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Jorge Castañeda*
El Diario de Hoy
editorial@
elsalvador.com
Por donde se lo mire, Bolivia no es un típico país latinoamericano.
Después de Haití, es la segunda nación más
pobre del hemisferio occidental, y es incluso menos estable, con una historia
marcada por más de 200 golpes de Estado desde su independencia.
En una región con un fuerte pasado indígena, pero con un
presente desarticulado y aislado, Bolivia es, junto con Guatemala, tal
vez el único país de América Latina donde los pueblos
indígenas constituyen la mayoría de la población.
Su topografía y distribución étnica son por lo general
autonomistas, e incluso actúan como fuerzas separatistas que amenazan
la unidad nacional de maneras más temibles que en cualquier otro
país. Y, por supuesto, es junto con Paraguay la única nación
sin acceso al mar en el subcontinente.
De modo que sería altamente imprudente extrapolar la actual crisis
boliviana al resto de América Latina. Es demasiado simplista generalizar:
las instituciones en todos los demás países son mucho más
sólidas, la pobreza (particularmente la extrema pobreza) está
disminuyendo y, en gran medida, la batalla por los recursos naturales
ha sido resuelta. Incluso en países como Venezuela, con enormes
reservas de petróleo y un Gobierno de mentalidad tradicionalmente
nacionalista, el status quo que permite la inversión extranjera
en los recursos energéticos ha sobrevivido a casi ocho años
de gobierno del Presidente Hugo Chávez.
Si bien la existencia de movimientos indígenas es una realidad
en muchos países, de Chiapas a la Araucanía
y de la Amazonia a Ayacucho, en ningún país de América
Latina ha representado una amenaza real a la integridad nacional. De modo
que la de Bolivia no es una crisis que presagie otras en la región,
ni la manida teoría del dominó, sostenida tanto
por Lyndon Johnson como por el Che Guevara en el caso boliviano, parece
válida o siquiera
medianamente razonable.
Sin embargo, la crisis actual de este país es una señal
del déficit democrático que sufre América
Latina en la actualidad. Los gobernantes elegidos han fracasado, por una
razón u otra, en Bolivia, Ecuador y Haití. La democracia
está ausente o es incompleta en países como Cuba, México
y Nicaragua, y se encuentra amenazada por una razón u otra en Venezuela
y Colombia. Ninguno de estos casos es idéntico a los demás,
ya que incluyen niveles variables de riesgo, daño o reconciliación.
La pregunta es qué se puede hacer acerca de esta situación,
que contrasta notablemente con las estimulantes perspectivas que predominaban
hace tan sólo unos años. En la última asamblea de
la Organización de Estados Americanos en Fort Lauderdale, Florida,
Estados Unidos tomó una buena idea que otros habían tenido
y, al apoyarla, básicamente acabó con ella.
La historia comenzó hace un par de años, cuando el ex ministro
argentino de Relaciones Exteriores Dante Caputo y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo quedaron a cargo de esbozar el Informe sobre
Democracia en América Latina. Llegaron a la conclusión de
que un sistema temprano de alerta acerca de crisis de la democracia en
la región ayudaría a generar acciones antes de que las cosas
llegaran a estar fuera de control, como ocurre hoy en Bolivia.
Caputo y el equipo de la ONU convencieron entonces al Presidente chileno
Ricardo Lagos a que tomara la iniciativa y la promoviera entre varios
de sus colegas. Lo hizo, pero el asunto no llegó muy lejos. De
hecho, el Informe del PNUD sobre Democracia en América Latina,
publicado en 2004, apenas lo menciona.
Estados Unidos y el nuevo secretario general de la OEA, el chileno José
Miguel Insulza, resucitaron el plan durante el encuentro de la OEA en
Florida, pero fue rechazado, debido a los razonables temores latinoamericanos
de que la idea estuviera dirigida contra Venezuela, combinados con los
anacrónicos recelos de los países de América Latina
de que se violara el sacrosanto principio de la no intervención.
A pesar de que el continente no pudo llegar a un acuerdo sobre el principio
subyacente a la propuesta, la idea de un sistema de alerta temprana merece
recibir atención. En la actualidad, es posible que sea poco lo
que la comunidad hemisférica pueda hacer con respecto a lo que
ocurre en Bolivia, y sin embargo la situación está preñada
de riesgos para todos.
Evo Morales, líder de la oposición y de los cultivadores
de hoja de coca, puede ser un líder democrático honesto,
aunque desorientado, pero ¿carecen sus seguidores de deseos autoritarios?
Puede que Hugo Chávez no esté financiando a Morales y a
los demás disidentes bolivianos, pero ¿de verdad Venezuela
y Cuba no tienen la tentación de inmiscuirse en el país
donde el Che Guevara murió intentando generar una guerra de guerrillas
hace casi 40 años?
La comunidad de negocios de la región boliviana de Santa Cruz puede
no hacer realidad su amenaza de separarse del país, pero ¿preferirán
compartir sus reservas de petróleo y gas con los pueblos indígenas
del altiplano, en lugar de hacerlo con los industriales brasileños
de São Paulo?
Antes de que los sucesos lleguen a estos extremos, podría ser una
buena idea el que la OEA (no EE.UU.) se involucrara. La región
sigue necesitando esa participación, con un compromiso oportuno,
con mensaje y basado en una plataforma democrática adecuada, que
se distinga de la tradicional intervención estadounidense de la
tradicional indiferencia latinoamericana.
Copyright: Project Syndicate.
Ex ministro de Relaciones Exteriores y en la actualidad candidato a la
presidencia de México.

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