Testigos serán protegidos por ley

Medidas. Se procesará a quien revele la identidad de los declarantes. La protección incluirá a sus familias. Incluso se facilitará que salgan del país y cambien su identificación.

Publicada 7 de junio 2005 , El Diario de Hoy

Vigilancia. El nuevo marco legal atribuye a la corporación policial la calidad de cuerpo auxiliar para la Dirección de Protección a Testigos. Foto EDH

Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Los testigos de crímenes tendrán facilidades para cambiarse de identidad, trabajo y domicilio, y no serán careados con los acusados ni vistos por el público en los juicios si la Asamblea Legislativa aprueba la Ley de Protección de Víctimas y Testigos que el Gobierno le presentará este mes.

Según el proyecto, que el Ministerio de Gobernación reveló a El Diario de Hoy, el resguardo no será exclusivo para las víctimas, testigos y otras personas que intervienen en la investigación de un delito o en procesos judiciales, sino que se extenderá a familiares y otras que se encuentren vinculadas con aquéllos.

La aplicación de estas disposiciones será responsabilidad de la Dirección General para la Protección de Víctimas y Testigos, misma que será creada y estará adscrita a Gobernación.

La iniciativa surge ante los recientes asesinatos de declarantes y por el sentimiento de desprotección jurídica argumentado por la población, como factor para no colaborar con la justicia.

“Es una manera para desmotivar al delincuente. Buscamos que el aporte del testigo sea valioso a la hora de incriminar y castigar al que ha cometido delito”, afirma el titular de Gobernación, René Figueroa, para justificar el cuerpo de ley que sustituiría el apartado dispuesto en el Código Penal.

Acciones

Custodia. Algunos declarantes podrían ser trasladados a albergues o lugares reservados. Foto EDH

Las medidas de protección han sido clasificadas en ordinarias, extraordinarias y de atención. Pretenden preservar la identidad y localización de los custodiados de manera temporal o definitivas, según el riesgo afrontado.

La aplicación de las disposiciones será dictaminada por un Equipo Técnico Evaluador que integrarán un ejecutivo de la Policía Nacional Civil (PNC), un abogado, un sicólogo y un trabajador social.

Entre las medidas ordinarias se establece que en las diligencias de investigación policial o de carácter judicial no consten los datos generales del protegido ni cualquier otro que pueda servir para su identificación. Para referirse a ello se utilizará un número o cualquier otra clave.

En las diligencias judiciales, se deberá imposibilitar la identificación visual de los ofendidos o quienes colaboren con la justicia.

Además, establece que el testimonio podría grabarse en medios audiovisuales que permitan ser reproducidos en la vista pública cuando fuere necesario o si la persona no pudiere comparecer.

Esta prueba servirá para garantizar el testimonio en caso de que el declarante ha sido asesinado o desaparecido. Actualmente, sólo es válido cuando se rinde en audiencia o en el juicio.

El anteproyecto también prohibiría fotografiar a los testigos y ordena perseguir penalmente a quien revele datos que faciliten la identificación del amparado.

Sobre las acciones extraordinarias, plantea la vigilancia policial mientras exista peligro, facilitación de residencia temporal en albergues o lugares reservados, cambio de residencia, lugar de trabajo o estudios.

Además, se facilitará la salida del país y residencia en el exterior cuando las medidas planteadas sean insuficientes. En estos casos, validaría la expedición de documentos con una nueva identidad.

Entre las disposiciones de atención está contemplada la asistencia médica, sicológica y jurídica, entrega de recursos necesarios para el alojamiento, alimentación y manutención en general, y la reinserción laboral.

Gobernación dijo que está afinando el documento para presentarlo.

Al menos 31 testigos han sido asesinados en los últimos dos años en El Salvador, según la policía.

Disposiciones

La iniciativa pretende asegurar los derechos a la vida de los testigos o de las víctimas, su integridad física y moral, la libertad, propiedad y seguridad:

Número clave
En diligencias de investigación policial, fiscal o judicial, no constarán los datos generales de la persona protegida. Se utilizará un número o clave para referirse a ella. Su domicilio será la Dirección General de Protección a Víctimas y Testigos.

En juicio
Se utilizarán medios necesarios para impedir el reconocimiento visual del declarante durante una diligencia judicial. Aunque su testimonio antes del juicio podría grabarse por cualquier medio audiovisual fácil de reproducir durante la vista pública.

Extremos
Facilitarán la salida del país y residencia en el extranjero cuando sea insuficiente la vigilancia policial, cambio de residencia o lugar de trabajo o estudios. En este caso, se podrá considerar la expedición de documentos para una nueva identidad.

Atención
Brindar asistencia médica, sicológica y jurídica de urgencia. El tratamiento será brindado por la red hospitalaria pública o privada, conservándose rigurosamente las medidas de seguridad y confidencialidad que se consideren pertinentes.

Piden 50 años de cárcel por matar policías

Soyapango. Asaltantes asesinaron a un subinspector. Foto EDH

El Gobierno demandó ayer de la Fiscalía General y de los jueces, aplicar la pena máxima establecida en el Código Penal para los responsables de asesinar a cuatro policías, en tres hechos separados.

El ministro de Gobernación, René Figueroa, reclamó de las autoridades judiciales que castiguen hasta con 50 años de prisión a los homicidas de los agentes de autoridad, como lo establece el Artículo 129 del Código Penal.

La principal exigencia del Ejecutivo es por los casos de un subinspector asesinado el fin de semana anterior en Soyapango al intentar detener a un grupo de asaltantes, a pesar de estar de vacación, y la de un agente de la División Elite contra el Crimen Organizado (Deco) en Lourdes, Colón, acribillado por un marero.

Los tres policías restantes, murieron el viernes anterior en el puesto de San Jacinto, San Salvador, cuando intentaban evitar que un agente ebrio trabajara en esa condición.

“Con todo respeto, pedimos a la Fiscalía y señores jueces, que nos ayuden a aplicar la pena máxima a estos delincuentes que han llevado luto y dolor a los hogares de estos servidores públicos ejemplares”, dijo Figueroa.

Una reforma tipifica como homicidio agravado el cometido contra un agente de autoridad “sea que se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas. En estos casos, la pena será de 30 a 50 años de prisión”, dice la modificación.

Sin embargo, Figueroa dice que “si es necesario, estamos en la obligación de dotar a los agentes de la PNC de un marco legal aún más robusto y mandarle un mensaje al delincuente: que al policía se le respeta”.

Desafío primario

Con la Ley, las autoridades pretenden acabar con el temor y con los atentados contra quienes colaboren con la justicia. Éstos son algunos de los casos de asesinados.

9 diciembre 2004 San Vicente Omar Isaías López, de 20 años, era el principal declarante por el asesinato del niño Mycol Ticas.	7 enero 2005 Zacatecoluca Miriam Janet Renderos, de 14 años, fue violada por su padre biológico durante siete años, por lo que atestiguaría en juicio.
4 febrero 2004 San Marcos. Omar Fernando Martínez era el testigo clave para esclarecer el asesinato de una menor de edad. Se dedicaba a vender pan.	17 febrero 2004 Apopa Selim René Cruz fue asesinado a pocos días de incriminar por asesinato a un grupo de pandilleros de la zona.