas se facilitarían y serían más transparentes si las cuotas asignadas por país o “permisos para pescar” fueran fácilmente comercializables entre ellos, como ocurre con los “permisos para contaminar”. Hay una gran analogía entre ambos, ya que la pesca y la polución son actividades que, si se realizan sin control científico, afectan al medio ambiente.

En ese esquema, si El Salvador o alguna empresa aquí radicada aspirase a pescar toneladas adicionales por encima de las originalmente asignadas al país (porque tiene la infraestructura para procesar más atún o por lo que fuera), iría a comprarlos al “mercado de permisos de pesca” sin mayor complicación.

Me queda una duda: cuando actualmente un barco sale a pescar su cuota asignada ¿le darán un “Ticket to ride”, como la canción de los Beatles? En tal caso, considerando que en inglés a los barcos los tratan en femenino y les dicen “she” (¡?), habría que decir “she’s got a ticket to fish”.

Hasta la próxima.

*Ingeniero. Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires). Columnista de El Diario de Hoy. alejandro_alle@yahoo.com