Reformarán ley para controlar más a reos

Cambios. Sancionarán ingreso de sustancias y objetos prohibidos en los penales. Internos empleados deberán dar dinero a sus hogares

Publicada 10 de junio 2005 , El Diario de Hoy

Control. Una visitante lleva alimentos mientras los custodios revisan los paquetes que ingresan al penal de Mariona. Foto EDH/Leonardo Gonzáles

Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

El Gobierno prepara un paquete de reformas a la Ley Penitenciaria que incluye sanciones a visitantes pillados con substancias u objetos prohibidos, obligación a los internos para aportar dinero a sus familias, superar las trabas burocráticas en las disposiciones y delimitar las competencias para la Dirección de Centros Penales y los jueces de vigilancia de estos recintos.

Sin embargo, las enmiendas a la normativa vigente desde 1998 son criticadas por la oposición política y juzgadores.

Empeñado en recuperar para las autoridades el control de los reclusorios, el director de Centros Penales, Ástor Escalante, asegura que un aspecto prioritario es contrarrestar los abusos durante las visitas a los internos.

Por el momento, sólo los visitantes sorprendidos con droga pueden ser remitidos a la Fiscalía General de la República, no así los que introducen alcohol o ingredientes para aguardiente casera o artículos y aparatos que facilitan la elaboración de armas artesanales.

Como sanción, el Ejecutivo plantea que se faculte a las direcciones carcelarias impedir hasta por un plazo no superior a un año el ingreso de los abusadores.

“Tenemos una serie de problemas. La visita familiar ha sido confundida con la visita íntima, y los visitantes han sido instrumentalizados por el crimen organizado para introducir drogas, armas y celulares en los penales”, asegura.

Labor. Muchos presos son productivos. Foto EDH/Leonardo Gonzáles

En cuanto a los reos que causen, promuevan, inciten, apoyen o lideren desórdenes, la propuesta intenta que se definan las enmiendas correspondientes.

“Ahora no hay mayores sanciones, y cuando se quieren castigar, la ley es muy blandengue. Se busca sentar precedente para que el interno comprenda que estas medidas son inaceptables”, dice el funcionario tras indicar que sus asesores jurídicos analizan los correctivos a recomendar.

Pero, Escalante también aspira que en la Ley Penitenciaria se establezca que cuando el Gobierno facilite las condiciones de trabajo a un reo, éste debe destinar porcentajes específicos a sus hogares y para adquirir la materia prima para su actividad.

“El tema podría generar polémica, pero es importante empezar a responsabilizar a los internos. No pienso que choque con ningún principio. Lo que queremos es sentar las bases de un nuevo sistema penitenciario. En lugar que compren drogas, mejor que lo entreguen a su familia”, argumenta.

Al advertir que el manejo de dinero en efectivo al interior de los presidios es contraproducente, Escalante considera que una opción viable es el manejo de tarjetas de débito.

“Esta gestión pretende potenciar las oportunidades de trabajo para los internos, pero también buscaremos la forma legal para distribuir los ingresos que tenga”, dice antes de indicar que el plan de reformas estará listo en los próximos días para presentarlo a la Asamblea Legislativa.

La estrategia de cambios diseñada por el Gobierno también incluye que en la Ley Penitenciaria queden establecidas la funciones del Ejecutivo y las de los jueces de vigilancia u otros entes involucrados.

Sobre la disposición actual que define que el director de Centros Penales debe ratificar los estados de emergencia y reubicaciones de urgencia para reos problemáticos en un plazo no mayor a las tres horas, la iniciativa plantea que se amplíe a ocho.

El Ejecutivo también se queja porque algunas disposiciones de jueces de vigilancia penitenciaria invaden las esferas administrativas.

En tal sentido, demanda que en la normativa quede establecido que el traslado de reclusos es de su competencia.
Además, recomienda que no exista abuso del recurso de las quejas judiciales a que tienen derecho los internos.

Escalante afirma que en la actualidad, éstos desgastan al Órgano Judicial y Fiscalía que realizan audiencias orales, por reclamos hasta por la comida recibida.

“Buscamos que se reforme para que las quejas judiciales procedan para los internos que hayan sufrido menoscabo directo en sus derechos fundamentales o fueren sometidos a sanciones prohibidas por la ley”, expresa Escalante.

El paquete de cambios también incluye que los jueces, sin afectar su independencia, consulten a Centros Penales la realidad de cada presidio, antes de resolver sobre disposiciones que se constituyan en un mero traslado de la problemática.

Revisarán ley
- A siete años de vigencia de la normativa penitenciaria, la Comisión legislativa de Justicia y Derechos Humanos analizará la próxima semana si hay necesidad de realizarle cambios.
- En el foro, participarán entidades involucradas con el sistema carcelario, como la Dirección de Centros Penales y la Corte Suprema de Justicia.
- Además, los consejos criminológicos y organismos como Fespad y Confraternidad Carcelaria.

“He ignorado sugerencias hipócritas”

Siete meses. Ástor Escalante, de Centros Penales. Perfil: Es el director General de Centros Penales desde el 1 de diciembre de 2004. Antes, fue el abogado de la ANEP y actuó como querellante en los más sonados casos de secuestro

Su ascenso como titular de Centros Penales ocurrió tras una serie de disturbios ocurridos el año anterior

Aunque reconoce que el sistema carcelario no ha dejado de ser una bomba de tiempo, el director de Centros Penales, Ástor Escalante, asegura que en siete meses de gestión son evidentes algunos cambios en el sistema penitenciario y dice que ignora las críticas de sus detractores.

¿Usted se considera un hombre de mano dura?
Soy un hombre con sentido humano. Soy muy firme en mis decisiones cuando considero que me acompañan el raciocinio, la Constitución, el ordenamiento jurídico y mis convicciones propias.

¿Negociaría con líderes pandilleros como el Viejo Lin?
Pienso que no puedo negociar con ningún interno del país, mucho menos llegar a firmar un documento. No puedo hacer pacto con los reos del país.

Ellos tienen que hacer un pacto con la comunidad y las familias que han destruido como por los diez empleados penitenciarios que me han matado durante mi gestión.

¿La cárceles siguen siendo una bomba de tiempo?
Estamos trabajando para poner orden en el sistema carcelario. Estamos innovando tratando de tenerlos ocupados. Un 26 por ciento de los internos participa en talleres vocacionales, y un 40 por ciento en actividades escolares.

¿Ha retomado las sugerencias de sus detractores?
Las que son hipócritas las he ignorado. No estoy de acuerdo con el trabajo que realiza la señora procuradora de Derechos Humanos (Beatrice de Carrillo). Lo digo con toda firmeza.
Nota: El Diario de Hoy quiso conocer ayer la versión de la Procuradora, pero su portavoz dijo que ella estaba en reunión.