The New York Times
Alexei Barrionuevo y Elizabeth Becker
CHICAGO.
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

En la fábrica de dulces Ferrara Pan Candy Company, vagones de ferrocarril entregaban 1.3 millones de kilos de azúcar a la semana en esta laboriosa planta justo afuera de la capital del dulce de Estados Unidos aquí.

Hoy en día, los trenes traen la mitad de esa cantidad, apenas suficiente para llenar los silos azucareros de la fábrica.

Eso es en gran medida porque Ferrara, en un esfuerzo por evitar el alto costo del azúcar estadounidense protegida por el gobierno, ha estado trasladando parte de sus centenarias operaciones a Canadá y México.

La razón para este cambio a lo largo de una década puede detectarse en la economía global y la industria azucarera nacional, que está siendo rápidamente etiquetada como consentida en las arenas nacional e internacional. La “Gran Azúcar” está en problemas no sólo aquí en Chicago, donde está perdiendo algunos de sus clientes, sino también en Washington, donde está perdiendo a parte de sus veteranos aliados políticos.

Correcta o erróneamente, la industria azucarera está siendo culpada de una serie de males: socavar a las industrias alimentarias estadounidenses que dependen del azúcar, combatir los lineamientos dietéticos globales para mejorar la salud de los niños y atacar la obesidad, y, más recientemente, dañar la probabilidad de que fuera aprobada la principal prioridad comercial del gobierno de George W. Bush, el Acuerdo de Libre Comercio de América Central.

Elevados costos

Conforme la agroindustria estadounidense depende cada vez más de los mercados extranjeros, el azúcar es la única mercadería que mantiene a raya la competencia externa dependiendo de un obsoleto sistema de cuotas, lo que eleva los costos de azúcar para los consumidores en unos 1,900 millones de dólares anuales, según, la Oficina de Contabilidad Gubernamental. Entre otras cosas, protege a los cultivadores de caña de azúcar y remolacha evitando la importación de azúcar menos costosa de Brasil y otras partes de Latinoamérica que reduciría los precios locales.

En contraste, los agricultores de maíz, trigo, algodón, arroz y soya son apoyados por 19,000 millones de dólares en subsidios de los contribuyentes, un sistema que tiene menos impacto en los consumidores y generalmente es más fácil -aunque no siempre- de defender en las negociaciones comerciales.

Phillip W. Hayes, portavoz de la Alianza Azucarera Estadounidense, rechaza la acusación de que su industria se opone al libre comercio. En vez del lento desmantelamiento del programa estadounidense a través de negociaciones bilaterales, los productores de azúcar nacionales dicen que quieren que todos los países pongan fin a sus subsidios azucareros a la vez en un acuerdo comercial global.

“Si todos retiran sus subsidios”, dijo Hayes, “entonces nosotros renunciaríamos a nuestro programa azucarero”.

Difícil victoria

La industria del azúcar en Estados Unidos es bendecida por la geografía y un enfoque en la defensa del programa de cuotas. Gran parte de la industria azucarera estadounidense se basa en Florida, que alberga a cultivadores de caña que producen alrededor de una cuarta parte del azúcar de la nación.

El azúcar de caña también es una parte importante de la economía de Luisiana. La remolacha se cultiva en Dakota del Norte, Minnesota y otros estados norteños que han cabildeado consistentemente ante sus legisladores para que se opongan a cualquier amenaza al programa.

El CAFTA, un pacto económico con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, eliminaría la mayoría de los aranceles a los productos estadounidenses que ingresen a esos países y establecería el estatus libre de derechos para la mayoría de los productos procedentes de esos países.

El pacto conduciría a la apertura del mercado estadounidense al azúcar de Centroamérica.
El embajador Allen F. Johnson, jefe de negociadores agrícolas internacionales de Estados Unidos, dijo que los cambios serían tan pequeños que no habría nada en el CAFTA que fuera una amenaza para la industria azucarera. Sugirió que el cabildeo azucarero fue miope, arriesgando su relación con el gobierno en víspera de legislación que determinaría los miles de millones de dólares en fondos federales que se dividirán entre agricultores en la próxima década para subsidios de cosechas, conservación y otros programas agrícolas.

“No conviene a la industria azucarera ser vista como la que nos está refrenando”, dijo.

El cabildeo azucarero está acostumbrado a responder fieramente a los desafíos. Pero esas victorias son más difíciles en estos días.

La industria azucarera presionó al gobierno de Bush hace dos años, por ejemplo, para objetar un informe científico que vinculaba la alta ingesta de azúcar con la obesidad.

El estudio, realizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Agricultura y la Alimentación, recomendó limitar el azúcar a no más de 10 por ciento de las calorías diarias.

En las últimas

El gobierno estadounidense presionó para una revisión independiente y los productores azucareros consiguieron apoyo de grupos en todo el mundo. Dijeron que la ciencia en el informe fue errónea y que exageraba cualquier vínculo potencial entre el azúcar y la obesidad.

Andrew Briscoe, presidente de la Asociación Azucarera, dijo: “Cualquier política que tenga como blanco el azúcar es muy engañosa”, dijo Briscoe.

También inquietante para los intereses azucareros, la Organización Mundial de Comercio dijo el año pasado que el programa de subsidios al azúcar de la Unión Europea perjudicaba a los países en desarrollo y violaba las leyes del comercio global.

Aunque el programa europeo difiere del sistema de cuotas estadounidense, puso a la industria en sobreaviso de que sus días de manipular el mercado global están llegando a su fin.