Conversando sobre política
Masificación de la Ciencia Política

Los politólogos contratados no realizaron una tesis en base a informes desde sus escritorios en España. El trabajo de campo fue intenso y los datos obtenidos a través de fuentes documentales

Luis Mario Rodríguez R.*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Cuando de Ciencia Política se trata, son los politólogos los voceros más acreditados para discutir los temas de estudio que esta rama del saber incorpora. Precisamente esta nueva ciencia —aunque algunos discuten que efectivamente lo sea— tiene como ventaja en sí misma la objetividad con la que analiza a los actores de la política, las formas de gobierno y los sistemas electorales, y la comprobación que debe hacer de los datos que analice y de los que luego extrae conclusiones. Esto le permite otorgar un halo de credibilidad a todas las afirmaciones que se incluyen en cualquier diagnóstico que se encomienda a los cientistas políticos.

Con la presentación del estudio sobre las Instituciones democráticas en El Salvador, su valoración de rendimiento y el plan de fortalecimiento, Fusades se encamina hacia la masificación de la Ciencia Política. En un esfuerzo sin precedentes, el centro de pensamiento del sector privado ha llevado las aulas a la calle; ha hecho público un análisis que profundiza sobre aquellos aspectos que dentro de la ciencia política son fundamentales para el buen funcionamiento democrático de los sistemas políticos.

Efectivamente, como lo afirma el estudio “Las instituciones importan”, ahora que el documento es de dominio público, las organizaciones de la sociedad civil, serias y responsables, los ciudadanos, las universidades y las gremiales de empresarios y trabajadores, y sobre todo los políticos, debiéramos preocuparnos por conocer el diagnóstico y las propuestas de solución para mejorar el funcionamiento de todas y cada una de las entidades que se incluyen y que fueron críticamente estudiadas por los maestros de la Universidad de Salamanca. La gran ventaja del informe es su sencillez y claridad, así como su apego a la realidad salvadoreña. Los politólogos contratados no realizaron una tesis en base a informes desde sus escritorios en España. El trabajo de campo fue intenso y los datos obtenidos a través de fuentes documentales y entrevistas son totalmente fidedignos.

Es gratificante enterarnos, de acuerdo con el informe, de que los salvadoreños preferimos mayoritariamente el sistema democrático. Lo es, no sólo porque éste, a pesar de aquellos que afirman que cada vez más se agota la voluntad de los ciudadanos por resolver los problemas por la vía democrática, es un sistema que se fundamente en las libertades, sino también porque nos anima a fortalecer la institucionalidad desde el sistema mismo y no al margen de la legalidad o acudiendo a soluciones arcaicas, propias de sistemas totalitaristas.

Con este informe, Fusades está haciendo entender al ciudadano sobre la necesidad de repensar nuestro sistema electoral, las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo, las acciones que se necesitan para mejorar el sistema judicial, la descentralización municipal, el control de los fondos públicos, así como para fortalecer cada vez más la participación de la sociedad civil para que los llamados “ciudadanos sofisticados” —aquellos que se interesan por la evolución de los acontecimientos políticos y exigen un rendimiento eficiente de las acciones de los gobernantes— crezcan en número y se preocupen por elegir como sus representantes a los que verdaderamente puedan exigir una congruente acción política, que responda a las necesidades que tienen como población salvadoreña.

Nada menos la semana pasada, en un evento de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), escuchaba a un distinguido constitucionalista venezolano contar la lamentable experiencia que está viviendo por haber dado opinión sobre la legalidad del frustrado golpe de Estado en contra del Presidente Hugo Chávez. No sólo ha sido acusado de rebelión, sino que se ha llegado al extremo de exigirle que él pruebe que no participó de manera intencional en dicho evento, invirtiendo la carga de la prueba, y haciendo que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, descanse tranquilamente sin acusarlo de aquellos actos que presuntamente configuran el delito de rebelión en dicho país. Esto se llama una total y absoluta politización de la justicia.

Ejemplos como el anterior nos motivan para cuidar nuestro sistema democrático. Para ello es imprescindible que todos los actores políticos identifiquemos las tareas que nos corresponden y que, desde el marco de la independencia entre los órganos de Estado, asumamos nuestras responsabilidades en el corto, mediano y largo plazo. Ésta es una propuesta que beneficia al país, pero que afecta a los mismos actores que deben ponerla en marcha.

Aquí se pondrá a prueba la voluntad de crear consensos para lograr las reformas necesarias que nos encaminen poco a poco a concretar las propuestas que se incluyen. Para este propósito, debemos evitar que el estudio se convierta en una herramienta de “propaganda política” por parte de aquellos que consideren que con este informe se puede dañar al adversario político. Los talleres que la institución signataria del documento va a realizar en los próximos meses serán vitales para subrayar esta realidad. Éste no es un informe para beneficio de la derecha ni de la izquierda. Es un esfuerzo que beneficia al sistema, fortalece nuestro sistema democrático, nos permite realizar autocríticas, y pone en perspectiva la necesidad de revisar profundamente el funcionamiento de las instituciones.

Por mi formación de abogado y dado que he afirmado que cada uno de los actores debe tomar del estudio aquello que nos corresponde impulsar, me impresiona la forma tan clara en la que los autores han identificado el papel de los profesionales del Derecho en la mejora del rendimiento institucional del Poder Judicial. Se identifica tanto la deficiencia en los requisitos para acceder a la profesión como la falta de control para la habilitación de los abogados y principalmente el enorme déficit en la calidad de la formación que reciben los estudiantes de leyes en las universidades. Precisamente ése fue uno de los ejes temáticos de la ya mencionada conferencia de la FIA. No sólo hace falta un mejor control y posiblemente autorregulación de la profesión del Derecho —aunque esto nos lleva al engorroso debate de la colegiación obligatoria, por hoy con obstáculos constitucionales para hacerse efectiva—, sino a la necesidad de la formación legal continuada y al cumplimiento de un comportamiento ético que rija a los profesionales del Derecho.

La mesa está servida. Este último tema al que me he referido sobre la necesidad de un mejor control y formación académica del profesional del Derecho, es tan sólo uno de los varios temas que incluye la nueva contribución que ha hecho Fusades para el desarrollo del país. Nos toca ahora asumir a todos el rol que nos corresponde y discutir, sin pasionismos ni ideologías ortodoxas, qué viabilidad tiene lo propuesto por esta institución, para lo cual se requerirá de toda la voluntad política posible por parte de aquellos que por hoy detentamos posiciones de poder.

*Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República. Columnista de El Diario de Hoy.